Esenciales, pero no tanto: el drama de los trabajadores de los institutos menores - Política y Medios
23 de octubre de 2020 - Edición Nº4648

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Esenciales, pero no tanto: el drama de los trabajadores de los institutos menores

Los trabajadores de los institutos y hogares bonaerenses reclamaron el bono que se paga a los trabajadores esenciales de otras áreas del gobierno provincial, pero que a ellos nunca les llegó a pesar de ser declarados imprescindibles. Junín, Tandil, MDP, Azul y La Plata, fueron las ciudades donde más se hizo sentir el reclamo.

Por: Miguel Di Spalatro

 

Los institutos de menores, eufemismo con el que se llama a las cárceles cerradas para jóvenes, nunca están incluidos entre las prioridades de la provincia.

Junto con el crecimiento demográfico de las grandes ciudades, creció el abandono y la explotación de menores, como así también la delincuencia juvenil. Esto motivó la creación de lugares de encierro para jóvenes en conflicto con la ley penal, instituciones que funcionan como disciplinadoras pero que escasamente inciden para la declamada "resocialización".

Estas prisiones tienen menos prensa que las cárceles para mayores y solo son noticia cuando ocurre algún hecho desgraciado.  Cuando Argentina celebraba su centenario, el periodista y escritor Roberto Arlt en sus crónicas en el Diario El Mundo, se refirió a estos lugares de encierro como Depósitos Policiales de Menores. Cien años después, la diferencia radica en que, quienes disponen el encierro no son policías sino jueces, pero hasta los viejos edificios con deficiencias estructurales y en reparación constante, atentan contra la posibilidad de que los trabajadores de niñez y adolescencia, los maestros y los talleristas puedan trabajar para la reinserción de quienes están privados de su libertad ambulatoria.

Por estos días, las jornadas de protesta de trabajadores auto-convocados del organismo que dirige María Eva Asprella, vuelve a visibilizar no solo las malas condiciones de trabajo del personal de los institutos de la provincia, sino también la precariedad general del sistema.

Junín, Tandil, Mar del Plata, Azul y La Plata, fueron las ciudades donde más se hizo sentir el reclamo. El 28 de septiembre los trabajadores de los institutos y hogares de menores salieron a la calle para reclamar el bono que se paga a los trabajadores esenciales de otras áreas del gobierno provincial, pero que a ellos nunca les llegó a pesar de ser declarados imprescindibles, habérseles cortado las vacaciones y estando en servicio desde hace 200 días.

En las últimas horas, con distintas modalidades, en algunos casos caravanas por la ciudad, volvieron a protestar ante la falta de respuesta del Gobierno. Quienes tienen la responsabilidad de cuidar a niños y niñas -que están bajo la tutela del estado- en los últimos 16 años solo fueron recategorizados en dos oportunidades; tienen un sueldo básico de 9.921 pesos y cada vez son menos ya que no se nombra nuevo personal para cubrir las vacantes que se generaron por retiros voluntarios o jubilaciones.

En la demanda también se incluye la necesidad de recibir capacitaciones y el pedido de mejoras y reformas edilicias. En cuanto al salario solicitan que se sumen 10 mil pesos al básico y se aumente del 55 al 120% el plus por “peligrosidad” que en la actualidad es de 5.457 pesos.

Luciano Giachetti, trabajador del Instituto de Máxima Seguridad “Leopoldo Lugones” de Azul, dijo a PolíticayMedios: “Nos están dejando de lado y no somos los únicos en la provincia” y enumeró “los trabajadores de la salud, los judiciales, todos están enrolados en esta situación, en nuestro caso las bases dijeron basta y acá estamos”.

En el 2019 la Junta Interna y Delegados de ATE de Instituciones Penales del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, había denunciado la situación de inseguridad laboral y vulneración de derechos en la cual venían realizando sus tareas ante la desidia y abandono de la ex gobernadora, María Eugenia Vidal al sistema de encierro de la niñez.

Por aquel entonces las demandas laborales –aún sin pandemia- eran muy similares a las de hoy.

En el informe anual presentado ayer por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura ante la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso Nacional, se hace hincapié en que la actual gestión de Alberto Fernández permitió una "mayor receptividad para aceptar cambios que transformen los lugares de encierro con una mirada muy clara respecto de las condiciones que deben tener las personas para garantizar el ejercicio de sus derechos", pero también se refrendaron  las conclusiones que expuso en su informe anual 2019 sobre “colectivos especialmente vulnerables, como las mujeres cis y trans, niños, niñas y adolescentes, y personas con padecimientos mentales”, y se lamentó que “no se hayan registrado avances sobre la vulneración especialmente diferenciada de sus derechos”.

Las demandas de los trabajadores pueden ser el puntapié inicial para comenzar a revertir desde la política lo que la Directora del Instituto Gino Germani de la UBA viene sosteniendo:  "No creo que a nadie dentro del encierro se le pueda enseñar a vivir afuera. Y mucho menos a los jóvenes. Y menos aun cuando pasan las horas de sus días sin hacer nada, sin ir a la escuela, sin tener papel para escribir... cosificados”.

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