TOCÓ MÁXIMOS
Una vez establecido el cronograma electoral 2021, con las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) a realizarse el 8 de agosto y las generales el 24 de octubre; es posible ensayar un recorrido sobre las principales variables que debe coordinar el Gobierno nacional para mantener vigente sus expectativas positivas sobre las elecciones legislativas del corriente año.
Para ello vamos a destacar las observaciones que elaboró Ernesto Mattos, economista (UBA) e integrante del Centro Cultural de la Cooperación (CCC); ante la consulta realizada por PolíticaYMedios sobre una realidad que articula las necesidades económicas, las pretensiones de una vacunación masiva contra el COVID-19 y la vorágine que genera afrontar un año electoral en tales condiciones.
En principio, el economista presenta algunos argumentos que hacen imposible separar los desafíos que tiene por delante el oficialismo, de la situación económica y social heredada del Gobierno de Juntos por el Cambio y, por supuesto, las implicancias que genera atravesar una pandemia en este contexto. Por ello, lo primero que debemos comprender es que la pandemia se impuso en nuestro país sobre un escenario socioeconómico que ya se encontraba completamente debilitado.
Desde este punto de vista, Mattos explica que “la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), había determinado que en 2019, Argentina contaba con más de nueve millones de personas con problemas de alimentación; y esto llevó al Gobierno nacional a elaborar sus primeras medidas de protección mediante la tarjeta alimentar y los programas de desarrollo social”. Luego, en el 2020 con el coronavirus en plena expansión, lo principal fue “sostener lo mejor posible el entramado social, económico y productivo”.
Ahora, durante el 2021, “el principal desafío que tiene por delante el oficialismo está atado a la recuperación del salario y la creación de puestos de trabajo por medio de la apertura de diversas empresas, que ya comienza a percibirse de manera incipiente en el sector industrial”.
[Puja distributiva y recuperación económica]
Sobre este punto, es interesante analizar la mirada de Mattos en cuanto a las tensiones que ya está generando para el Gobierno nacional, arbitrar una puja distributiva que va tomando impulso junto al paulatino funcionamiento de la actividad económica. Este fenómeno engloba, por un lado; las expectativas de los trabajadores que observan este año electoral como la posibilidad real de incrementar sus ingresos por encima de lo que marque la inflación; y por el otro lado, a los empleadores buscando amortiguar esta situación que han contemplado históricamente como un costo más en el proceso de producción.
El economista parte nuevamente del período pre pandemia para analizar este escenario, al asegurar que “primero hay que recordar que en 2019 cerraron más de 29 mil pequeñas y medianas empresas, que a razón de 4 trabajadores promedio por cada una de ellas, nos da un panorama sobre la cantidad de empleo que se perdió. Esta situación, lamentablemente, tiene sentido porque durante la administración de Juntos por el Cambio se apuntó mucho más a las grandes empresas y a las exportadoras, y se desestimó el apoyo a aquellas empresas vinculadas con el mercado interno”.
En consecuencia, “el objetivo del Gobierno actual debe ser no sólo motivar el aumento de sueldos, sino ampliar las posibilidades laborales con la emergencia de nuevas empresas”, asegura Ernesto Mattos.
Un dato relevante que aporta el economista, afirma que “de 582 mil empresas existentes, sólo el 1% exporta; pero de las grandes empresas, 400 son las que tienen posibilidad de comercializar sus productos al exterior; y poco más de 350 empresas son las que se dedican a importar. Esto explica que tenemos un universo muy pequeño, pero con una fuerte concentración en el poder económico”.
[El dilema de la inflación]
Desde que la actividad económica comenzó a mostrar nuevamente signos vitales en su funcionamiento, especialmente durante el último trimestre de 2020, paralelamente el nivel inflacionario también fue un indicador de la economía que se fue incrementado (11% en los tres meses finales) y consecuentemente generando nuevas alarmas dentro del equipo económico del Frente de Todos.
Por consiguiente, el comienzo del 2021 continuó en sintonía con aquel escenario, mediante un acumulado del 4% para enero y un leve descenso de la inflación en el mes de febrero que se acomodó en el 3,6%.
Ahora bien, este panorama de encender la economía y arrastrar la inflación, pone de manifiesto uno de los interrogantes más debatidos en nuestro país y que refiere a poder determinar, ¿cuál es el motivo principal del incremento inflacionario?.
En este punto, la visión de Ernesto Mattos, destaca que no hay una linealidad que nos lleve de forma directa a la causa del alza inflacionaria; pues para comprender el dilema de la inflación en nuestro país, es necesario reconocer la existencia de una “conjunción de factores que no sólo se relacionan con la emisión monetaria, sino también con los costos de producción”.
Allí, el economista sostiene que “hay que tener en cuenta que el principal problema está centrado en los alimentos, y puntualizar el análisis en este segmento nos lleva a comprender que en el año 2020 tuvimos 11 provincias con emergencia agropecuaria; donde el evento climático como una sequía, suelos sin humedales, una gran nevada o un fuerte granizo, afecta la producción que debería distribuirse en el consumo del comercio interno”.
Luego agrega que “este podría ser un factor clave, porque menores niveles de producción frente a una demanda que se mantiene constante, puede estar generando algunas tensiones sobre el control de precios”. En consecuencia, “el estudio de los costos de producción nos marca que los insumos están atados al tipo de cambio, lo cual llevaría al Gobierno a analizar toda la cadena, para buscar producto por producto, donde está la variabilidad más alta que determine el incremento del precio final”.
[Medidas políticas que apuntan a lo electoral]
El proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias que impulsa el oficialismo y que se encuentra en proceso de debate en el Congreso de la Nación, presenta como objetivo principal que casi 1.280.000 trabajadores/as y jubilados/as que actualmente están sujetos a este tributo, dejen de pagarlo luego de la aprobación de esta modificación impositiva.
El razonamiento que parte desde el Gobierno nacional, sostiene que se busca resolver un problema que comenzó a tomar sentido durante los últimos años, cuando se duplicó la cantidad de empleados/as que pagaban ganancias, al incrementarse del 12% al 25%.
En este sentido, la propuesta de variación actual, estima que sólo el 7% de los trabajadores/as registrados quedarán alcanzados por el impuesto, al estar contemplados únicamente los asalariados que cobren por encima de los 150 mil pesos brutos y los jubilados/as cuyos ingresos superen los 164.500 pesos mensuales.
Ahora bien, la pregunta que sobrevuela este planteo es: ¿cuál es el alcance real de esta medida, cuando la realidad argentina nos demuestra que hay un 40% de los trabajadores/as que se encuentran fuera de la legitimidad del sistema y dentro de una informalidad laboral que les impone más obligaciones que derechos?
El análisis que hace Mattos, sobre esta iniciativa del oficialismo, plantea que “subir la escala del impuesto a las ganancias te va a permitir lograr un impacto directo sobre la capacidad salarial y el poder de consumo de un sector de la población; teniendo en cuenta que a partir de los 70 mil pesos ya se comenzaba a tributar el impuesto a las ganancias”.
Ahora bien, “el error está en comparar esto con la canasta básica alimentaria que está proyectada para una familia, cuando el impuesto a las ganancias contempla también una porción individual de la población”. Igualmente, “la magnitud de esta medida va a depender sobre cómo se plasmen las paritarias durante este año, el impacto que esto tenga sobre la reactivación económica y su contribución en el crecimiento del PBI que está pautado entre el 6% y el 8% para el 2021”.
Por otro lado, Ernesto Mattos, planeta una relación necesaria entre el gasto público del Estado y la informalidad económica, al afirmar que “se busca transferir ingresos para los sectores que están incluidos en ese espacio y a partir de allí lograr incorporarlos dentro del marco laboral formal”; pensando en lo salarial pero además “contemplando capacitaciones de las personas en función a lo que establecen los sectores de alta tecnología”.
Es un trabajo a futuro, pero que debe comprenderse dentro de una ecuación que manifiesta que “formalizar la mayor cantidad de los trabajadores implicaría una mayor recaudación para la AFIP”.
En definitiva, desde el Frente de Todos se piensa en atar el contexto de las elecciones legislativas 2021 con la posibilidad de diseñar un esquema socioeconómico conceptualizado como “la W”; donde el oficialismo proyecta un fuerte apoyo en las urnas, si se consigue profundizar el proceso de vacunación y promover el efecto rebote que permita una continua recuperación económica.
