MYRYAN PRUNOTTO
Desde hace dos semanas se retomó el debate en comisiones del Concejo Deliberante de La Plata con el objeto de rediscutir un proyecto de ordenanza que atenta contra las libertades de tránsito y expresión y que esboza ribetes anticonstitucionales, lo que asume una gravedad institucional siniestra por parte del gobierno del intendente macrista Julio Garro.
La problemática de tal bosquejo de Nuevo Código de Convivencia viene a cuento de penar con la detención y encarcelamiento a personas que ejercieran trabajos típicos de la economía popular, que tanto moviliza las finanzas locales, y la obturación de expresiones socioculturales anteponiendo el poder de policía estatal que el Municipio no posee.
Cabe señalar que las primeras dos reuniones (este viernes tendrá lugar la tercera) desarrolladas participaron concejales de todo el arco político platense, funcionarios comunales, representantes del Consejo Local de la Niñez, de la Universidad de La Plata, de la Defensoría bonaerense, de la Clínica Jurídica de Interés Público y demás entidades.
Por fortuna, ediles opositores en conjunto con referentes de los órganos descriptos le ‘pararon la mano’ al oficialismo que, del segundo cónclave al de hoy, debió reformular gran parte del esbozo que manifestaba artículos anticonstitucionales, patriarcales y desactualizados.
[“Punitivismo” e “incitación al conflicto”]
Dentro de las voces que logró reunir PolíticaYMedios a modo de aproximación a los/as lectores, se destaca el concejal del GEN, Gastón Crespo quien, al referir su posición respecto al Nuevo Código de Convivencia, reflejó su matiz: "Tendría que promover instancias de diálogo, mediación y, en todo caso, ir hacia cumplimientos de tareas comunitarias y de formación en infracciones que lo ameriten”. Acto seguido, el edil repone que es vital “pasar de una justicia punitiva a una restaurativa”.
En sintonía, la secretaria del Consejo Social de la Universidad Nacional de la Plata, Inés Iglesias, explicitó: “Lo que más nos preocupó es que no parece ser un código de convivencia sino algo que implica punitivismo y, además, incita al conflicto entre los vecinos”.
“En el siglo XXI es necesario pensar en nuevas formas de reparación de problemas entre vecinos y situaciones que tienen que ver con las grandes ciudades y aprender a vivir juntos”, sumó la mencionada protagonista que, a su vez, adelantó que tanto el director de la Clínica Jurídica de Interés Público, Pedro Sisti, como Rodrigo Pomares, representante de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), debieron explicarle a las autoridades municipales que, al momento de comenzar a avasallar la discusión apretando para discutir el “articulado” del Nuevo Código le advirtieron que el punto nodal y el tronco de la cuestión es “conceptual”.
Fiel a lo informado por fuentes presentes en la reunión que, últimamente se desarrolló en la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos que encabeza la concejala de Cambiemos, Romina Cayón, tras lo relatado el edil oficialista y mano derecha de Garro en el Concejo, Javier Mor Roig, se comprometió a ponerse a trabajar en la reescritura del proyecto.
🏛En Comisión de Seguridad Pública y DDHH se avanzó en el tratamiento del Nuevo Código de Convivencia Ciudadana con la presencia de la Comisión Provincial por la Memoria, el Consejo Local de Niñez y la UNLP. #ViernesEnElConcejo #LaPlata pic.twitter.com/XOhtF56TYA
— Concejo Deliberante de La Plata (@ConcejoLaPlata) October 23, 2020
[El desarrollo del debate]
Como se citó, esta tarde habrá un nuevo espacio de diálogo y será el tercero dentro de siete encuentros. En ese sentido, en el último encuentro, se discutieron desde el artículo 1 hasta el 72 que implican los capítulos de objetivos y aplicación, acciones generales, deberes ciudadanos, denominaciones, sujetos, sanciones, contravenciones y penas.
Por su parte, según adelantó a PyM la concejala del Frente de Todos, Yanina Lamberti, cada martes previo al viernes de concertación se pueden remitir cambios, propuestas e invitaciones a personalidades para tratar en las reuniones.
Resulta ser que, casuísticamente, la presidencia de la Comisión respectiva no permitió la asistencia de los representantes de las prosecretarías de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y de la UNLP justo cuando se iban a discuto el constreñimiento y coercitividad de los actos humanos estipulados en tales capítulos.
Los ediles opositores miembros de la Comisión señalaron a PyM la “extrañeza” de cómo los funcionarios macristas abordaron la discusión artículo por artículo cuando se manifestaban “cuestiones estructurales que eran necesarias discutir”.
Como una especie de copy paste del Código Contravencional vigente desde 1985 bajo la ordenanza 6147, el macrismo platense seleccionó el texto viejo y lo depositó en este nuevo proyecto. Más allá de la falta de autenticidad y de la desactualización que esto amerita, los representantes del Consejo Social, el Local y de la CPM les debieron explicar a las autoridades oficialistas que había puntos “inconstitucionales”, desinteresados por los derechos humanos y sin perspectivas de género ni niñez.
“Es un código que apunta a sancionar las prácticas que realizan los sectores más vulnerables”, mencionó la edil Lamberti, describiendo que, en tal documento, se estimula a “requisas o arrestos” que no puede ejecutar un juez de faltas, como se estipula.
Por ejemplo, conforme compartió la representante del Frente de Todos e investigadora de la UNLP, uno de los apartados donde más llamó la atención la destemporalidad de los planteos de Garro y compañía en el Nuevo (viejo) Código de Convivencia, radica en la “responsabilidad objetiva de los padres ante los menores” algo que, como recupera la mencionada funcionaria, “está caduco por la Ley 13298 ya que de ninguna manera se puede arrestar a un niño/a y/o joven”.
A su vez, Lamberti observó que este montón de cuestiones marcadas “no fueron contestadas por Juntos por el Cambio”, lo que reviste a tal proyecto en uno específico de “faltas” que, como enfatizó la edil, se muestra “un gran sesgo contra quienes castigar” y que desea aplicarse todo el poder municipal lo que culminaría generando “más pobreza”.
En efecto, como anticipo para la discusión de hoy, desde el bloque opositor y los referentes invitados para hoy, se propondrá un debate de fondo abordando cuestiones estructurales con tal de generar el consenso para, a partir de allí, diseñar nuevamente el articulado.
Pero la peligrosidad es que, producto de la mayoría que representa el macrismo local en comisiones, el Nuevo Proyecto de Convivencia puede despacharse con el poder del oficialismo a Legislación y, de allí, pasar al Concejo y aprobarse en cualquier momento.
[Criminalización de la protesta y cercenamiento]
Otro de los puntos nodales de discusión se centra en la criminalización de la protesta que propone el articulado copiado y pegado por parte del oficialismo. Más allá, y más acá, de las inconstitucionalidades presentadas, no se plantean instancias de justicia restaurativa y mediaciones como apelación intermedia a la capacidad de violencia institucional que está habilitado a ejecutar el Municipio.
Del mismo modo, la referenta local de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTA), Valentina Pereyra, en diálogo con PyM, mencionó que, como parte del Colectivo de Trabajadoras Sexuales, “manifiestan su repudio” a este siniestro Código de Convivencia con ribetes de planes de reorganización castrense.
Garro, tras no tener éxito en las presentaciones en 2018 y 2019 no solo producto de la presión social sino de no poseer la amplia mayoría legislativa que hoy tiene, sabe que arremeter con esta propuesta está más cerca de concretarse en desmedro de las expresiones socioculturales populares.
Por ende, Pereyra explicó que esto genera “más estigma, más violencia, más represión” y que, si llega a salir este Código, no solo es “inconstitucional” sino que “hay muchos artículos que van en contra de normativas provinciales y nacionales como es el uso del espacio público” y que, a su vez, alienta “el odio, la xenofobia, la violencia y el racismo”.
“Nosotras entendemos que las políticas prohibicionistas no funcionan porque eso fomenta el negocio para pocos generando la clandestinidad, un mercado paralelo y más vulneración de derechos”, visibilizó la activista que, en mancomunión con otros colectivos disidentes, desarrollaron esta mañana una marcha en la puerta de la Municipalidad.
