El debate por la regulación de la producción y comercialización del cannabis para uso medicinal se instaló y acapara la actividad legislativa bonaerense en las últimas semanas. De hecho, tras el despacho dado en Diputados, en donde el oficialismo posee mayoría, se supo que, de no mediar inconvenientes, este jueves podría tratarse el proyecto oficial que envió el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en la Cámara baja. Al menos, se confirmó que será parte de la orden del día de la sesión ordinaria.

Ahora bien, la inconveniencia surgió en torno a la concepción sobre el organismo que deberá poner en vigencia la ley y, sobre todo, en su composición. Mientras que el Gobierno bonaerense del Frente de Todos, al igual que su bancada, propone crear la Agencia Provincial del Cannabis (APC), a cargo del Ministerio de Gobierno, la oposición propulsa el Instituto Provincial del Cannabis de la Provincia de Buenos Aires (IPC), dependiente de la Jefatura de Gabinete.

En sí, más allá de que todos los bloques se mostraron de acuerdo en avanzar con la Ley en Diputados, desde Juntos por el Cambio votaron un despacho en minoría, proponiendo modificaciones al proyecto oficial. Esta situación podría trabar su tratamiento en la Cámara de Senadores bonaerense, en donde JxC aún posee mayoría con tal de ejercer presión sobre los cambios requeridos al esbozo mencionado.

La problemática troncal gira en torno a que el bosquejo del Poder Ejecutivo bonaerense contempla la adhesión a la Ley Nacional 27.350 (la reglamentada por segunda vez por Alberto Fernández en septiembre del año pasado).

Esta misma condensa que el cultivo personal será regulada la actividad productiva y comercial que se desarrolle en hogares y sedes de agrupaciones cannábicas, la investigación científica, la producción pública y privada, la importación y exportación, la creación de un banco de semillas y de genéticas de la planta y, por supuesto, la distribución gratuita en hospitales y centros de salud.

Incluso, otra de las tensiones similares tiene que ver con una propuesta de JxC que consiste en que cada municipio bonaerense autorice por ordenanza (es decir, a través de sus Concejos Deliberantes) la producción local. Pero desde el Ejecutivo provincial y, consecuentemente desde su arco legislativo, indicaron que esto no tendría sentido ya que para eso se piensa un proyecto que se transforme en Ley y que, luego, cada comuna adecúe a su sistema reglado.