TRASPASO DE PRESIDENCIA
La rebelión de la Policía Bonaerense, la consecuente “acción reparatoria” por parte del Gobierno Nacional y la quita del 1% de fondos coparticipables a la Ciudad para financiar ese aumento, expusieron, por un lado, ciertas limitaciones de la gobernanza bonaerense y también que Alberto Fernández no dudó en adoptar una medida que rompe la paz de la pandemia y muestra hasta dónde puede llegar su vocación dialoguista.
Sobre esta última característica conviene recordar una definición dada por una de las principales espadas macristas del Congreso, a una semana que asumiera el por entonces presidente electo y con una cuota de ironía: “No confronta directamente como Cristina, pero es un hombre de diálogo cuando ese consenso que se busca termine dándole la razón”.
En sus 9 meses de mandato, Fernández, siguiendo más o menos la agenda de su poderosa vicepresidenta, adoptó medidas polémicas como la frustrada nacionalización de la cerealera Vicentin o la reforma Judicial con el agregado del “Consejo Beraldi”, el grupo de expertos que con la presencia del penalista de Cristina Kirchner buscar realizar aportes para reformar la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.
La cuestión es que la “anárquica” protesta de la Policía Bonaerense, sin líderes claros, movilizada en varias ciudades y con un paso en falso como lo fue la marcha sobre la Residencia de Olivos, fue anunciada al menos cinco días antes por redes sociales. Así, se expuso la falta de anticipación del ratificado ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, pero también una tardía reacción del Ejecutivo que comanda Axel Kicillof que, a la postre, terminó agudizando el conflicto. Pareció el mismo comportamiento de hace semanas, cuando los intendentes y dirigentes locales venían alertando sobre las tomas de terrenos en el Conurbano.
Sobre este fenómeno, el último miércoles un tribunal de alzada platense ordenó el desalojo del terreno de Guernica y en La Plata esperan que el juez elabore un protocolo para llevar adelante el procedimiento. Aún es un enigma sobre cómo expulsarán del campamento a 2500 familias, con niños incluidos, sin generar una postal de violencia.
Ambas problemáticas, la policial y las tomas de tierras, también exponen la falta de cintura política en la órbita provincial que, por lo bajo, viene siendo señalada por los intendentes peronistas del GBA. Justamente fueron los alcaldes quienes habían reclamado al presidente Fernández el plan de seguridad de $37 mil millones que se comunicó el viernes pasado. Ese anuncio teatralizado obvió la situación salarial de los efectivos policiales que, a sus magros ingresos, le suman el corte de suplementos legales, como la custodia de espectáculos públicos, y “non sanctos” que hacen a la recaudación de cada jefatura distrital.
Semejante rebelión no sólo mostró un quiebre en la cadena de mando sino una ceguera para dilucidar de dónde provenía el principal malestar: de los más de 45 mil uniformados surgidos de las policías locales que por, una enmienda de María Eugenia Vidal, dependen de la Provincia. Conocedores de los réditos electorales del discurso punitivista, ahora muchos alcaldes aspiran a volver administrar esta fuerza.
Lo que dejaron en claro las marchas y contramarchas de las últimas horas es que los intendentes prefieren al presidente como interlocutor para resolver los problemas más urgentes. No en vano, Alberto Fernández se rodeó de alcaldes peronistas y opositores del Conurbano cuando el pasado miércoles anunció la creación del fondo de fortalecimiento fiscal de la Provincia para destrabar el conflicto policial que, para el año próximo, prevé una transferencia de $45 mil millones. Fue una decisión improvisada pero anticipada en febrero pasado al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, lo que no evitó que -por esas horas- despertara la furia en el la sede gubernamental de Parque Patricios. Le avisaron por WhatsApp “un minuto antes” del mensaje televisivo, precisó el alcalde porteño.
Quedó claro, por otra parte, que los discursos presidenciales contra “la opulencia” de la Ciudad de Buenos Aires y los hirientes tuits de Cristina en la misma dirección de las últimas semanas, daban cuenta que el recorte se venía cocinando a fuego lento. Sólo faltaba un emergente para darlo a conocer.
El ministro del Interior, Wado de Pedro, que le había anticipado a Larreta la medida sólo 4 minutos antes del chat presidencial, negoció al día siguiente una solicitada en apoyo a la redistribución de fondos con 19 gobernadores. Sólo faltó la rúbrica de los opositores y el cordobés Juan Schiaretti, que más allá gobernar un distrito de fuerte voto macrista, no vio con simpatía la audiencia que el jefe de Estado le concedió al senador Carlos Caserío el lunes pasado, quien le juega de “opositor” en su provincia en alianza con el kirchnerismo local.
Con todo, en la Casa Rosada no se sorprendieron por la reacción de Larreta ni su decisión de recurrir a la Corte Suprema para anular el decreto que, justifican, replica el mismo mecanismo legal que utilizó Macri cuando en 2016 le subió a la Ciudad los fondos coparticipables en un 3,7% con la excusa del traspaso de la Policía Federal. Ahora en la Ciudad argumentan que se trata de una medida “inconstitucional” que busca “dividir a los argentinos” y ha mellado el diálogo que había propiciado el manejo de la crisis sanitaria devenida del COVID.
Larreta, en su conferencia del anochecer del jueves, en el que buscó “nacionalizar su figura” con vistas al 2023, reconoció que no cortará los canales de diálogo con la Nación. De hecho, en una semana debería volver a Olivos para definir la próxima etapa del ASPO con Fernández y Kicillof.
En el Gobierno Nacional tampoco quieren romper lanzas. Más allá de las medidas adoptadas durante la gestión, saben que deben cuidar las formas que hacen al perfil moderado que busca dibujar sobre sí el propio presidente. “De parte nuestra seguro vamos a intentar seguir conversando. Institucionalmente cómo no van a seguir hablando”, se preguntó un funcionario de Jefatura de Gabinete. Consciente de la bronca del alcalde porteño, opinó que “saben que, más allá de la calentura, no tienen razón. Y también sabían que iba a pasar. Macri les había subido un 3,7%, por decreto, como nosotros, porque estos recursos van por afuera de la Coparticipación”. En este último argumento estaría la base de la confrontación legal entre ambas jurisdicciones.
En Casa Rosada remarcan que, tanto la Ciudad Autónoma como Tierra del Fuego, al ser territorios nacionales al momento de la reforma de la Coparticipación Federal en 1988, no se rigen por los patrones distributivos de esa normativa. “No existían como provincias cuando se sancionó, por eso lo que esos recursos coparticipables para esos dos distritos se fijan” por parte del Ejecutivo.
Habrá batalla judicial: la Corte Suprema, que tiene que definir por estas horas si opina o no sobre el traslado de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia que investigaron al kirchnerismo, deberá decidir si es legal la quita de recursos a las arcas porteñas. Se trata del cuerpo de magistrados cuya tarea, de alguna manera, está siendo auditada por el consejo consultivo creado por el Ejecutivo en el cual talla el movedizo Carlos Beraldi, quien comenzó a caminar los pasillos de Casa Rosada pocos días después de la asunción presidencial. A diferencia de lo que ocurre con la economía, nadie podrá cuestionar que no había en el oficialismo un plan para “aggiornar” a la Justicia.
