Un nuevo paso para la seguridad energética - Política y Medios
25/06/2021 - Edición Nº4893

ACTUALIDAD

Un nuevo paso para la seguridad energética

El gobierno nacional definió aumentar las tarifas eléctricas para comercios e industrias que estaban fuertemente subsidiados y dependen directamente de las distribuidoras. En concreto, la Secretaría de Energía dispondrá quitar el subsidio del que gozaban varios consumidores de más de 300 KW por día.

Por: Martín Bronstein - Investigador del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys)

 

Esta semana el gobierno nacional definió aumentar las tarifas eléctricas para comercios e industrias que estaban fuertemente subsidiados y dependen directamente de las distribuidoras. En concreto, la Secretaría de Energía dispondrá quitar el subsidio del que gozaban varios consumidores de más de 300 KW por día. Acertadamente el gobierno comprendió que, en un contexto donde la situación económica es realmente delicada, los usuarios residenciales no podían cargar con incrementos tarifarios pero alguna medida había que tomar, ya que la situación del sector es realmente delicada. Igualmente, cualquier paso que se dé en esta dirección debe ser bien estudiado ya que los comercios e industrias están en pleno proceso de reactivación luego del coronavirus.

Existe una tención esencial en la energía, sobre todo en lo que respecta a los servicios públicos como la energía eléctrica y el gas. Los precios deben ser lo suficientemente altos como para que las empresas tengan capacidad de realizar las inversiones para mantener la calidad del servicio, pero también los mismos deben ser los suficientemente bajos como para que toda la población pueda acceder al suministro.

Vale recordar que, hace tan solo unos años, el gobierno de Macri con Aranguren a la cabeza, definió aumentos en las tarifas impagables para la gran mayoría de la población. Para justificar los permanentes aumentos tarifarios el gobierno de Cambiemos aseguraba que había que pagar la energía por lo que vale. Confundiendo el costo con el valor de la misma y por sobre todas las cosas sin comprender la realidad que vivía nuestro país. El valor propio de la energía, en Argentina y en el resto del mundo, es incalculable ya que es un recurso tan fundamental para nuestra vida cotidiana, y son los propios estados los que deben velar por su acceso al común de la población. Es por eso que la energía es considerada un derecho social.

En base a este sustento que el acceso a la electricidad y al gas son considerados como un servicio público, con lo cual es el Estado el responsable del servicio y de establecer las tarifas de los mismos. En Argentina la energía, a partir de las reformas impulsadas por el menemismo en la década de los 90, es un servicio público de gestión privada y por eso la definición de las tarifas genera tensiones permanentes entre las empresas prestadoras de los servicios y los usuarios. Es en esta tensión donde el Estado debe establecer los criterios para una política energética que contemple distintos criterios. Uno de ellos, propio de la lógica individualista neoliberal, es definir que se pague por la energía lo que cuesta. Otro, más inclusivo, es reconocer el derecho a la energía y que el Estado establezca la manera de alcanzar este objetivo. Esto es lo que está comenzando a llevar a cabo el gobierno con este tipo de medidas como la anunciada esta semana.

Fuente: Secretaría de Energía

El incremento para los grandes usuarios comenzará a regir a partir del primero de marzo y pasarán de $3.042 a $5.748 el MWh para las horas pico y de $2.911 a $5.500 para el resto de las horas. Estimando una suba total del 89%. Según aseguran de la Secretaría de Energía, esta medida implica la quita de subsidios a un serie de empresas, alrededor de 2.900 grandes consumidores, que debido a esto tenían una ventaja comparativa mayor con respecto a otras de condiciones similares, y esa ventaja era costeada por el Estado Nacional. Además, durante el anuncio del mismo se destacó que las tarifas subsidiadas se mantendrán para las escuelas, hospitales y universidades públicas.

El incremento anunciado esta semana, sin descontar el impacto propio que pueda generar en comercios e industrias, es una señal de que la idea es comenzar a corregir un doble problema que ya lleva varios años.

En primer lugar, la idea es morigerar la compleja situación que viene atravesando el sector eléctrico hace ya tiempo. Debido al congelamiento tarifario, las empresas distribuidoras no le pagan a CAMMESA y ya acumulan miles de millones de pesos de deuda con la empresa encargada de administrar el mercado eléctrico mayorista, tornando la situación casi inviable. Para tener una idea de la magnitud, la deuda de las distribuidoras con Cammesa, de acuerdo con su último informe trimestral, asciende a la friolera suma de $142.000 millones. Las cifras mayores corresponden a las distribuidoras del área metropolitana de Buenos Aires, Edesur con $20.800 millones; y Edenor, con $18.000 millones.

Como las empresas de distribución no pueden afrontar sus deudas con CAMMESA es el propio Estado Nacional mediante los subsidios el que debe salir a responder. Durante todo 2020, el gobierno le giro a CAMMESA $ 323.000 millones, según datos de ASAP. Es por eso, que con la medida anunciada el Estado se ahorraría $35.000 millones, y tiene pensado buscar la manera de bajar el total de subsidios eléctricos en $ 70.000 millones.

Más allá de este ahorro necesario, el gobierno nacional parece comprender que en tiempos de crisis, debido a una situación heredada realmente crítica en materia económica y energética y luego al advenimiento de la pandemia, los subsidios a los hogares deben permanecer. Es en este punto donde existe otra importante diferencia con el gobierno anterior quien directamente negaba los subsidios por una cuestión de principios y ponía el énfasis sólo en los costos. Europa y EE.UU. han desarrollado sus políticas energéticas en base a subsidios y con una estrategia a largo plazo. No solo en el ámbito de la electricidad, sino también en materia de combustibles, promoviendo políticas para el desarrollo de los biocombustibles con el objetivo de disminuir su dependencia del petróleo importado. Una política energética no puede establecerse sólo a partir del impacto fiscal.

Lo crítico de la cuestión energética se observa a la hora de garantizar la seguridad energética y la accesibilidad de la energía a todos los habitantes. El gobierno deberá avanzar sosteniendo el equilibrio de esta tensión esencial entre ambas cuestiones si planea sentar las bases de una sólida política energética de largo plazo. Esta semana dio un nuevo paso en esa dirección.

 

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