CORTES DE ESTATALES
Hoy existe una tensión permanente en los sistemas energéticos a nivel mundial. Por un lado, se acabó el petróleo barato y el gas, que hasta hace unos años tenía un valor despreciable, hoy se ha revalorizado como la fuente principal para la transición energética. A su vez, hay un consenso global sobre que la energía es un derecho y que, en consecuencia, es un servicio público que el estado debe garantizar para lo cual es imprescindible favorecer las condiciones para el desarrollo de las distintas fuentes energéticas. Esta tensión se resume en que los precios de la energía deben ser lo suficientemente bajos para que toda la población pueda acceder a ella y también lo razonablemente altos para que las empresas puedan desarrollar inversiones para garantizar este estratégico recurso. Por eso, además de la dimensión económica del problema, se debe incorporar en el análisis una dimensión política ya que es una cuestión de seguridad energética. Con el reciente anuncio del “Plan Gas 4” el gobierno se puso a la cabeza de esta situación, teniendo en cuenta las particularidades para el desarrollo de los recursos no convencionales del shale y de algunos yacimientos costa afuera.
Los recursos provenientes del shale tiene particularidades que exigen cierto apoyo estatal para su desarrollo. Esto fue así incluso en EEUU, donde el estado en general es prescindente de los emprendimientos privados, salvo cuando está en juego cuestiones estratégicas o de seguridad nacional. En EEUU, el shale y tight de petróleo y gas se conocían desde principios del siglo XX, pero no se sabía cómo extraerlos del subsuelo. Un viejo adagio de los petroleros norteamericanos profetizaba: “El shale es el recurso del futuro, y siempre lo será”. La industria no confiaba en poder extraerlos, pero el gobierno norteamericano no perdía las esperanzas y apoyaba los proyectos para lograr desarrollar estos recursos con el objetivo de alcanzar la “independencia energética”, como llaman ellos al autoabastecimiento.
Después de la segunda crisis del petróleo de 1979, el Departamento de Energía de EEUU (DOE) comienza a investigar la manera de obtener esos recursos providenciales y lanza el proyecto Eastern Gas Shales en la cuenca de los Apalaches, en una formación shale rica en gas natural. El proyecto, apoyado por el DOE, probó el uso de espuma de nitrógeno para fracturar estas formaciones y su análisis condujo a una comprensión más profunda de las fracturas naturales del shale.
A partir de estos antecedentes, en 2007 George Mitchell, experimentado geólogo y dueño de Mitchell Energy, estudió esos resultados para concretar la primera perforación utilizando fractura hidráulica a gran escala en la formación Barnett, cerca de Fort Worth, Texas. La compañía se basó en las investigaciones del Laboratorio Nacional de Sandia para mapear las fracturas de shale en los pozos. La empresa también se benefició de los créditos fiscales federales para perforaciones no convencionales que ayudaron a financiar el costo del desarrollo de la fractura hidráulica. Así, además de la inversión e iniciativa privada, el Estado Federal se hizo cargo de apoyar el desarrollo de estos recursos porque hacía a la seguridad nacional.
Gracias al shale, hoy EEUU logró compensar la declinación en la producción de gas y petróleo convencional, se ha convertido nuevamente en el mayor productor de petróleo del mundo y evitó la crisis energética global que se avecinaba por la declinación de la producción en los yacimientos convencionales.
La semana pasada el presidente Alberto Fernández anunció el lanzamiento del “Plan Gas 4”. Un programa de precio estímulo que busca incentivar a las empresas a que inviertan para revertir la declinación natural de la producción de gas y sustituir importaciones que le costarían al país más de US$ 5.500 millones entre 2021 y 2023, el período que durará el plan. De esta forma, el gobierno busca atraer inversiones para el desarrollo de las reservas que tiene el país y aumentar así la producción nacional de gas.
Con la puesta en marcha del Plan Gas 4 el estado asume un rol activo para garantizar el abastecimiento de gas natural, definiendo una política pública con el objetivo de lograr tarifas justas para toda la población. Su implementación genera un mecanismo de contractualización entre la oferta y la demanda que le garantiza a los productores la recuperación de las inversiones al mismo tiempo que establece un sistema de subastas que bajará el precio del gas en boca de pozo. Bajo este programa se estima una producción de 70 millones m3 por día en los 365 días del año durante los 3 años del plan y un volumen adicional en cada uno de esos inviernos.
Dada las características del consumo en Argentina, que es muy estacional, este esquema generará excedentes exportables en los meses más cálidos y permitirá disminuir las importaciones en el invierno. Si bien el programa incorpora distintas cuotas de producción por cuencas, el impacto mayor será sobre el desarrollo de Vaca Muerta, ya que los recursos no convencionales exigen inversiones permanentes, por lo cual establecer compromisos de demanda a tres años dará un fuerte impulso para reiniciar su desarrollo, lo que nos permitirá en unos pocos años alcanzar el autoabastecimiento de manera sustentable. El plan cumplirá así un objetivo extra ya que no sólo nos ahorrará divisas sino que además nos pondrá en el camino de la independencia energética.
El gobierno busca revertir el declino de la producción de este estratégico recurso que ha venido cayendo el último año ha medida que comenzaron a sentirse los efectos de la caída de los subsidios de la resolución 46, impulsada durante el gobierno de Macri que establecía un precio sostén de US$ 7,5 por millón de BTU. A esto contribuyó la postergación del gasoducto Neuquén-Buenos Aires, que iba a permitir sacar el gas de Vaca Muerta, debido a la delicada situación económica.
Argentina tiene un consumo marcadamente estacional. En verano consume aproximadamente 130 millones de m3 por día y en invierno 160 millones de m3. Esto hace necesaria la importación de 20 millones de m3 de gas mediante GNL , de concretarse el objetivo propuesto en este programa, se sustituirán aproximadamente 18 millones de m3 de ese volumen.
Además, el precio estímulo máximo propuesto en el plan, US$ 3,70 el millón de BTU, es más barato que los valores importados estimados para el período 2021-2023. El Ministerio de Economía proyecta que para esos años el gas importado de Bolivia promediará US$ 4,5 por millón de BTU mientas que las importaciones de GNL mediante buques metaneros se estiman en US$ 4,3 por millón de BTU.
Este programa, a diferencia del estipulado por el gobierno anterior, tiene como uno de sus pilares el desarrollo industrial regional. El gobierno exigirá a las empresas beneficiarias del Plan Gas que cumplan con la política de “Valor Agregado Nacional en la cadena de valor de la actividad”. La manera de mensurar esto será mediante la cantidad de puestos de trabajo se generen a nivel local.
La experiencia de EEUU es válida para nuestro país y nos da pistas para el desarrollo de Vaca Muerta. El shale es un recurso que tiene costos más altos que el gas convencional y es necesario apoyar la curva de aprendizaje de las empresas para lograr la eficiencia necesaria para su viabilidad. Estamos recorriendo un camino similar al de EEUU en un contexto distinto. Allá, los primeros pasos en el desarrollo del shale se dieron cuando el gas en boca de pozo estaba a US$ 12 el millón de BTU, el barril de petróleo a US$ 100 y el gobierno norteamericano impulsaba ese desarrollo. Hoy, el crudo está alrededor de US$ 40 y el precio del gas está en discusión pero alrededor de los US$ 3 el millón de BTU. Como demuestra la historia del shale, la rentabilidad de estos recursos es crítica y, por consiguiente, es necesaria tanto la inversión empresaria como el apoyo del Estado y cierto esfuerzo fiscal para que Vaca Muerta pueda desarrollarse de manera sustentable. El recurso está pero la política debe acompañar. Necesitamos a Vaca Muerta y el Plan Gas 4 es la respuesta política a esta necesidad.
