Por: Emiliano Russo - DESDE CASA ROSADA

El “amesetamiento” del rebrote de la pandemia registrado esta semana no hizo bajar la guardia del gobierno que ya planifica el regreso de la asistencia económica para sectores que aún no se pudieron recuperar de la recesión devenida de la pandemia. Pero aún quedan otros interrogantes: qué pasará en 2021 con los ingresos de los jubilados -ayer el Indec confirmó que no llegaron a “empardar” a la inflación y, por quinto año consecutivo, volvieron a perder poder adquisitivo- y con los chicos, cuya vuelta a clases parece depender otra vez de una disputa de corte político- gremial y no tanto del estatus epidemiológico del país.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, se encuentra de gira por las provincias del norte. En cada parada, reitera que la “presencialidad” deberá ser el “ordenador” del ciclo lectivo. Pero la realidad suele ser más ingrata: desde el Palacio Pizzurno deslizaron que será cada gobernador el que dictamine si vuelven o no los estudiantes a las escuelas dependiendo de su situación sanitaria. Y reconocieron que por ello no hay fecha para la realización del Consejo Federal de Educación, que debería cambiar el “semáforo epidemiológico” –que establece los parámetros sanitarios como ocupación de UTIS y cantidad de contagios- para la normalización de la actividad.

La Ciudad de Buenos Aires reiteró que en los papeles ese regreso está pautado para el 17 de febrero. Toda una postura política que, desde el año pasado, confronta a la esgrimida por Nación. Pero, en privado, fuentes del gobierno porteño reconocen que “esa es la fecha oficial pero después tendremos que ver cómo está la situación sanitaria, con 2 mil casos diarios no creo se animen a autorizarla”. Con todo, los gremios ya resisten cualquier intento de reapertura, como blanquearon las declaraciones de Eduardo López de CTERA y UDA, uno de los sindicatos porteños más confrontativos con la gestión larretista.

La recuperación del valor de la palabra que resalta la Casa Rosada -en este caso, por los dichos del ministro Trotta- nuevamente se pondrá a prueba. Justamente esa consigna fue puesta de manifiesto por el presidente Alberto Fernández en el acto del jueves por la tarde en el Museo del Bicentenario, cuando sacó pecho por cumplir con su promesa de campaña de legalizar el aborto. Pero esa emotiva celebración se vio opacada por el dato de inflación que unas horas antes había difundido el INDEC: con un IPC del año pasado del 36,1% y un aumento anual de la jubilación mínima del 35,3%, los jubilados volvieron a perder poder adquisitivo y no se cumplió la promesa oficial de que al menos no pierdan con el costo de vida (tampoco, por cierto, con aquellos postulados de 2019 que hablaban de subir los haberes un “20% con lo que el macrismo destinaba al pago de las Lelics”).

Por ahora el ministerio de Economía no planifica otorgar un bono a los beneficiarios para compensar esa caída de casi un punto en el poder de compra. Pero sí la cartera conducida por Martín Guzmán junto a la ANSES y a Desarrollo Social están diseñando el nuevo IFE -“tendrá otro nombre y claramente no será para 9 millones de personas”, acotó un estrecho colaborador presidencial consultado. Será un beneficio segmentado, que irá a atender la emergencia de jóvenes y cuentapropistas que no pudieron volver a la actividad. A falta de ATP, el gobierno promoverá que las empresas con problemas de facturación pidan el denominado REPRO 2, para cubrir un 20% del salario de los empleados de las mismas.

Sin lugar en el Presupuesto 2021, el gobierno parece hacerse eco que deberá seguir asistiendo a quienes aún no han logrado recuperarse económicamente de la recesión provocada por la pandemia. En ese mismo sentido, el ministerio de Trabajo prorrogará la resolución que prohíbe los despidos y las suspensiones, que vence a fines de enero, por otros 60 días.

En un año electoral, el bolsillo de los ciudadanos es una de las variables que más debe observar la Casa Rosada. Salvo ocurra “una catástrofe sanitaria”, las PASO de agosto próximo deberían llevarse a cabo, avisaron desde el ministerio del Interior. Desde las oficinas donde gobierna Wado de Pedro deslizaron que ayer culminó el período de “observaciones para definir los pliegos de la licitación para el recuento provisorio de votos, que serán publicados en los próximos días. Y rechazaron que la empresa SmartMatic haya sido alejada del proceso electoral: tendrá a su cargo la transmisión de los telegramas desde las escuelas durante las primarias. “Hasta 2025 está a cargo de esa tarea por la licitación que ganó cuando gobernaba Macri”, recordaron.