Por: Emiliano Russo - Desde CASA ROSADA

Finalmente el gobierno laudó por una solución salomónica en el conflicto suscitado entre la Ciudad y la Provincia por los alcances de las restricciones para hacer frente a la segunda ola de coronavirus, un equilibrio necesario también para no afectar la ansiada recuperación de la economía y no resentir el hastiado humor social que, con vaivenes, viene surfeando la pandemia desde hace un año. Más que el comportamiento social frente al fenómeno, en el oficialismo admiten que la estrategia sanitaria dependerá de si podrán o no acelerar el proceso de vacunación en las próximas semanas.

En medio de una escasez de vacunas a nivel mundial, el Ejecutivo sigue haciendo gestiones para conseguir otros proveedores de las drogas, como la norteamericana Moderna o la creación de los laboratorios cubanos. El objetivo prioritario del gobierno es proteger, antes de la llegada del invierno, a los casi 14 millones de personas incluidas en los grupos de riesgo pero, en paralelo, tiene que hacer frente a demandas sectoriales: desde gremios considerados “esenciales” o el personal de la justicia electoral comandado por la vehemente magistrada María Romilda Servini de Cubría, que incluso amenazó con no auditar la organización de los próximos comicios.

En Salud, donde Carla Vizzotti sigue rechazando desconocer la existencia del vacunatorio VIP –el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó entrecruzar las llamadas del entonces subsecretario Alejandro Costa, que era segundo la funcionaria cuando estalló el escándalo que eyectó a Ginés González García-, sostienen que no van a establecer otros grupos prioritarios y que serán las provincias las que coordinen el procesos. Traducido, deslinda responsabilidades en las jurisdicciones.

“La mortalidad aparece mayormente desde los 67 años, a ese sector queremos proteger ahora”, dijo el miércoles en Casa Rosada un alto funcionario apenas minutos después que se difundieran el contenido del DNU que renovó el distanciamiento social (DISPO) hasta el 30 de abril.

Al récord diario de casos que se registra esta semana, en realidad al aumento exponencial por la segunda ola, se le suma el conteo de contagios de días previos, que preocupa a las autoridades bonaerenses que piden “medidas más duras” para contener la emergencia. En La Plata querían un cierre total durante 15 días. Ahora presionan para que la Casa Rosada adopte limitaciones a la circulación más duras antes del vencimiento del nuevo esquema sanitario.

Pero hay cambios paradigmáticos respecto al discurso oficial de 2020: hoy se defiende “hasta el mayor tiempo que permita la emergencia” las clases presenciales. Este viernes el presidente Alberto Fernández volvió a defender las “clases seguras”, con protocolo. Es que, como se observó también a comienzos de semana con el incendiario comunicado de Juntos por el Cambio, todo discurso del oficialismo o de la oposición está teñido por la especulación electoral.

En el gobierno la mayor apuesta es revertir la cuesta del proceso de vacunación. Un funcionario con despacho en Balcarce 50 se entusiasmaba que, para julio próximo, haya unas 20 millones de personas “con protección” ante el COVID, ya sea por haber recibido la inmunización o por tener anticuerpos por haber transitado la enfermedad. Esta última variable esta en discusión por la comunidad científica, ya que no está claro cuál es el plazo de la protección natural para quienes se hayan contagiado.

Con la reunión de Wado de Pedro con los jefes de bloque de Juntos por el Cambio del último jueves, se dio el primer paso para postergar las elecciones legislativas. Para la fuente gubernamental consultada “no quedan dudas que habrá PASO y elección general”, sepultando así el globo de ensayo que había esbozado el massimo la semana pasada para unificar en una fecha ambos comicios, lo que para la oposición era implementar una “ley de lemas” de hecho.

En el gobierno se ilusionan con la recuperación de la economía. El INDEC informó nuevos datos de la actividad industrial y la construcción en marzo pasado y remarcan que hace 8 meses que el empleo industrial formal crece todos los meses y ya se ubica en 10 mil puestos por encima de fines de 2019. En paralelo, Economía avanza con el descongelamiento de las cuotas de las prepagas y puja con los entes reguladores –en manos de funcionarios alineados a la vicepresidenta Cristina Kirchner- para definir cuánto ascenderá el aumento de las tarifas de gas y electricidad. Es el dilema que afronta el oficialismo; un ordenamiento necesario para ordenar la macro pero que echa nafta al fuego de una inflación que no da tregua. En marzo volvería a rondar el 4%.

El jueves se vio una multitudinaria movilización de organizaciones sociales que obligó a cortes en los accesos a la Casa Rosada que, por la magnitud, no se veía desde el final del macrismo. En el gobierno cuentan con el apoyo de la mayor parte de estas agrupaciones –muchas tienen funcionarios dentro del Ejecutivo- y estas reacciones vienen generando fricciones internas. “La culpa es del ministro (Daniel) Arroyo porque no negocia más duro. Si se movilizan en pico de la segunda ola, que les saque los planes”, se indignó un funcionario consultado. Son tensiones que afloran en momentos de emergencia y que deberían "ordenarse" cuando la campaña electoral sea una realidad.