El Gobierno toma medidas pensando en el acuerdo con el FMI - Política y Medios
01 de diciembre de 2020 - Edición Nº4687

ANÁLISIS

El Gobierno toma medidas pensando en el acuerdo con el FMI

El oficialismo se encuentra en la encrucijada de tomar medidas que funcionen como el argumento previo al crecimiento económico prometido en el presupuesto 2021 y que, además, tiendan a un equilibrio fiscal que convenza al FMI de aprobar el programa de Facilidades Extendidas solicitado por el Gobierno nacional, que le permitiría estirar los plazos de la deuda y comenzar a pagar recién dentro de cuatro años y medio.

Por: Esteban Pastoriza (Técnico Universitario en Comunicación Social -Licenciado en Ciencia Política)

 

Hace algunos días llegó al país una nueva comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Julie Kozack y Luis Cubeddu, cuya misión está enmarcada en lograr las negociaciones necesarias para reestructurar el crédito de u$s 45.000 millones otorgado al Gobierno de Juntos por el Cambio. El contexto que encierra la programada visita del organismo financiero internacional, expone algunos datos que pueden ser analizados como efectos colaterales de la pandemia del COVID-19, pero que claramente tienen una relación intrínseca con las políticas neoliberales aplicadas bajo el mandato de Mauricio Macri durante el período 2015-2019.

El último informe del INDEC expone que 3,7 millones de argentinos perdieron sus empleos durante el segundo trimestre de este año, producto de una caída del 16% de la actividad económica y provocando un deterioro de los ingresos de casi un 20% de los asalariados y acumulando una inflación del 26,9% hasta el mes de octubre. Claramente estos son algunos de los impactos negativos que produjo el coronavirus en materia económica en Argentina.

Ahora bien, también hay que decir que las condiciones del país sobre las que se montó esta pandemia eran muy diferentes a las realidades de los Estados del “primer mundo”. Basta tan sólo con recordar los datos oficiales del INDEC de diciembre 2019, en donde se sentenciaba que durante los cuatro años que gobernó Juntos por el Cambio, tres han sido de recesión económica. Es decir, antes de la llegada del COVID-19, Argentina ya había experimentado su pandemia neoliberal.

Frente a esta coyuntura, el Gobierno nacional busca mostrarle al FMI algunas certezas propias que funcionen como señales de buenas intenciones, antes de sentarse a intercambiar posturas sobre el acuerdo de pago de la deuda. Una de ellas, responde a la aprobación del Presupuesto 2021, que contempla un crecimiento del 5,5%  de la economía, una inflación del 29% y un déficit fiscal del 4,5% del PBI.

Otra de las decisiones políticas que al oficialismo le interesa exhibir, refiere a la “nueva fórmula previsional” que según las perspectivas del Gobierno podría brindar sustentabilidad a las cuentas públicas y consecuentemente suprimir una de las máximas preocupaciones del Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, hay una hipótesis que sobrevuela toda esta discusión: Si yo le debo u$s100.000 a una financiera, evidentemente el problema va a ser mío. Pero si le debo u$s45.000 millones, el problema ya pasa a ser compartido.

Obviamente que de buenas intenciones no se sostiene el capitalismo, ni mucho menos cierra filas un organismo supranacional como es el FMI. Es aquí donde el legado más complicado que ha dejado el macrismo, va a tratar de imponer las condiciones necesarias que le aseguren cobrar la deuda en un plazo, considerado para ellos “razonable”.  Lo cierto es que con todos sus precedentes de “aplicación lógica y racional” marcados en diferentes etapas de la historia argentina, las imposiciones del FMI estarían orientadas a ajustar el gasto público y limitar el funcionamiento del Estado, que resulta imprescindible para afrontar la crisis actual.

[La nueva fórmula previsional y su talón de Aquiles]

Casi en simultáneo a la llegada del FMI, el Gobierno nacional hizo pública la propuesta de la nueva fórmula de movilidad de jubilatoria que establece un incremento de los haberes tomando dos variables: 50% del aumento se define por la variación de los salarios en base a la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y el otro 50% va a depender de la variación de la recaudación tributaria de ANSES que incluye el IVA, cigarrillos, débitos y créditos, entre otros impuestos.

El primer cuestionamiento que presenta la fórmula previsional que busca aplicar el oficialismo, es si permite una mejoría a la situación de ingresos de los propios beneficiarios de jubilaciones y pensiones, o si forma parte de una medida de ajuste ofrendada al Fondo Monetario Internacional. En principio se despeja este interrogante, estableciendo que el Gobierno de Mauricio Macri, al reemplazar la fórmula de movilidad jubilatoria -ejecutada en 2008-  por la reforma previsional -aprobada en 2017 bajo su mandato presidencial-, había cumplido claramente con una de las principales exigencias del FMI como condición de desembolso del crédito previamente pactado.

El mismo FMI asumía en su informe de 2016 que era “muy costosa” la ecuación que integraba “recaudación más salarios” (anulada por Juntos por el Cambio) y por ese motivo “aconsejaba” el aumento de haberes previsionales por medio de la evolución de la inflación (aplicada con la reforma de 2017).

El gráfico diseñado por la consultora PxQ, que dirige el ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Ágis, surge como consecuencia de simular y comparar la aplicación de la fórmula previsional propuesta por el actual Gobierno y la administrada durante el mandato de Juntos por el Cambio. Ambas parten, de manera ficticia, desde los haberes aplicados en 2008 y manifiestan una proyección hasta el 2020, para lograr dilucidar cuál de las dos merecen ser etiquetadas como medidas de ajuste. Claramente observamos en la imagen adjuntada que la “fórmula Guzman” habría sido más beneficiosa para los jubilados y pensionados en comparación con la “fórmula de Cambiemos”.

En consecuencia, el fundamento que encuentran desde el Gobierno nacional a esta nueva fórmula previsional que busca atar la suerte de las jubilaciones a los incrementos salariales de los trabajadores, junto al crecimiento económico del país, enfatiza que es más estable hacerlo de esta forma porque “cuando la economía crece y la inflación cae, si los jubilados tienen atados sus ingresos a la inflación no se les comparte el crecimiento de la economía. En cambio, con una caída de la  economía y una inflación en alza, esas jubilaciones no se pueden pagar por el peso que pasan a tener sobre el PBI”.

Ahora bien, frente a este esquema pro cíclico con fuerte apuesta del Frente de Todos al aumento del PBI, automáticamente se percibe una debilidad que puede funcionar como su talón de Aquiles: ¿Qué sucedería si en 2021 no se produce el crecimiento económico esperado? ¿Nuevamente serían los jubilados una de las variables de ajuste? ¿No se deterioraría aún más la situación de la mayoría de los jubilados y pensionados que perciben ingresos mensuales por debajo de lo que establece la canasta básica?

Aquí es donde el Gobierno nacional debería tomar nota, para no someter un proyecto que a priori resulta positivo para sus beneficiarios y paralelamente le sirve para generar estabilidad a la situación fiscal del país. En este sentido, comenzaron a expresarse diversos especialistas en sistemas previsionales que no cuestionan en sí misma la fórmula propuesta por el Gobierno, sino más bien ponen el foco en la necesidad de “recomponer los haberes de los jubilados y pensionados que parten de un mínimo de $18.000  frente a una canasta del sector que supera los $45.000”. En sintonía con ello, el abogado Christian D´Alessandro, señaló que “la nueva fórmula está perfecta pero se debería incorporar una cláusula gatillo para que los jubilados no terminen perdiendo por la inflación”.

En definitiva, el oficialismo se encuentra en la encrucijada de tomar medidas que funcionen como el argumento previo al crecimiento económico prometido en el presupuesto 2021 y que, además, tiendan a un equilibrio fiscal que convenza al FMI de aprobar el programa de Facilidades Extendidas solicitado por el Gobierno nacional, que le permitiría estirar los plazos de la deuda y comenzar a pagar recién dentro de cuatro años y medio. De lograr el objetivo principal del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la promesa de campaña del Frente de Todos de apuntalar el mercado interno con el fin de mejorar la producción nacional y el consumo, tendría un amplio lugar de acción para demostrar finalmente, si las políticas aplicadas son inclusivas o se reducen simplemente a un mero ajuste.

 

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias