AUSTERIDAD
Luego de que Cablevisión interpusiera una medida cautelar para que su servicio no sea considerado público, y, por ende, regulado por las autoridades nacionales, el juez federal Walter Lara Correa rechazó la presentación, asestando un duro revés para la compañía del Grupo Clarín.
El magistrado argumentó que lo planteado por la firma no tiene fundamento, ratificando que el decreto no incurre en irregularidades legales.
El amparo fue presentado luego de que Alberto Fernández declarara “servicios públicos y esenciales” al servicio de cable, telefonía e internet. Rubros que, en su totalidad, cubre la empresa del conglomerado mediático.
Desde el Grupo Clarín argumentaron que la medida transforma la estructura de estipulación de precios: de “fijados de un modo completamente libre y en competencia”, a “precios regulados (tarifas)”.
El Grupo Clarín supo evadir la adecuación a la Ley de Medios sancionada durante el Gobierno de Cristina Kirchner a través de amparos judiciales.
En este sentido, aseguran que se trata de una “confiscación regulatoria de su derecho a fijar las condiciones comerciales y de prestación de sus servicios” y también afirman que declarar sus prestaciones como servicio público es una violación del artículo 42 de la Constitución y “no hay ley que lo ampare”.
Es en este marco que el Ejecutivo dispuso, por ejemplo, la suspensión de todo aumento o modificación de los precios hasta el 31 de diciembre pasado.
Días atrás, el Gobierno intimó a Cablevisión a que devuelva el aumento cobrado en las últimas dos facturas, y abrió un sumario para aplicar las sanciones que correspondan. El apercibimiento ocurrió luego de que la compañía dispusiera un incremento del 20%, en contraste con el autorizado por las autoridades nacionales, de 5%.
“Le estamos mandando la intimación a Cablevisión, que fue la empresa que aplicó este aumento, para que no solo devuelva lo que cobró de más en enero, sino que se abstenga de cobrar febrero hasta tanto refacture y lo haga correctamente con el 5% más la devolución del mes anterior”, indicó el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López.
Además, informó que desde el Enacom se abrió “un sumario para aplicar las sanciones que correspondan”, porque sostuvo que lo que hizo Cablevisión “es un abuso ilegal”.
Desde Cablevisión, ante la consulta de los medios, habían respondido que “el aumento informado oportunamente se mantiene vigente”, y explicaron que “la cámara que representa a las empresas del sector, ATVC (Asociación Argentina de Televisión por Cable), ha presentado un recurso administrativo, en defensa de los derechos de sus empresas asociadas”.
Desde @ENACOMArgentina estamos exigiendo que las empresas prestadoras de servicios TIC que facturaron indebidamente devuelvan la plata.
— Claudio Ambrosini (@ambrosinius) January 29, 2021
Hoy la justicia ratificó la plena vigencia del DNU 690/20 y las Resoluciones ENACOM 1466/20 y 1467/20.
Debemos hacer cumplir la ley.
El titular del ENACOM se expresó respecto al fallo.
Recurso que, este viernes, sufrió un duro revés en la justicia federal.
Por su parte, López remarcó que “hay un DNU, el 690/2020, aprobado por el Congreso que establece que estos servicios son públicos y esenciales, y determina que hay una Prestación Básica Universal (PBU)”, y subrayó que “a partir de ese momento es el Estado, a través del Enacom, el que fija la posibilidad de un aumento y de cuánto”.
“Si la ley es tan clara y hacen lo que quieren, es una pulseada política”, evaluó en declaraciones radiales al ser consultado al respecto, y advirtió: “Acá hay una pelea de fondo y es un desafío al poder institucional”.
En tanto, el presidente del organismo, Claudio Ambrosini, había avisado que se sancionaría “con toda la fuerza que tengamos desde el Enacom y desde la justicia para que el beneficiario no sufra injusticias”. Además, aseguró que lo que hizo la empresa no consta de un “error” al pasar y que “si en 48 horas no cambian, tomaremos medidas”.
