Por: Pedro Domínguez

El pasado miércoles 23 de octubre, el Concejo Deliberante de Berisso trató y aprobó la privatización del cobro de las tasas municipales. El intendente Fabián Cagliardi envió la propuesta desde el Ejecutivo y necesitaba el apoyo de sus ediles que, tras una gran resistencia hacia el interior del bloque, dieron el visto bueno a una iniciativa que genera polémica y traerá un perjuicio para los vecinos.

Según se conoció, se trata de una empresa que llegaría a cobrar las tasas de servicios Generales Urbanos y Rurales, Seguridad e Higiene, Derechos de Construcción, Publicidad y Propaganda, Ocupación o uso del espacio público e instalación de antenas de Celulares. El pliego aprobado no establece tope de remuneración por el servicio, es decir, en la ordenanza no dice a quién se le va a cobrar ni cómo y deja abierto para que le cobren las tasas municipales a cualquier vecino.

Los concejales del Frente de Todos acompañaron la propuesta de Cagliardi con los ojos cerrados: las opiniones hacía el interior del bloque eran disímiles y no todos estaban de acuerdo con la propuesta. Incluso, hubo un fuerte rumor de que los ediles pidieron al Ejecutivo que de las explicaciones del caso y aclare el motivo de la controvertida ordenanza.  Finalmente una charla puertas adentro logró conseguir cierto consenso para apoyar la medida, que no estuvo exenta de una lista de cuestionamientos hacia el interior del oficialismo.

Ahora, después de varias semanas, se dio a conocer que la adjudicación del cobro de tasas en Berisso quedó en manos de "Tercerización Ingresos Públicos Sociedad Anónima" (TIPSA), compañía que había tenido trabajo con los municipios de Azul, Almirante Brown, Quilmes, Escobar e Ituzaingó.

Esta controvertida iniciativa, impulsada por el intendente Cagliardi, fue calificada por la oposición local como una “privatización” del cobro de tasas municipales. Mientras tanto,  voces en off de la política, relacionan a esta empresa de Quilmes con el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández. 

En tanto, agrupaciones políticas, gremiales y universitarias enviaron una carta abierta a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para denunciar lo que consideran "un grave atropello contra el Estado y el pueblo, que tiene al intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, como principal responsable".

Tras señalar que la compañía recibirá el 30% de la recaudación como ganancia, los firmantes de la misiva aseguran que “la recaudación tributaria es una función pública -no un servicio- irrenunciable e indivisible del Estado, atribuida por la Carta Magna y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. El poder ejecutivo no está facultado para disponer libremente del crédito ni derogar su obligación tributaria, teniendo la recaudación como finalidad excluyente satisfacer las necesidades de la comunidad”.

Firmaron la carta: Laura Barrionuevo (Presidenta Social 21, La Tendencia); Bárbara Solernou (Consejo de Fábrica Astillero Río Santiago), Pablo Anastasio (Peronismo Siglo XXI), Mariela Gutiérrez (Agrup. Política y Social Mil Flores), Nicolás Rodríguez (Mesa Nacional Liberación Popular BCRA), Isabel Almada (Géneros en Lucha), Gustavo Lahoud (Unidad Popular - La Voz de las Comunas, Radio Asamblea), Olga Beatriz Fontana Román (Asociación Civil Activar, Lanús), Raúl Fister  (Agrup. Esperanza, Patria y Libertad) y Mónica Schlotthauer (Cuerpo Delegados Línea Sarmiento), entre otros.