Por: Miguel Di Spalatro

Asegurar que los magistrados apliquen perspectiva de género en sus sentencias es uno de los principales objetivos que persigue la primera Asociación de Abogadas Feministas del País. Las mujeres del derecho tomaron la iniciativa de unirse bajo el espíritu feminista, al igual que lo hicieron en mayo de 2019 sus colegas de Chile, país en el que nació ABOFEM. Los primeros encuentros fueron en CABA, pero rápidamente la organización se fue ramificando hacia las provincias, entre ellas, Buenos Aires.

A la par de brindar asesoría y patrocinio legal a las mujeres y LGBTTTIQ+ que lo necesiten, también manifiestan su postura ante casos en los que la justicia patriarcal hace valer su poder. Así fue el caso de María Ramona Ovando en Misiones o el de Aldana Muñoz, en Rosario.

En nuestro país, la capacitación en perspectiva de género es obligatoria y es un requisito excluyente para toda persona que desee inscribirse a un concurso para cubrir el cargo de juez. Pero esto solo no alcanza. Es necesaria una desconstrucción que involucra, también, a la política y a quienes la ejercen.

En una reunión con Elizabeth Gómez Alcorta, la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, las abogadas de ABOFEM acercaron propuestas para articular acciones tendientes a erradicar la violencia de género y lograr una real equidad en nuestro país. En la oportunidad se planteó la necesidad de llevar adelante una reforma judicial feminista y se debatió sobre la creciente violencia que padecen mujeres, LGBTTTIQ+, niñxs y adolescentes y la necesidad de conformar un patrocinio jurídico gratuito especializado en género.

En diálogo con PolíticaYMedios, la Dra. Melisa García, presidenta de ABOFEM, se refirió precisamente a la situación que se vive en los departamentos judiciales bonaerenses y al mal funcionamiento de la Comisaría de la Mujer: “En el sistema judicial de la provincia de Buenos Aires la realidad es terrible. Nos encontramos con mujeres que fueron a realizar una denuncia en la Comisaría de la Mujer y le han dicho que vuelva otro día porque no había nadie”.

Sobre la forma en que son atendidas en estas dependencias policiales, agregó: “Recibimos a mujeres que nos vienen a pedir auxilio para que se les tomen las denuncias. La misma incertidumbre se vive al esperar las medidas cautelares, un botón antipánico, o una exclusión de hogar. En sede judicial está la excusa de falta de recursos para no tomar la denuncia”. 

“Dentro del poder político predominan las formas sistémicas patriarcales en quienes ejercen cargos ejecutivos”, sostuvo la presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas. “Generalmente no se involucran, frente a estas especificidades se hace mucha mención a la autonomía y a la división de poderes”, agregó.

Un dato que reafirma la realidad es que en Argentina se registra un femicidio cada 23 horas. Pero ante esto, los referentes políticos locales despiertan cuando hay movilizaciones de mujeres y los hechos trascienden a través de los medios de comunicación, aunque no siempre obran en consecuencia.

En el femicidio de Úrsula Bahillo, el intendente de Rojas, Claudio Rossi, denunció penalmente al Juez de Paz de esa localidad por considerar que desestimó las denuncias. En Azul, el jefe comunal, Hernán Bertellys, tras el femicidio de Elba Eliana Mendilaharzu, se limitó “al gesto político” de colocar una gigantografía con el rostro de la víctima en la municipalidad. Franco Flexas, intendente del partido de General Viamonte, cuya cabecera es Los Toldos, estaba al tanto de las denuncias por violencia de género de Samuel Llanos, el femicida de Analía Maldonado. El propio jefe comunal lo había dado de baja de la Dirección de Tránsito municipal en el 2017 por “incidentes violentos con su padre y con un hijo”, pero no radicó la denuncia penal. En Mar del Plata las movilizaciones por el femicidio de Claudia Repetto, obligaron al intendente Guillermo Montenegro a construir la “Casa de Medio Camino”, para acompañar y brindar abrigo y atención integral a mujeres víctimas de violencia que necesiten un período prolongado de residencia institucional con sus hijos para lograr niveles de mayor autonomía y fortalecimiento personal. En Bahía Blanca, el pensamiento del intendente Héctor Gay se desnudó en el 2017 cuando priorizó pagarle el hotel al cantante guatemalteco Ricardo Arjona –que se caracteriza por sus canciones machistas–  y dejó sin escenario, sonido ni baños químicos al emblemático encuentro de artistas contra la violencia machista.

Para el colectivo LGBTTTIQ+, las cosas son aún más difíciles. “El nivel de denuncias es más bajo, debido a que la misma justicia repele ese tipo de denuncias y salvo cuestiones penales específicas no reciben una buena atención”, explicó García. Es por eso que desde ABOFEM brindan asesoría y patrocinio legal en todas las áreas del derecho, organizan capacitaciones sobre distintas temáticas de género y promueven políticas públicas en busca de garantizar los derechos de las mujeres y disidencias.

Además, desde la asunción de Alberto Fernández el estado ha manifestado con más fuerza la idea de crear planes y políticas públicas para la erradicación de todo tipo de violencias acordes a los compromisos internacionales tomados por el Estado. “Es fundamental entender que el poder judicial es parte del Estado argentino. Como uno de los poderes fundamentales obviamente tiene que acatar estas normas”, completó García.

La semana pasada ABOFEM presentó una propuesta de modificación al reglamento de selección de magistrades ante el Consejo de la Magistratura. En el mismo se pide que se exija la capacitación en perspectiva de género como requisito excluyente, con antelación mayor a dos años, para la selección de jueces.

Los fundamentos son contundentes. “Que les magistrades apliquen perspectiva de género en sus sentencias nos marcaría en muchos casos la diferencia entre la vida y la muerte”, señalan las abogadas.

García detalló lo solicitado: “Que tengan cargada esa información en su currículum y que sea exigible para poder concursar o quedar por fuera de ese concurso. Lo que hace OFEM Argentina es plantear que, si bien el reglamento plantea la obligatoriedad de la formación en género a partir del 2022, en el artículo cuarto de la Cláusula transitoria a esa misma reglamentación dice que mínimamente deberán acreditar el haber comenzado una capacitación en genero al momento de inscribirse en los concursos”.

La modificación propone que esa cláusula se elimine y se vuelva la formación en género obligatoria y vigente desde este momento, es decir, 2021 y aplicable a las próximas inscripciones para concursos para aspirantes de magistrados y magistradas. De esta manera, se presentarían a los concursos quienes realmente tengan formación en genero acreditable y que cumplan con los requisitos del plazo.

La formación en género da cumplimiento además a las normativas nacionales e internacionales que forman parte de un reglamento jurídico del que no puede escapar los Jueces.

Desde distintos frentes, los colectivos feministas están transformando un mundo que, siendo manejado por los hombres, inclinó la balanza en desmedro de las mujeres, la diversidad sexual, los pobres y las minorías.  Atravesar la justicia con perspectiva de género significa también transformar una institución del estado donde la igualdad de derechos no siempre está garantizada.