Justicia con perspectiva de género, un debate instalado puerta adentro de los tribunales - Política y Medios
15/05/2021 - Edición Nº4852

FEMICIDIOS

Justicia con perspectiva de género, un debate instalado puerta adentro de los tribunales

Junto con el crecimiento de la curva de contagios de COVID-19, en el interior bonaerense creció otra cifra alarmante: la de los femicidios. Según el observatorio MuMaLá, 60 mujeres fueron asesinadas en los primeros seis meses del año y 64 niños, niñas y adolescentes perdieron a su madre.

Por: Miguel Di Spalatro

 

En el interior bonaerense, junto con el crecimiento de la curva de contagios de COVID-19, creció otra curva alarmante: la de los femicidios. Los datos disponibles hasta este momento son los del primer semestre. Según el observatorio Mumalá -"Mujeres, Disidencias, Derechos”- se registraron sesenta femicidios en la provincia de Buenos Aires en los primeros seis meses del año, 40 de ellos en el contexto del aislamiento por la pandemia de coronavirus y 64 niños, niñas y adolescentes perdieron a su madre.

De los 135 distritos que integran la provincia de Buenos Aires "hubo femicidios en 38" y la provincia concentra el 42% de todos los que se cometieron en el país.

EL viernes pasado en la puerta de los tribunales de Azul, Virginia Eliseche, víctima de violencia de género, celebró que el juez Héctor Torrens condenara a 5 años de prisión a Roberto “Pino” Narvaja, un golpeador sobre quién aún pesan otras tres causas. Torrens sentó jurisprudencia al considerar no solo la violencia física sino también la simbólica. Falló no sólo por los golpes, sino también por el sufrimiento que padecieron ella y sus hijos.

Las noticias publicadas en distintas localidades bonaerenses, indican que la violencia contra las mujeres, no disminuye en esta segunda mitad del año. La Emergencia en violencia de género, declarada por el gobierno provincial, parece no ser suficiente.

El pasado 27 de noviembre, en una jornada de concientización organizada por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, la Subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Flavia Delmas, aportó algunos datos nuevos: “En pandemia hemos llevado adelante intervenciones complejas, atendimos 1.717 casos críticos y de alto riesgo, hemos realizado 150 traslados de mujeres con hijas e hijos, entre municipios, provincias o países. Hablamos de salvar vidas, estamos todos los días trabajando en pos de la vida, de erradicar la violencia, a sabiendas de que se trata de un problema estructural profundo”, señaló la funcionaria.

Un problema estructural que se extiende también a la justicia. Un ámbito donde los cambios son lentos. Un estudio realizado por el Ministerio Público Fiscal en 2018 concluyó que la mayor cantidad de causas iniciadas por violencia doméstica finalizaron con un sobreseimiento o archivo.  Una actitud “legalista” extrema, impide el avance de las causas y deja a los violentos en libertad.

En el Departamento Judicial de Azul, el mes pasado, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, debió apartar a un juez de garantías por “falta de perspectiva de género”.

El titular del Juzgado de Garantías 3, Juan José Suárez, había rechazado el pedido de la fiscal Karina Gennuso, para detener al agresor de Eliana Mendilaharzu, una joven de 27 años, que en esos momentos se encontraba internada en estado vegetativo tras haber sido pateada en la cabeza en reiteradas oportunidades por su pareja, Marcos Ramiro Ponce, un azuleño de 35 años de edad. Eliana no volvió a despertar: en el hospital contrajo Coronavirus y murió.

Las movilizaciones de los colectivos de mujeres por las calles de la ciudad hicieron la presión suficiente para que la causa recayera en el Juzgado de Garantías 1. Mientras Eliana luchaba por su vida, Magdalena Forbes, dispuso el arresto inmediato del imputado. En un “Conversatorio virtual sobre estrategias y recursos para el abordaje de la violencia familiar" que se organizó en Olavarría, dejó en claro su postura por una justicia con perspectiva de género.

La jueza dijo que “trabajar con perspectiva de género es alejarse un poco y ver el cuadro más ampliado de la situación", para Forbes “los detalles por más mínimos que parezcan pueden ser indicio de una violencia anterior que van a incidir en la situación global”.  Recomendó a los funcionarios policiales y judiciales "estar muy atentos a los detalles pequeños, porque a veces la víctima no puede hablar, porque ya la han callado definitivamente o porque tiene miedo de hablar".

Otro cuestionamiento desde adentro de la justicia la realizó el titular del Centro de Asistencia a la Víctima, con sede en Azul, doctor Sergio Hernández.

"Tenemos una mirada sesgada de la víctima, tenemos la mirada de la víctima molesta”, sinceró Hernández. “Esa persona no es molesta, es la que está reclamando sus derechos, es la que está afectada. Tenemos que ir a la especialización. Desde la persona de Mesa de Entrada hasta el magistrado tienen que saber atender, escuchar y estar presente en cada actuación que tiene que hacer la víctima”, explicó.

Otro espacio que necesita sinceramiento es el político. Si bien los 135 Municipios de la Provincia de Buenos Aires establecieron capacitaciones en género en el marco de la Ley Micaela, no en todos funciona la Mesa Integral de Violencias.

En algunos casos las diferencias políticas prevalecen. En otros aún no se logra visibilizar la importancia de la concientización y contención que se puede dar desde los municipios para erradicar la violencia contra las mujeres.

Desde la provincia, el Ministerio de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual viene sensibilizando a todas las intendencias. Un gran logro fue que los 135 Municipios de la Provincia de Buenos Aires establecieran capacitaciones en género aplicando la Ley Micaela.

Aunque para algunos intendentes, como Hernán Bertellys de Azul, pareciera que estas cuestiones son solo formales y basta con inaugurar una gigantografía con la imagen de Eliana en la antesala de su despacho.  La oposición antes había denunciado: “Ely no solo sufrió la violencia de su pareja, sino también la desidia de un Estado municipal que no quiere o no sabe cómo afrontar estas situaciones”. En esa ciudad -y no es la única- no hay presupuesto acorde al área de género, ni mesa integral de violencias.

Como dijo este miércoles la ministra Estela Díaz al inaugurar la Fiscalía y Comisaría de la Mujer y la Familia en San Fernando, “hasta ahora no alcanza lo que se viene haciendo, es poco y no articulado. Desde el Estado tenemos la obligación de estar ahí desde el primer minuto para que se juzgue, para que se condene el hecho, y para que se acompañe con las políticas y con la reparación imprescindible en estas situaciones”.

Las deficiencias del sistema no deben ser un impedimento para que las mujeres denuncien. Así lo siente Virginia Eliseche, que, aunque sabe que su agresor puede quedar en libertad en un año y medio sabe que su causa “abre una puerta para que los jueces empiecen a tratar como se debe los casos de violencia de género”.

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