TRASLADOS PROTOCOLARES
Está claro que la llegada del coronavirus presionó sobre el Gobierno nacional para tomar medidas que no tenía en carpeta al comienzo de su mandato, pero que, a su vez, no podía desestimar si pretendía mantener unificados los lazos sociales generados con el sector de la población que lo acompañó en plena campaña electoral 2019. En consecuencia, el oficialismo buscó sostener mediante políticas sociales extraordinarias, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), el impacto de una pandemia que no hizo otra cosa que profundizar la crisis económica heredada del Gobierno de Juntos por el Cambio, con indicadores de pobreza (40,9%), indigencia (10,5%) y desocupación (13,1%) entre los más afectados.
De esta forma, el verdadero desafío en el que se encuentra el Frente de Todos, está enmarcado entre medidas de urgencia (para sostener y aguantar) y proyectos de mediano plazo pensados para recuperar a los “nuevos pobres” o “caídos del sistema”; pero, sobre todo, para que lo coyuntural no se vuelva una problemática estructural que amplíe la base de vulnerabilidad social. El presidente Alberto Fernández es consciente de ello y actúa en consecuencia, buscando lograr nuevos consensos que den lugar a resultados más estables y duraderos.
Quizás este sea el punto donde el oficialismo debería afinar mejor su puntería. Pues el contexto actual en el que se inscribe este proceso político no da lugar a grandes equivocaciones y es por ello que el Gobierno aspira a convocar a un conjunto de actores económicos y financieros que le permitan transformar sus deseos de estabilidad social, en crecimiento económico sustentable. Ahora, también debemos señalar que la constante búsqueda de acercamiento hacia los principales “jugadores de mercado” con posición dominante, somete paralelamente al gobierno a un conjunto muy variado de presiones emitidas desde este bloque de poder y que tensiona para lograr diversos efectos que van, desde una profunda devaluación de la moneda hasta un debilitamiento político de la coalición que ponga en duda su conducción y permita fracturar el acuerdo con su base social.
Está claro que en caso de no lograr los objetivos que tiene en mente el oficialismo -al buscar respuestas empíricas y observables por parte del establishment- el impacto más rápido va a ser sobre la economía, pero sus consecuencias más duras van a estar fundadas en el malestar social que profundizaría su situación de crisis y llevaría a una disconformidad con las actuales autoridades en funciones de gobierno. Desde el Frente de Todos analizan este posible escenario y buscan enfáticamente despegarse de los murmullos mediáticos que quieren establecer en la opinión pública, una nueva edición de la tristemente célebre expresión del ex Ministro de economía, Juan Carlos Pugliese; quien al no encontrar respuestas positivas desde el Mercado había sellado el final del Gobierno de Raúl Alfonsín, “les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo”.
[Las intenciones del Gobierno y las imposiciones del Mercado]
Dentro del oficialismo se escuchan algunas voces que plantean que el bloque de poder sostenido bajo los pilares de las grandes empresas, el sector agrario y las entidades financieras, desestima la estrategia de Alberto Fernández de “sentarse con todos”, con el propósito de marcarle la cancha al Gobierno. Ahora bien, lo que se ve desde el llano es que el “poder real” no quiere marcarle la cancha, sino directamente construir una nueva sobre el esquema político de un oficialismo conciliador.
En un artículo publicado hace algunas semanas, analizábamos qué postura podría tomar “el campo” frente las medidas implementadas por el Gobierno nacional (reducción de retenciones y dólar linked) en busca de acercar a las partes, generar la confianza necesaria para que se liquiden las cosechas almacenadas en silobolsas y permitir el ingreso de divisas que consecuentemente podían alejar las expectativas de una devaluación. Frente a ello nos preguntábamos ¿Qué pesa más para los productores rurales? ¿Un bono en pesos o su cosecha embolsada y fuertemente custodiada? ¿Existe algún tipo de necesidad personal que lleve a este sector a vender los granos que hasta el momento conservan como sus ahorros mejor invertidos?
A pocos días de aquella nota, es el propio presidente el que afirma que “hasta aquí no ha servido la medida” porque no ha logrado causar el efecto esperado y “es el propio mercado el que no exporta y no liquida los dólares, especulando con una devaluación. Pero una devaluación no va a haber”. Es evidente que el Gobierno está corriendo detrás de una zanahoria que le es tan ajena como necesaria, para estabilizar su política cambiaria y poner el énfasis en las políticas públicas de crecimiento y desarrollo. Sucede que sin control de cambios, y con una coyuntura establecida en presiones constantes para generar una profunda devaluación y una consecuente depreciación de la moneda local, no hay clima de confianza ni de inversión de capitales.
Como si no bastara con la nula recepción percibida de los “jugadores dominantes” de la economía; al escenario de confrontación con el oficialismo se le han sumado algunos dirigentes de la oposición que buscan tensionar aún más sobre el contexto de crisis social y de pandemia. Es que el diputado nacional opositor, Alfredo Cornejo, ha realizado algunas declaraciones públicas que no hacen otra cosa que desenmascarar el lamentable pensamiento que encubre a un importante sector de la población y se muestra como una frontera antagónica a la propuesta de acuerdo social que promueve el mismo Alberto Fernández.
En este sentido, el presidente de la UCR afirmó que “el peronismo de hoy representa al sector parasitario de la sociedad” y completó su idea enfatizando que “la verdadera grieta no es peronista ni antiperonista, sino que es entre la gente que produce, trabaja y se esfuerza por generar riqueza contra otro sector que sólo vive de quienes la crean”. Es importante tomar estos conceptos del ex Gobernador de Mendoza, porque no hacen otra cosa que explicar en cierto punto lo que históricamente se ha expresado en la realidad política, cultural y social de la República Argentina.
Es decir, es evidente que hay un sector minoritario de la sociedad que se autopercibe como “los verdaderos representantes del país”. Los que realizan el aporte cultural y productivo, frente al otro margen de la población que es contemplado por los “dueños de esta tierra” como un ancla social, que se aprovechan de los beneficios de sus aportes y sin ningún tipo de mérito, simplemente gastan lo que ellos generan. En consecuencia, este “nosotros” y “ellos” exponen relaciones de poder cargadas de ímpetu clasista y con una clara injerencia que fluctúa cómodamente entre lo político y lo económico, pero en donde además no deja lugar para proyectos de conciliación como el que se promueve desde el oficialismo. Desde esta lógica, un modelo estatal con compromiso social es visto como un Estado que los asfixia con la recaudación de impuestos y reparte indiscriminadamente los ingresos que “el sector más acomodado de la sociedad” genera.
[“No construir consensos es tomar una postura conservadora”]
La premisa que llevó al Frente de Todos a ganar las elecciones nacionales de 2019, fue lograr una coalición política que permita superar la instancia electoral para luego afirmarse en un proceso de gobierno, capaz de conseguir unificar a la sociedad por medio de una legitimidad construida entre acuerdos y políticas públicas de inclusión. Ahora bien, hemos observado en la redacción de este artículo, algunas reacciones de diversos actores económicos y políticos que hasta el momento se muestran tan hostiles como la propia pandemia del COVID-19.
En este sentido, sería un error que el Frente de Todos se sume a dicha “propuesta del conflicto” en medio de un escenario de crisis económica y sanitaria moldeada por el Gobierno de Juntos por el Cambio y profundizada por la expansión de la pandemia del coronavirus. En consecuencia, tomando como referencia el argumento de un especialista en el análisis de la comunicación política como Mario Riorda, el oficialismo debe afirmarse en la premisa de que “no construir consensos es tomar una postura conservadora”. Pues, de otra forma, lograría mantener su cúmulo de seguidores partidarios pero tensionaría aún más las posturas de confrontación; al punto tal que haría imposible lograr el objetivo del Gobierno nacional de cerrar las distancias sociales.
Por último, es fundamental reconocer que no será factible conseguir una estabilidad económica y un posterior desarrollo en la sociedad, subordinando el bienestar de la mayoría de la población a la acumulación de los sectores minoritarios y mejor acomodados en la pirámide social. Para ello, el Estado debe ocupar un rol protagónico en la articulación de las demandas heterogéneas -que emergen como consecuencia de una actual fragmentación social- generando estrategias políticas que garanticen las condiciones de igualdad y den lugar a un pacto en donde se busque estimular la confianza y ampliar su propia base social.
