La denuncia contra Jorge Grecco, un nuevo capítulo de la turbia relación del macrismo con los medios - Política y Medios
12/04/2021 - Edición Nº4819

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

La denuncia contra Jorge Grecco, un nuevo capítulo de la turbia relación del macrismo con los medios

La acusación por el aumento exponencial del patrimonio del ex funcionario del ministerio de Comunicaciones se suma a una trayectoria de persecución y extorsión a empresarios mediáticos.

Semanas atrás, el diputado nacional por el Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, denunció al ex secretario de Comunicación Pública del Gobierno de Cambiemos, Jorge Grecco, por enriquecimiento ilícito.

No se trata del primer funcionario de la administración precedente denunciado por el legislador por estos motivos, y de hecho se pueden recordar rápidamente nombres resonantes como el actual diputado Fernando Iglesias y el entonces secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis.

Sin embargo, en esta ocasión, la acusación se emplaza en el ámbito de la gestión de la Comunicación del Gobierno de Mauricio Macri, que ya cuenta con un importante prontuario de graves acusaciones en el rubro.

En rigor, la denuncia tiene como base el exponencial incremento de un 7.000% en el patrimonio del ex funcionario -que tenía a su cargo el reparto de la pauta publicitaria en medios- en esos cuatro años.

Según expone la presentación, Grecco asumió funciones “en diciembre de 2015 declarando ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio neto de $2.024.995, y se retiró en diciembre de 2019 declarando un patrimonio neto de $145.724.966,53”.

Tahilhade le recordó a Mauricio Macri algunas de las denuncias realizadas contra él y sus funcionarios por irregularidades en la gestión pública.

Además, Tailhade solicitó que se investigue a quienes “aparezcan como coautores, cómplices, instigadores o encubridores”. En particular, apuntó a identificar el “grado de conocimiento” de los hechos que tenían el ex mandatario y el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, “en atención a que la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación estaba bajo su dependencia directa”.

En detalle, la denuncia señala que a finales de 2015, el ex funcionario declaró una caja de ahorro en dólares con el equivalente a aproximadamente $1.600, y otra en pesos con $28.300.

Sin embargo, al concluir el Gobierno de Cambiemos, la declaración jurada presentaba una caja de ahorro en dólares con casi $3.000.000 (unos US$47.000 en aquel momento), y dos cajas de ahorro en pesos por $317.000. A esto se le suman depósitos en el exterior por alrededor de $446.000, efectivo en pesos por $72.000 y efectivo en dólares por $36.000.000 (alrededor de US$568.000 de ese momento).

Tailhade también mencionó que en ese lapso Grecco incorporó el 50% de una casa en Carmelo, Uruguay, donde también adquirió dos lotes en el departamento de Colonia. Por su parte, en Buenos Aires se hizo de un departamento de 219 metros cuadrados.

Es así que el diputado oficialista consideró en la presentación que el ex funcionario macrista “se enriqueció de forma descomunal”, observando: “De acuerdo al salario que poseía y la posición de poder que ejercía dentro de la administración pública se puede inferir que el mismo ha obtenido de forma indebida beneficios personales y/o para las personas de su entorno, abusando de la de posición en que se encontraba”.  

Dicha presentación recayó en el Juzgado Federal N°11, a cargo del juez Julián Ercolini.

Marcos Peña tomandole juramento a Joge Grecco.

[El macrismo y los medios, historia de amistades y persecuciones]

El estrecho vínculo del ex presidente Mauricio Macri -y de la propuesta política de la coalición Cambiemos-JXC- con un sector del poder mediático concentrado, no es novedad. De hecho, es inescindible el proceso mediático-social-político que derivó en la victoria electoral de 2015 del sistemático desgaste del conglomerado de medios del Grupo Clarín sobre los Gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.

Esto no implica pensar que el proyecto político peronista iniciado en el año 2003 perdió las elecciones por la hostilidad mediática, ni que sea el principal motivo necesariamente, pero sin dudas se trata de un fenómeno ineludible.

Para ilustrar esta afinidad del poder mediático con la coalición Cambiemos, liderada por el ex mandatario, alcanza con recordar la modificación de la ‘Ley de Medios’ -que interpelaba al Grupo Clarín a deshacerse de una parte de las licencias que detentaba para adecuarse al marco legal- semanas después de asumir la presidencia.

También asoma, en un rápido repaso, la cesión gratuita de la licencia para operar servicios de telefonía móvil 4G a Nextel, una de las tantas firmas a cargo del conglomerado.

Pero en el rubro, no todos corrieron la misma suerte durante la gestión de un Gobierno que, en teoría, venía a “poner fin a la guerra contra al periodismo”, en palabras de Marcos Peña.

Héctor Magnetto, dueño del Grupo Clarín.

Sin dudas el caso más paradigmático -y más radical- de hostilidad contra los medios, fue el de la persecución al Grupo Indalo y a sus principales accionistas, Cristóbal López y Fabián de Souza. Se trata, naturalmente, de una de las pocas firmas mediáticas con una línea editorial decididamente crítica a la administración de Macri.

El resto, osciló entre el amiguismo y una presunta neutralidad que encontraba críticas a cuentagotas en una gestión que, sin un cerco mediático hermético, era insostenible.

Ambos empresarios fueron detenidos y privados de su libertad en reiteradas ocasiones entre 2016 y 2019, tras la puesta en marcha de una auténtica maquinaria coordinada que incluyó grupos de tareas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), de operadores mediáticos y hasta un Comité de AFIP dedicado exclusivamente a socavar la solvencia del Grupo Indalo.

El aparato de espionaje ilegal excedió por completo esta operación puntual -llegando a investigar incluso a dirigentes de la coalición oficialista- y en su esclarecimiento avanzan diferentes causas. Además, en ese entramado se vieron involucrados periodistas, como Daniel Santoro, y operadores mediáticos que aún se encuentran procesados, como el ‘falso abogado’ Marcelo D’alessio.

Por su parte, en febrero del año pasado, el funcionario de la AFIP Jorge Schiaffini -jefe del departamento de investigaciones de grandes contribuyentes-, fue quien confesó la implementación del ‘comité de control’ dedicado exclusivamente a investigar todas las actividades fiscales de la empresa Oil Combustibles y el Grupo Indalo.

Espacio que, aseguró el testigo, fue inédito en la historia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Cristóbal López tras su liberación en 2019.

or una presunta evasión fiscal de $8.000 millones en la mencionada firma, los empresarios transitaron una prisión preventiva entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 dictada por el mismísimo Julián Ercolini -el mismo al que le recayó la denuncia de Jorge Grecco-.

Tras la liberación, instruida por los entonces camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, Macri reaccionó públicamente, y se puede deducir que los operadores judiciales de su Gobierno lo hicieron en privado, ya que el primero de los magistrados renunció ante un pedido de juicio político, y el segundo fue trasladado a otro tribunal.

A fines de abril, De Sousa y López volvieron a prisión, tras la resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación, que revocó la resolución ante mencionada, cambiando la carátula de la causa a “defraudación a la administración pública”.

El fallo fue firmado por mayoría y ante la disidencia de la jueza Ana María Figueroa. Quienes dieron lugar a esta decisión fueron Eduardo Riggi y el ahora reconocido Gustavo Hornos -aquel magistrado acusado de reunirse en la Casa Rosada con el entonces presidente en los días previos a diferentes resoluciones-.

En octubre de 2019, finalmente, serían liberados luego de que la jueza María Eugenia Capuchetti los sobreseyera en la investigación del grupo mediático, y que el Tribunal Oral Federal 3 ordenara la excarcelación por el caso Oil Combustibles.

[Un testimonio que marca un patrón de operaciones]

Recientemente, el empresario mediático Daniel Vila -dueño del Grupo América- reveló una insólita extorsión que, si bien nunca denunció, sí terminó en la justicia por actuación de oficio del fiscal Guillermo Marijuan.

Luego de que el ex mandatario se refiriera al empresario, en su flamante libro “Primer Tiempo”, como un “lobbista de los más complicados del rubro” que “considera que la ley debe aplicarse a todos los demás menos a sí mismo”, Vila volvió a relatar los aprietes recibidos por el entonces jefe de Estado en articulación con el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.

“¿Cuáles fueron las presiones? Fundamentalmente una, que era la devolución del espectro radioeléctrico al Gobierno, pese a una resolución judicial que teníamos, que amparaba lo que era nuestro derecho”, aseguró en diálogo con C5n el presidente del Grupo América.

En ese sentido, mencionó que el pedido consistía en dejar sin efecto esa medida cautelar, que frenaba la utilización del espectro.

El titular del Grupo América, Daniel Vila.

“Pidió que se la dejara por escrito, y yo lo hice a cambio de su palabra de que ese desistimiento de la cautelar no iba a ser presentado hasta que pudiera vender mi empresa. Porque en el diseño que había hecho el Gobierno de Macri mi empresa de telecomunicaciones no tenía posibilidad de crecimiento”, añadió Vila.

Pero en otro pasaje de la entrevista, el empresario evaluó: “Hay una cosa que excede la presión, que fue lo que hizo Macri conmigo: mandar al ministro de Comunicaciones (Oscar) Aguad a presentar una denuncia penal (en su contra) por defraudación al Estado”.

No obstante, el relato no terminó ahí, y culminó con una acción que, a su criterio, fue “peor”:  “Una vez que devolví el espectro -como me había pedido y presionado- me mandó un Whatsapp diciéndome 'bueno, ahora que entregaste el espectro voy a darle instrucciones al procurador general para que deje sin efectos la denuncia penal'. Eso no se puede hacer. Estas extorsionando claramente a la persona, ¿No?”.

Hacia el final, Vila deslizó que “obviamente le metía mano a la justicia, porque sino no puede decir 'voy a dar instrucciones al procurador'”.

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