ENTRETELONES DE CASA ROSADA
Después del escandaloso aumento en las tarifas que fue política medular durante el gobierno de Mauricio Macri y en el que se llegó a pagar entre el 3000 y 4000% por encima de las facturas hasta diciembre de 2015, los ingresos familiares se vieron seriamente perjudicados por el volumen que destinaban al pago de los servicios eléctricos y de gas.
El gobierno nacional dispuso mediante el decreto 1020/2020 un nuevo congelamiento de las tarifas hasta el 31 de marzo de 2021 y su respectiva revisión que permita dar justicia y accesibilidad en los precios y la calidad del servicio.
En su artículo 1° el decreto dispone el inicio de la renegociación de la revisión tarifaria integral vigente correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal.
En su artículo 2° establece que el plazo definitivo de revisión será el 17 de diciembre de 2022 y que las autoridades de aplicación del mismo serán el ENARGAS para el servicio de gas y el ENRE para el servicio de electricidad.
Mediante el artículo 6º, en tanto, empodera a los entes para llevar adelante la negociación, requerir todo tipo de información y documentos necesarios y solicitar recursos humanos dependientes del poder ejecutivo nacional.
En el caso del servicio eléctrico las empresas afectadas en la revisión serán Edenor y Edesur para las distribuidoras y Transener, Transnoa, Transnea, Transba, Transpa, Distrocuyo, Litsa, Transcomahue, Yacilec y Enecor para el caso de las operadoras de redes de transmisión.
Asimismo, las empresas de gas afectadas serán TGN y TGS para el transporte del servicio y Camuzzi gas del sur, Camuzzi gas pampeana, Metrogas, Naturgy, Gasnea, Gasnor, Litoral Gas y Ecogas para las distribuidoras del mismo.
En declaraciones públicas el interventor del ENARGAS Federico Bernal manifestó que "se inicia una nueva etapa en los servicios públicos de luz y gas para Argentina. Donde las tarifas del gobierno de Macri fueron más caras de lo que debían, injustas e irracionales."
Durante el 2020 estaba previsto un aumento del 86% en las tarifas que terminarían en un 128% de aumento total en marzo y abril de 2021 acordado por el gobierno anterior y que pudieron ser frenadas a través de los congelamientos de este año.
A su vez y a causa de todos los aumentos que sufrieron y sobre todo en los servicios públicos más de 25000 PYMES y comercios debieron cerrar sus puertas entre 2015 y 2019.
Es importante destacar que mediante el Decreto 690/2020 con fecha 22 de agosto el gobierno impulsó declarar como servicio público las tecnologías de información y las comunicaciones, suspendiendo hasta no tener un precio justo y accesible en el servicio, los aumentos previstos en las facturas de telefonía, cable e internet, lo que permitió una mejora sustantiva en los bolsillos de los argentinos durante el aislamiento.
Asimismo, y por estas horas mediante información a la que pudo tener acceso este medio se estudia prorrogar por 90 días más el decreto 311/2020 que impide el corte en los servicios de electricidad, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e internet y tv por cable con vencimiento el 31 de diciembre de 2020.
