ENTRETELONES DE CASA ROSADA
El escenario socioeconómico de nuestro país está atravesado por un cúmulo de variables que deben ser alineadas durante el segundo año de mandato del Frente de Todos. Los objetivos que propone el presupuesto 2021, dan lugar a una reactivación económica y crecimiento del PBI de 5,5%; una reducción del déficit fiscal pensado en el orden del 4,5% y una recomposición salarial que supere el nivel inflacionario anual, estipulado en el 29%.
Frente a este contexto, el Gobierno nacional busca asegurar algunos nudos por medio de reuniones y posteriores acuerdos, con los principales representantes sociales y económicos del país, que le permitan atar sus expectativas de corto y mediano plazo junto a la necesidad de estabilizar la macroeconomía.
En diálogo con Política y Medios, el economista y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA); Sergio Chouza, realiza un análisis sobre la coyuntura política y económica argentina que nos permite comprender un poco más el esquema de una realidad actual que contrapone intereses particulares y búsqueda de consensos.
- ¿Cuál es tu opinión sobre las reuniones que mantuvo el Gobierno con la Mesa de Enlace, dirigentes sindicales y el sector empresarial?.
- Todo concierto social es importante. La mesa del acuerdo económico-social le da un marco de institucionalidad, pensando en un horizonte orientado mucho más al mediano y largo plazo; que permita generar políticas basadas en una conciliación con uniformidad de criterios entre los actores principales de la producción y los/as trabajadores/as.
Sin embargo, creo que en un contexto con cierto brote de precios, debe gobernar mucho más una agenda con decisiones de corto plazo, poniendo el foco en las preocupaciones sociales de la actualidad. Una vez que lograste saltar esas barreras, recién ahí podes dar lugar a discusiones más trascendentales; enmarcadas en la articulación entre el incremento productivo, el avance tecnológico, la vinculación con el complejo científico y las nuevas formas de trabajo.
- Algunos economistas plantean que el problema inflacionario de nuestro país está en la emisión monetaria, bajo el argumento de que “no se puede gastar más de lo que se recauda” y otros estiman que la verdadera cuestión está en los costos, en donde las tarifas, el tipo de cambio y los salarios toman mayor relevancia. ¿Cuál es tu posición sobre la dificultad en el control de la inflación?
- Hay una multicausalidad del fenómeno inflacionario, que refiere a la incertidumbre de un entorno macroeconómico inestable; donde lo monetario claramente pesa sobre un desequilibrio fiscal que exige cierta monetización del déficit. La presión por cubrir lo presupuestario con emisión monetaria influye directamente, pero también hay una influencia indirecta, que está relacionada con las expectativas de algunos “jugadores del mercado” sobre un posible shock devaluatorio que empuja sobre el tipo de cambio.
Esto lleva a que muchos actores económicos, con perspectivas por devaluaciones futuras, terminen remarcando sus precios hoy.
Por otro lado, el tema costos también influye en los precios de los productos. El descongelamiento de las tarifas debe ser muy bien pensado, para no generar un impacto negativo que termine limitando lo positivo del crecimiento económico.
En ese caso, los bienes importados empiezan a tomar mayor relevancia con una economía en crecimiento, porque su demanda termina presionando sobre el tipo de cambio y consecuentemente sobre la inflación.
- En este marco, ¿cuánto influyen los precios internacionales de los productos agropecuarios?
- El incremento de la cotización de los productos primarios a nivel global también empuja para arriba los costos productivos de elaboración de bienes finales y eso lógicamente se traslada a precios, porque no hay otra alternativa. Generando como consecuencia, parte de una inflación importada.
Después hay algo que también es importante remarcar. La inercia de los procesos inflacionarios me determina que es ilusorio pensar que una inflación alta puede ser revertida de un año a otro, porque hay cierta permanencia de este fenómeno que llegó a institucionalizarse. Fijate el llamado “ajuste por inflación de los salarios”, o los contratos de los alquileres que perciben su incremento en función a la inflación.
En definitiva, la inflación en nuestro país es una problemática que no responde a un solo fenómeno. Si bien no es lo mismo tener 50% de inflación que tener 20%, en todos los casos desde la salida de la convertibilidad no se ha podido afianzar una macroeconomía estable que garantice un nivel inflacionario bajo y sostenido.
- El Gobierno plantea, en el presupuesto de este año, una inflación de 29% anual. ¿Crees que esta proyección es posible, teniendo en cuenta los datos del último trimestre 2020 que mostraron un incremento inflacionario del 11%, y el 4% que corresponde a enero de 2021?.
- Creo que por el momento es la única hipótesis (y la más factible) que presenta el Gobierno nacional, dado que toda la política pública enfoca sus objetivos alineados con ese número. Ahora bien, claramente va a ser desafiante (y para nada fácil). Como vos decís, sabiendo que el primer número de la inflación mensual de 2021 es del 4%, el promedio de los próximos 11 meses tiene que ser menor al 2,3%, para lograr el objetivo del 29% que estima el presupuesto de este año.
Lo cierto, es que sería una marcha atrás si este año tenemos una inflación más alta del 36,1% que demostró el 2020.
- Entonces, desde tu punto de vista, cualquier porcentaje inflacionario anual para este 2021 que esté por debajo del 36,1%, es positivo.
- Si llegara a haber un desvío de la meta del 29%, esperemos que al menos sea por debajo del 36,1%. Si me preguntas hoy, te firmo ese resultado. Porque lo importante de estos procesos de desinflación es que la reducción sea sostenida, para evitar esa lógica pendular donde un año bajas 18% y al otro subís 10%, que te termina interrumpiendo la credibilidad del proceso económico.
- Desde hace varias semanas, algunos representantes de la Mesa de Enlace, están asegurando públicamente que “los productores no son formadores de precios”. Este argumento se centra en que, dentro de la cadena que conforma el precio de los alimentos, la incidencia de los granos como el maíz y el trigo no es relevante para su costo final. ¿Cuál es tu opinión sobre la afirmación que hace este sector del campo?
- No, no coincido con una afirmación tan tajante. Si bien hay una multiplicidad de actores que intervienen en la cadena de formación de precios de los alimentos; el sector primario agropecuario tiene su cuota de responsabilidad, porque hay un componente que está vinculado directamente al costo de ese insumo.
Por ejemplo, en el caso del trigo, sabemos que es un insumo directo de la harina, que consecuentemente es un bien intermedio necesario para la elaboración del pan y que a su vez conforma la canasta de consumo de bienes alimentarios básicos de la mayoría de los argentinos.
Es más, el argumento que venían manteniendo los centros de estudios vinculados a las gremiales patronales del sector primario, era que el porcentaje de participación de sus productos era muy bajo porque sólo representaba el 15%. Sin embargo, yo creo que debe estar en un número superior a eso, en el orden del 20% y el 30%.
- ¿El contexto mundial de suba de precios de los commodities, no tiene alguna influencia sobre lo que venís planteando?
- Si, claramente. Hay una intención de algunos segmentos, como los agroexportadores; los productores primarios de mayor porte; o las propias empresas que hacen acopio, que a partir de esta suba de los precios internacionales, buscan recuperar o neutralizar parte del efecto impositivo sobre las exportaciones.
Está claro que las retenciones, es algo que disgusta a este sector con altísima productividad; pero lo que deben entender es que corresponde a una de las herramientas del Estado para poder financiarse, que históricamente ha existido y hasta Macri mismo tuvo que volver a implementar luego de haberla eliminado al inicio de su mandato.
- Ahora, haciendo un análisis más político sobre la coyuntura actual. Vemos que el Gobierno nacional busca acercarse a los actores con mayor injerencia sobre la economía para generar acuerdos sólidos basados en la articulación de consensos.
Frente a este panorama, ¿crees que es un momento oportuno para aumentar las retenciones o se obtendrían mejores resultados aceitando el control y la regulación del flujo de exportaciones, que permitan reducir las subfacturaciones y las triangulaciones de los exportadores?
- La verdad es que no creo que ningún latifundista decida vender sus campos porque le subieron las retenciones. Las retenciones o el cupo de exportaciones son medidas que se toman cuando ya no quedan alternativas; en cambio, la fiscalización es algo que debe estar siempre.
De hecho hubo nuevas normativas, que podrían generar suspensiones en el registro RUCA (Registro Único de la Cadena Agroalimentaria) para aquellos exportadores que se demuestre que han manipulado la declaración de cantidades exportadas.
El punto es pensar estrategias como las que se aplicaron con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), donde se creó un fideicomiso con el objetivo de sostener en el mercado interno un precio accesible de los aceites envasados para los consumidores y garantizar su pleno abastecimiento. Este es el modelo que hay que transpolar a otros sectores claves en la producción.
- Por último, crees que existe alguna posibilidad de poder generar una mayor presencia del Estado en los puntos más importantes del proceso de producción de alimentos.
- Hay una propuesta interesante y disruptiva a la vez, que propone Eduardo Buzzi, el ex titular de la Federación Agraria Argentina. En donde se busca recuperar algo de la intervención estatal, que permita terciar y funcione como empresa testigo para balancear estos desequilibrios, que muchas veces se producen porque algún precio al interior de la cadena aumenta en forma desmedida.
La idea sería compensar eso con un rol del Estado más participativo, comprando parte de la producción y vendiéndosela al otro eslabón que interviene en la formación del precio de los alimentos.
