ANÁLISIS
En estos días han ocurrido dos hechos que se muestran como la cara y contracara de una misma realidad argentina. El informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina confirmó que la pobreza ha llegado al 44,2% y el incremento de la indigencia también fue significativo, pues superó la barrera de los dos dígitos, acomodándose en el 10,1%. Sin embargo, el mismo trabajo de investigación de la UCA, explica que la situación no fue peor debido al sostén de un Estado que se cansó de habilitar los instrumentos que pudo, para oxigenar a los sectores sociales más comprometidos por la pandemia del COVID-19.
En este contexto, al mismo tiempo que se conocían estos datos de la crisis social y económica que vive nuestro país, la Cámara de Senadores convirtió en ley el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas que busca morigerar los efectos del coronavirus. Esta ley tiene un objetivo específico: recaudar un monto superior a los 300 mil millones de pesos para ser utilizados en proyectos sociales, productivos y sanitarios.
En consecuencia, esta iniciativa del oficialismo recientemente aprobada en el Congreso de la Nación, prevé el cobro de 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado, hasta la fecha de la promulgación de la ley, más de 200 millones de pesos. Dicha tasa, comenzará a elevarse conforme se vaya incrementando el valor de los bienes de los individuos afectados por la medida.
En este sentido, pagarán el 2,25% aquellos casos que manifiesten una acumulación de riqueza que contemple entre 300 y 400 millones de pesos; el 2,50% entre 400 y 600 millones; el 2,75% cuando el valor se encuentre entre los 600 y los 800 millones. El importe de la tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 y 1.500 millones; al 3,25% para el rango que se ubica desde los 1.500 a los 3.000 millones de pesos; y a partir de esa cifra, el valor del aporte será del 3,5%.
Sin embargo, sorpresivamente (o no tanto) hubo una expresión política, la de Juntos por el Cambio, que no dudó en posicionarse en contra de este proyecto y ha decidido bajarle el pulgar en materia legislativa, para evitar una aprobación que al final de cuentas, terminó dándose con votos del oficialismo y de bloques aliados. Claramente esta postura de la oposición es la cara visible de un sector político que busca desconocer la situación de emergencia que envuelve al país, pero a su vez desentenderse de lo realizado durante su estadía como coalición de poder que gobernó en los últimos cuatro años y ha sembrado una inestabilidad que aún se percibe en todas las variables macroeconómicas.
[“No hay hechos, sólo interpretaciones”]
Esta afirmación corresponde a una de las frases más citadas del filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, que aunque fue escrita en 1886, nos permite comprender en la actualidad cómo funciona la articulación entre las decisiones; las acciones; las interpretaciones de los sectores sociales con intereses encontrados y la consecuente búsqueda de instalar en la opinión pública un mirada de poder y netamente sesgada.
Tomando como base lo recientemente expuesto, es importante despejar algunas “confusiones” que surgen de lo que realmente dice y propone la ley; y las interpretaciones de los que se oponen a su implementación. En este sentido, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) realizó una publicación en donde analiza los principales cuestionamientos y contradice algunos argumentos de aquellos que confrontan con la ley del aporte extraordinario de las grandes fortunas.
En principio, lo que se pude observar de este informe es que la pandemia del COVID-19 ha generado un contexto de crisis económica muy fuerte, que fue amortiguado por la decisión de un Estado presente, que buscó incrementar el gasto público y las políticas sociales con el fin de sostener la situación de los más afectados. De esta forma, el primer argumento sobre la necesidad de un aporte solidario de “los más ricos” que esgrime el trabajo de CEPA, es que al haber una profunda caída en la recaudación en comparación con el desembolso realizado por el Gobierno nacional, se estima un déficit de 8% del PBI que ha sido financiado por medio de la emisión monetaria del BCRA.
Otro de los datos destacados del trabajo realizado por CEPA, demuestra que el nivel de concentración de la riqueza es tan alto que sólo un 0,02% de la población cuenta con más de 200 millones de pesos en su patrimonio y consecuentemente con la capacidad de afrontar el aporte propuesto por la ley. Este valor toma mayor relevancia, cuando se conoce que tan sólo 253 personas son capaces de financiar el 50% del importe que el Gobierno busca recaudar con la medida. Es decir, tal es el volumen de la riqueza que acumulan, que de los 300 mil millones de pesos esperados para engordar las arcas públicas, dicho grupo minoritario aportaría 150 mil millones.
Ahora bien, frente a este cúmulo de datos irrefutables, también es posible diseñar algunos interrogantes que se relacionan con la coyuntura actual. ¿Cómo construir una “Argentina Unida”, tal cual reza un eslogan del Frente de Todos, cuando las distancias sociales son tan amplias? ¿Qué tipo de Estado se requiere frente a un contexto semejante? ¿Qué debe hacerse cuando el sector social que tiene toda la capacidad de acción disponible para ser el más solidario, se rehúsa a generar sus aportes?
Lo primero que hay que destacar, es que la brecha entre los más ricos y los más pobres, lejos de reducirse tuvo un incremento considerable durante el período 2015-2019, cuando gobernaba Juntos por el Cambio. Allí, puede observarse una desigualdad de los ingresos demasiado alta, en donde el 10% que más cobra, percibe 26 veces el ingreso del 10% menos favorecido de la sociedad. Esta mala distribución de la riqueza es otro de los fundamentos necesarios para comprender, ya no sólo que el aporte de las grandes fortunas es necesario, sino también que los impuestos (y con ello el sistema tributario) son una de las principales fuentes de financiamiento del Estado y esto los convierte en un instrumento tan económico como político.
Claramente no hay neutralidad en la interpretación sobre la implementación de los impuestos, en tanto y en cuanto afecten intereses particulares e incidan sobre el patrimonio de las personas. Es por ello, que cuando la polarización está tan delimitada por la desigual acumulación de la riqueza, le corresponde al Estado tomar el rol protagónico dentro de este escenario de inequidades sociales, alejarse del lobby que promueva el bloque de poder concentrado y elaborar un sistema tributario más progresivo en materia fiscal y más justo desde la perspectiva social.
Debemos admitir que frente a un mundo que tensiona para volver a la normalidad pre pandemia, es el propio COVID-19 el que se está encargando de correr el velo de nuestra ignorancia y ceguera global; al encontrar en la misma crisis que genera, una posible respuesta al verdadero fundamento de lo social. Casi como el primer tallo que asoma sobre tierra arrasada.
Esta posibilidad de construir una nueva normalidad, requiere fundamentalmente, de recuperar el estatus del Estado como garante de los derechos de la sociedad y comprender que la salida de esta pandemia es netamente colectiva. En consecuencia, es necesario la construcción de consensos estables entre aquellos sectores sociales que presentan demandas antagónicas, pero sobre todo lograr implementar en la práctica lo que se promueve desde el discurso teórico y reconocer que en el medio del caos “nadie se salva sólo”.
