Este año el Paraguay dio un avance histórico para mostrar soberanía, democracia y defensa de sus intereses estratégicos en una sola decisión. Como se sabe, el país hermano posee dos entes binacionales de envergadura mundial: la gigantesca Itapú con el Brasil, y la más conocida por nosotros de Yaciretá. Ambas súper-represas ancladas en el río Paraná, producen una energía importantísima para el consumo de los países de la región. Ambas han producido también un impacto ecológico, ambiental y social sin precedentes en el Cono Sur. Fueron en su momento auténticos ecocidios en ambos casos.
Itapú, muy cerca de la triple frontera, una de las generadoras de energía eléctrica más grande del mundo, con una caída de 120 metros, unas 20 turbinas de generación de 700 MW y un embalse de 29.000 hm de agua. Su construcción transformó el Río Paraná e hizo desaparecer con su embalse las famosas cascadas conocidas como los “Saltos de Guairá”, lugar emblemático y paradisíaco. Yaciretá, con la cual estamos más familiarizados en la Argentina, en la Provincia de Corrientes, posee una potencia de 3.200 MW. La particularidad es que como el Paraguay tiene cubierto el consumo de su energía, sólo el 10% de lo producido por Yaciretá se destina a ese país.
Tradicionalmente ambas represas han sido voluminosas cajas negras de las que se extraía dinero para la corrupción política. Pero no sólo es patrimonio del Paraguay esa generación de dinero sucio. En la propia Argentina Yaciretá ha sido sinónimo de corrupción y barro económico. Ésta última, para dar solo un ejemplo, tenía previsto un presupuesto de construcción de 1.500 millones de dólares, pero alcanzó un costo final de 11.500 millones. Seguramente uno de los casos de sobreprecios más altos del mundo.
Pero la corrupción no fue sólo en el proceso de construcción de las represas. En el Paraguay “las binacionales” (como suelen referirse a los dos entes administradores de las represas) han funcionado como “un estado dentro del estado”, como si tuvieran otra legislación diferenciada, por fuera de las leyes de la República, y muy lejos de cualquier política de transparencia. Por ejemplo, en las represas se produce muchísimo dinero destinado a “gastos sociales”, hermoso eufemismo que se crea para esconder recursos de una corrupción estructural que parece imperecedera, que administra la ANDE (Administración Nacional de Electricidad) sin ningún tipo de control ni auditoría profunda.
Enorme cantidad de dinero, que podría haberse destinado por décadas a la salud, el hábitat, etc., fue a parar a los bolsillos de directivos de los entes administradores. Es tan transversal la corrupción y el entreguismo en estas binacionales, que por ejemplo el Paraguay, que hasta hace unas pocas décadas era dueño absoluto de los Saltos de Guairá, hoy en día haya entregado la administración de las aguas del embalse de Itapú al Brasil, dándole una herramienta clave para la navegabilidad del Río Paraná, y de la geopolítica regional.
Pues bien, desde hace unos meses parecería que comienza a cambiar la historia. Por primera vez en la vida reciente del Paraguay, se decidió en el Congreso que las binacionales “se integren” en el presupuesto general de la República, es decir, que se debe incorporar al presupuesto nacional los gastos socio-ambientales -del lado Paraguayo obviamente- y cualquier otro egreso que produzcan estos entes, y eso sea solamente para desarrollo en propio suelo paraguayo. El ministerio de hacienda controlará que ese dinero, que alcanza unos 170 millones de dólares, se invierta en ampliación de la infraestructura de la ANDE, o para los ministerios de Salud y de Educación. Además, el proyecto plantea una mayor transparencia, sobre todo quitando obstáculos y lobregueces en los procesos económicos que impiden saber a ciencia cierta cómo se manejan tamaños recursos.
Esto se sancionó hace pocas horas en el Parlamento paraguayo, el miércoles 28 de Octubre, con la oposición de un grupo de parlamentarios colorados. Ahora el proyecto está en manos del Poder Ejecutivo para que avance la promulgación definitiva. Es de esperarse que una decisión tan estratégica para el pueblo hermano, encuentre a su presidente Mario Abdo Benitez a la altura de semejante decisión, y no termine rubricando la perpetuidad de un agujero de corrupción tan vergonzante para los tres países del Cono Sur.
La energía hidroeléctrica es el petróleo del Paraguay. Que el dinero egresado de ese recurso se destine al bienestar y desarrollo de su pueblo, sería una pequeña pero importante reparación histórica.