CRONOGRAMA PROTOCOLAR
La Cámara de Diputados inicia este martes el debate en comisión sobre el aporte extraordinario a las grandes fortunas. En estas semanas se va a hablar mucho de esta contribución, pero, además de debatir sobre ella, comienza a ser hora de hablar sobre las grandes fortunas. No porque toda gran fortuna en Argentina tenga un origen oscuro, sino porque toda gran fortuna en Argentina debe tener un origen lícito.
La fuga de capitales, la evasión fiscal y el lavado de dinero están íntimamente ligados y constituyen una de las formas más usuales de drenar riqueza desde los países en desarrollo para así construir algunas de las “grandes fortunas”. Como comentó en la década del ´80 un funcionario de la Reserva Federal de los Estados Unidos a propósito del esquema de fraude basado en la evasión y la fuga: “El problema no es que los países que tomaron deuda externa no tienen bienes. El problema es que esos bienes están en Miami”, a los que podríamos agregar que en el caso argentino también están en Punta del Este.
Este tipo de operatoria criminal adquirió escala industrial hacia comienzos de los años 70´ a partir de la disponibilidad de capital para los países del Tercer Mundo de aquel entonces en forma de créditos a muy baja tasa de interés que finalmente terminaban engrosando la cuenta de las deudas externas de cada país. Sobre este dispositivo que se retroalimenta (evasión, lavado y fuga) se monta la desigualdad social.
Según estimaciones del Instituto Mundial de Investigaciones para el Desarrollo de la universidad de las Naciones Unidas en Tokio –sobre datos del propio FMI- en nuestro país se evade de pagar impuestos una suma que representa el 5,1% de nuestro PBI anual, lo que significa aproximadamente U$S 21.000 millones a valores del PBI de 2018. A nivel internacional, Argentina tiene el mismo nivel de evasión de Pakistán: un estado muy pobre y fallido gobernado por una dictadura militar. En la región latinoamericana, como vemos en el cuadro anterior, nuestro país está primero y supera por lejos a Guatemala (3,4%), segundo país en la lista, seguidos de Costa Rica (2,8%), Haití (2,7%) y Nicaragua (2,7%). Para tener un punto de comparación y una dimensión de la enormidad que representan los valores anteriores, el nivel de evasión en Canadá es del 0,27% de su PBI y en Uruguay de 0,86%.
El paso posterior a la evasión de impuestos es la fuga y el lavado de esos fondos. En ese sentido, era de esperar que Argentina tampoco mostrase buenos indicadores. En la primera columna del cuadro anterior podemos ver el ranking de los seis países latinoamericanos donde hay mayor riesgo de lavado de dinero y, por lo tanto, es más fácil realizar estas operatorias criminales. El puesto que ocupa la Argentina en ese “podio” evidencia la incapacidad crónica del Estado para fiscalizar y controlar los recursos y los flujos financieros, abriendo la puerta a la fuga de capitales.
En la columna de la derecha del cuadro anterior podemos observar el lugar que cada uno de los países de ese top 6 latinoamericano ocupan a nivel global: Haití y Paraguay se encuentran entre los 20 países del mundo donde más fácil es lavar dinero, Nicaragua y Argentina entre los 25, y Ecuador y Panamá entre los primeros 35. El ranking a nivel global evalúa a 125 países y en los últimos tres puestos –es decir donde menor riesgo de lavado hay- están Estonia, Finlandia y Nueva Zelanda.
La evasión y el lavado de dinero tienen como consecuencia natural la acumulación de grandes volúmenes de riqueza en el exterior de las regiones que la crean. A través de la operatoria de complejos entramados financieros off-shore –los Panamá Papers fueron sólo la punta de un iceberg- que permiten, lisa y llanamente, borrar el origen de los fondos y evitar el pago de impuestos, esa riqueza es fugada. Una vez en el exterior, esos capitales son redireccionados a su verdadero destino: bancos suizos, británicos, uruguayos y estadounidenses o, directamente, activos –mansiones, yates, autos, motos, obras de arte, etc.- en diferentes partes del mundo (para el caso argentino principalmente Miami y Punta del Este).
Décadas de endeudamiento externo, inestabilidad económica, permisividad estatal frente a la evasión y lavado de dinero han permitido que un volumen importantísimo de divisas se haya fugado del país. Al año 2010 –se estima que luego del proceso de fuga promovido por el gobierno de Mauricio Macri las cifras sean bastante más grandes- la Argentina se encontraba octava en el ranking de economías emergentes por stock de capital fugado. Entre 1970 y 2010 se habrían fugado de la Argentina u$s399.000 millones. Estas son cifras conservadoras dado que es muy difícil rastrear ese dinero, por lo que se especula que la fuga podría ser todavía más alta, en el orden del 35%/40% más.
La evasión a gran escala –además de desfinanciar al Estado y los servicios que éste presta- tiene como consecuencia que los impuestos recaigan en el consumo en vez de en las rentas personales (grandes salarios, dividendos, intereses y otros ingresos que una persona gana durante el año). Los países desarrollados recaudan casi 6 veces más a través del impuesto sobre las rentas personales que los países de Latinoamérica. Esto afecta la capacidad fiscal de los Estados mientras que atenta contra la posibilidad de aplicar políticas redistributivas, incrementando consecuentemente la desigualdad social.
Argentina no es país pobre, es un país empobrecido. La crisis económica que ya se siente en nuestro país por causa de la pandemia sumada a la crisis económica legada por el gobierno anterior requiere no sólo un accionar más efectivo del Estado para evitar mayores penurias a la población, sino que también exige dotarlo de recursos para financiar tanto las medidas paliativas como políticas públicas activas que dinamicen la economía al tiempo que equilibren la profunda desigualdad social. Sin enfrentar el severo problema de evasión, lavado y fuga que tiene Argentina, emprender la reconstrucción del país bajo la clave del desarrollo y la inclusión será una quimera, echar agua en un cántaro roto.
