
Este martes al mediodía se conoció la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en relación al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 241/2021 que establecía, entre otras medidas, la suspensión de las clases presenciales en las regiones con alto riesgo epidemiológico, para atenuar el impacto de la segunda ola de Covid-19.
El máximo tribunal dio lugar al pedido de declaración de inconstitucionalidad impulsado por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta el pasado 16 de abril, estableciendo que el artículo N°2 del decreto “violó la autonomía” del distrito, así como la del resto de las jurisdicciones.
En este sentido, por decisión unánime y con diferentes argumentos, la Corte Suprema consideró que “corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -al igual que a las provincias- la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes”.
El fallo tuvo lugar este mañana a través de una reunión virtual de los camaristas, luego de que las últimas semanas se desarrollaran amplios debates -con fallos contrapuestos de la justicia porteña y la federal- respecto a qué debían hacer las autoridades porteñas con el dictado de clases hasta que se conociera la decisión de la CSJN.
Según expresaron, “las alegaciones sobre la cantidad de personas que utilizaron el transporte público de manera coincidente con el inicio de las clases presenciales, la circulación masiva de personas” en el en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son insuficientes para tomar una determinación de estas características.
Lo mismo alegaron con “el aumento de la proporción de casos de COVID-19 en personas de 13 a 18 años y de 20 a 29 años, sin mayores explicaciones sobre la particular incidencia relativa de la educación presencial en la propagación del COVID-19”.
Según evaluaron los magistrados, la realidad epidemiológica de la segunda ola de Covid-19 (en ese momento en pleno ascenso) “no alcanza para justificar el ejercicio de una competencia sanitaria federal que incide de manera tan drástica en la modalidad de la enseñanza, en lo que aquí interesa, porteña”.
Tras el fallo del máximo tribunal de la Nación, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cargó contra el Poder Judicial, recordando otras decisiones judiciales que afectaron el funcionamiento del Legislativo o decisiones del Ejecutivo en el pasado reciente.
“El 30 de abril, el Senado de la Nación fue notificado de una insólita e inédita resolución por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de CABA”, inició el comunicado de la ex presidenta.
Allí, se refirió a una decisión que daba lugar a una acción de Hábeas Corpus contra el Congreso de la Nación. “¡Intimándolo para que en 15 días sancione leyes! Ignorando no sólo la división de poderes, sino peor aún: ignorando lo que es un Habeas Corpus”.
A continuación, también mencionó un fallo de ese mismo día de la Cámara en lo Contencioso Administrativa Federal, “a pedido de Clarín”. Allí se suspendía la vigencia del DNU que declaró servicio público a la telefonía celular, internet y la televisión por cable.
Créase o no, en esa resolución se hacía lugar a una acción de… ¡Habeas Corpus contra el Congreso de la Nación, intimándolo para que en 15 días sancione leyes! Ignorando no sólo la división de poderes, sino peor aún: ignorando lo que es un Habeas Corpus.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 4, 2021
“O sea… Te van a poder aumentar el cable, internet y el celular, cuanto, como y cuando se les dé la gana”, resumió la titular del Senado, y añadió: “Como verás, el Poder Judicial es también tu problema”.
Luego de realizar un breve repaso de algunos acontecimientos recientes, se refirió a lo resuelto por la CSJN esta mañana.
“La Corte acaba de decidir, en plena pandemia decretada por la OMS, emergencia sanitaria sancionada por el Congreso de la Nación y con más de 65.000 muertos en la Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias”, cuestionó Fernández de Kirchner.
A continuación, ironizó: “Para poder gobernar ¿No será mejor presentarse a concursar por un cargo de Juez al Consejo de la Magistratura o que un Presidente te proponga para Ministro de la Corte?”.
Hacia el final de su reflexión, dejó un duro análisis, sosteniendo que “está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular, ya no son como antaño”.
Otro funcionario que se involucró en la discusión fue el flamante ministro de Justicia, Martín Soria, que consideró que el fallo “es una decisión política que lleva al límite el funcionamiento institucional”, aunque aclaró que “las consecuencias no son políticas: se miden en vidas”.
Avalar que cada provincia o ciudad pueda hacer lo que quiera para enfrentar la pandemia, es aceptar la derrota contra el virus. La autonomía de la CABA, como la de las provincias, no es absoluta.
— Martin Soria (@MartinSoria_) May 4, 2021
En esa línea, afirmó que avalar que cada jurisdicción pueda “hacer lo que quiera” para contrarrestar la pandemia “es aceptar la derrota contra el virus”, y aseveró que “la autonomía de la CABA, como la de las provincias, no es absoluta”.
A su vez, apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, a quien acusó de “judicializar la pandemia con una clara intención electoral”, recordando que durante el 2020, con una situación epidemiológica menos apremiante, acompañó todas las medidas del Gobierno.
“¿Por qué cambió ahora? Lamentablemente, la CSJN se prestó a este juego. Con un argumento falaz, afirma que ‘no habla de políticas sanitarias’, pero en los hechos es eso lo que está haciendo. ¿Se va a hacer cargo de las consecuencias que genere esta decisión irresponsable?”, cuestionó Soria.
Hacia el final, concluyó: “Ninguna política aislada va a poder frenar la pandemia. Lejos de posturas caprichosas buscaremos, como siempre, las vías necesarias para cuidar la vida de todas y todos”.