Una tormenta perfecta en el Perú: crisis de representatividad, hartazgo social y neoliberalismo consecuente - Política y Medios
30 de noviembre de 2020 - Edición Nº4686

ANÁLISIS

Una tormenta perfecta en el Perú: crisis de representatividad, hartazgo social y neoliberalismo consecuente

¿Cómo puede entenderse que se removió al presidente que más hizo contra la corrupción estatal en las dos últimas décadas de la vida política peruana? Pero, sobre todo, ¿cómo pudo hacerlo un Parlamento que tiene en su seno a escandalosos personajes procesados por corrupción? En esta nota, diez claves para entender lo que ocurre.

Por: Fabián Lavallen Ranea. Director del Grupo de Estudios del Paraná y el Cono Sur.
 

El primer presidente peruano en ser destituido por el Congreso fue José Mariano de la Riva Agüero, justamente el primer presidente en ostentar ese título, en 1823. Desde la experiencia política de este prócer que fue distinguido por el mismísimo Libertador José de San Martín, hasta la actualidad existe la figura de la “vacancia”. No siempre con ese nombre, pero siempre como un recurso parlamentario para remover al presidente.

Ahora el Congreso ha destituido a Martín Vizcarra, luego de dos intentos, y asumió la presidencia el trasnochado y derechista Manuel Merino. Un personaje oscuro, reunido de un entorno con personajes aún más oscuros. Es un claro atavismo democrático, que no da grandes esperanzas sobre la reconstrucción del país hermano.

¿Pero qué pasa en el Perú? ¿Como puede removerse nuevamente al poder ejecutivo de la República, cuando éste posee un apoyo popular de casi un 50%? Apoyo popular, aclaremos, que obtuvo a pesar de las heridas económicas que ha generado la Pandemia del COVID-19.

¿Cómo puede entenderse que se removió al presidente que más hizo contra la corrupción estatal en las dos últimas décadas de la vida política peruana? Pero, sobre todo, ¿cómo pudo hacerlo un Parlamento que tiene en su seno a escandalosos personajes procesados por corrupción? No decimos parlamentarios “investigados”, sino que directamente “procesados”. 

Pues bien, aquí van diez claves para entender lo que ocurre:

1.-La “crisis de representatividad” de los partidos políticos latinoamericanos, que ya analizaba hace un cuarto de siglo el genial Torcuato S. Di Tella, en el Perú alcanzó niveles colosales. Desde los años noventa se evidenciaba que había pasado la “onda de entusiasmo” que predominaba sobre los sistemas de partidos únicos, como llamaba Torcuato a esos vientos de cambio que asolaban en la última década del siglo pasado. Desde esos años para acá, los partidos políticos en el país andino vieron licuarse la representatividad y el arrastre que supieron tener.

2.-La fiscalía en el Perú posee un poder titánico, si se lo compara con instituciones análogas del resto de la región. El Ministerio Público en el Perú incorporó nutrientes a medida que el descrédito fue embebiendo la imagen del poder ejecutivo ante la sociedad. Es inversamente proporcional uno con el otro.

3.-La figura presidencial no es lo que era. El hecho que los mismos hombres que asumían la presidencia a lo largo de estas dos décadas prometiendo una “feroz lucha contra la corrupción”, sean más tarde procesados por ese tipo de delitos, hizo que se licuara la credibilidad de una institución ejecutiva que ya tenía menos poder de convicción que el lobo de caperucita.

4.- Es en paralelo a esa merma de credibilidad del poder ejecutivo, y la amplificación de la crisis de representatividad partidaria que citábamos, que se retomó la práctica de destitución presidencial desde el parlamento, lo cual está contemplado en la Carta Magna del Perú desde hace más de un siglo y medio. Desde la destrucción de la república por parte de Fujimori, se restableció una práctica parlamentaria que no se veía desde hacía muchos años en la República, la famosa vacancia por “incapacidad moral”, una suerte de impeachment andino, que luego se aplicó en Pedro Pablo Kuczynsky, y ahora con Martín Vizcarra.

5.- ¿Qué es esa “incapacidad moral”? Esa figura no tiene antecedentes en el Derecho Constitucional del presidencialismo norteamericano de la vieja República. En nuestro país tampoco existe la figura de vacancia, sólo se contempla desde la Constitución Nacional (1994) el “juicio político”, más o menos con el color establecido por la Constitución Federal norteamericana de 1787. En cambio en el Perú, este recurso existe desde la Constitución de 1839, y es continuada con matices en la decena de reformas constitucionales posteriores, llegando hasta la Carta Magna actual de 1993.

6.- Ese poder se ve fortalecido si se tiene en cuenta que el Congreso de ese país es unicameral, por lo tanto, el pedido de destitución no tiene que pasar de una cámara a otra. Es de algún modo un recurso “rápido”. Incluso se puede hacer en pocas horas y sin mucho debate, sin mayores trabas que lo limiten.

7.- El presidente Martín Vizcarra no poseía una coalición sustentable o un bloque de apoyo en el parlamento, es más, es el mismo parlamento que se tuvo que convocar ante la destitución que realizó el ejecutivo el año pasado. Un Congreso con grupos de intereses personales, con prontuarios oscuros e historias de vida poco cercanas a la vida democrática.

8.- Existe una notable permeabilidad institucional para la corrupción y el lavado de activos en el Perú, como lo han demostrado diversos trabajos e investigaciones (ver por ejemplo a Mujica y Gadós, 2016). Así como ante la carencia de cierta estructura organizativa  y formal de militantes y voluntarios, permanece en los partidos políticos un clientelismo y patronazgo de ciertos recursos que se utilizan para “comprar” la participación (como lo ha estudiado Susana Muñoz).

9.- El caso Odebrech astilló en pedazos el mosaico de las figuras políticas del Perú. La República se vio asolada por las investigaciones que en torno a esta empresa brasilera, con inversiones en toda la región, mostraron el carácter estructural de la corrupción, conociéndose por ejemplo, que se había creado un “departamento de coimas”, para aceitar las negociaciones y acuerdos de inversión entre autoridades públicas y privadas.

10.- El pueblo toma las calles. El hartazgo social ante la corrupción, pero sobre todo, el cansancio popular de ser meros espectadores de una tragedia donde los sectores conservadores utilizan las cláusulas constitucionales para sus disputas internas y su propio beneficio, llevó a la gente a movilizarse, desde diversos colectivos no tradicionales, agrupaciones, movimientos y familias, con marchas, concentraciones y protestas que confluyen en la icónica Plaza San Martín del centro de Lima. Protestas como estas no se ven desde hace más de veinte años en Perú, y obviamente, suponen cambios políticos en el corto plazo. 

Volviendo a Di Tella, el sociólogo nos decía que la formación de una sociedad libre exige algo más que “espíritu cívico” por parte de gobernantes y gobernados”, además de respetar las reglas de juego. Para que todo lo anterior se haga realidad, entre otras cosas, es necesario asegurarse que las diversas fuerzas sociales tengan algún tipo de expresión en el sistema constitucional. Pues bien, es en este punto donde se observan una de las principales debilidades del sistema político peruano. Es de esperarse que estas marchas y movilizaciones populares, propongan un cambio en las reglas de juego.

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