Luego de varios llamados al 147 por parte de vecinos/as, varios agentes de Control Urbano de la ciudad de La Plata se dirigieron a 115 y 34, donde funciona una sede de la agrupación Crear. Según confirmaron fuentes cercanas a la gestión de Julio Garro, la organización responde a la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y concejala platense, Victoria Tolosa Paz. 

Estos jóvenes militantes, según lo relatado por los inspectores, acudieron al lugar en donde distribuían de forma gratuita bebidas alcohólicas dentro de un espacio cerrado, violando en este sentido el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DiSPO) dispuesto por el Gobierno Nacional ante la pandemia de coronavirus. 

“Al llegar al domicilio, los agentes desarticularon el evento que se desarrollaba con barra libre, música a todo volumen y la presencia de unos 50 jóvenes. Labraron infracciones a los organizadores por violar el Decreto de Necesidad y Urgencia 576/2020 y el artículo 45 de la Ordenanza municipal N° 6147”, informaron desde el municipio.

Por su parte la secretaria de Convivencia y Control Ciudadano, Virginia Pérez Cattaneo, aseguró que “venimos haciendo un gran esfuerzo como sociedad para superar esta pandemia, pero no podemos relajarnos, este tipo de encuentros en donde no se toman en cuenta las medidas de protección dispuestas son las que más en riesgo nos ponen ante situaciones de contagio”.

Respecto al operativo realizado en el inmueble oficialista, Cattaneo señaló: “Desde el municipio hemos radicado la denuncia correspondiente en el Fuero Federal, con el agravante de que la fiesta clandestina se estaba realizando en un local partidario. Esperamos que la Justicia aplique las máximas sanciones”.

Sin embargo, la falta de controles y protocolos por parte de la gestión de Julio Garro no es algo nuevo, el desarrollo de fiestas clandestinas y reuniones entre varios amigos y amigas y la falta de presencia del Estado municipal ponen en riesgo la crítica situación sanitaria de la ciudad. Desde el Frente de Todos vienen denunciando esta problemática desde hace meses, aunque las respuestas por parte del municipio son casi inexistentes. 

Según lo dispuesto en las ordenanzas, las actuaciones labradas disponen de sanciones económicas y penales, que van desde una multa de hasta $133.000 -artículo 45 de la ordenanza municipal N° 6147-, a la pena de prisión de entre seis meses a dos años prevista en el Artículo 205 del Código Penal, para quienes organicen o participen de este tipo de eventos.