Mientras la Secretaría de Asistencia a la Víctima que encabeza la polémica funcionaria y diputada provincial, Carolina Píparo, se encuentra sin actividad en defensa de las personas vulneradas, productores frutihortícolas de la localidad de Lisandro Olmos denunciaron ataques violentos y delictivos que arrasaron con el trabajo cosechado.

Según relató a PolíticaYMedios Wilber Cervantes, referente de la Comunidad Boliviana, “a una de las quintas ingresaron once personas armadas extremadamente violentas, se llevaron efectivo de la producción, golpearon a la esposa del trabajador, violaron a la hija sujetando las manos con alambre, intentaron cortarles los dedos a los niños y no recibieron apoyo de la fuerza policial en lo inmediato, lo cual es repudiable”.

A su vez, el dirigente territorial, representante de los trabajadores migrantes, contó que tras visitar a Sandro, el productor afectado por el ataque a su propiedad y su familia, "no le tomaron la denuncia ante semejante delito, lo cual es discriminación a la comunidad". "Las familias migrantes somos ciudadanos al igual que vecinos nativos, por tanto tenemos los mismos derechos. Exigimos justicia para nuestros hermanos bolivianos”, manifestó Cervantes.

Como relató, tras la grave denuncia del trabajador, la policía ninguneó la experiencia del migrante que había sufrido no solo pérdidas materiales, sino un momento espantoso tras no poder lidiar con once sujetos que violentaron tanto a su pareja como a su hija menor.

[La creciente y preocupante ola]

Según un informe de la Universidad Nacional de La Plata en articulación con el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) y el Ministerio de Justicia de la Nación, el racismo estructural es el segundo motivo de denuncias en la provincia de Buenos Aires, detrás de la discapacidad. El propio reporte, efectuado en La Plata, marca que un 35% se deben a ser migrante, un 34% al nivel socioeconómico y un 22% al color de piel.

A su vez, dos indicadores más nos muestran a quiénes y en qué espacios se los discrimina brutalmente. Solo por ser migrante, tres cuartas partes del porcentaje global de las denuncias recibidas por el INADI se condensan en grupos etarios que van de personas de 18 a 60 años. En tanto, dentro del total de demandas, un tercio se experimentó en el ámbito educativo y otro, en el laboral.

De hecho, en tal documento, se esbozó que “la bolivianidad es ubicada en la parte más baja de esta escala racista” y a estas personas se les da socialmente un carácter “subalterno”.