“AUMENTOS ABUSIVOS” Y “CARTELIZACIÓN”
Como bien social y organizador de la vida de los ciudadanos, la tierra ha tenido en los últimos años un esquema entre los que pueden acceder y los que, en cambio, no tienen ninguna posibilidad de acceso. En esas circunstancias, donde el precio de la tierra cotiza en otra moneda extranjera y donde el Estado ha sido un pobre oferente para instalar a sus ciudadanos, no era de extrañar que el desmadre empiece a tomar calor, como lo podemos observar en los últimos acontecimientos que fueron sucediendo en diferentes partes del país.
Por supuesto que se debe condenar cualquier acto de ilegalidad de toma de tierras sin autorización previa. Eso es un delito, con todas las letras, y quien debe tomar una posición firme y actuar a la brevedad, por supuesto que es la justicia.
En la Patagonia, los casos de toma de tierra han sido en varias oportunidades llevadas a cabo por Mapuches originarios, o en algunos casos más recientes, como en la ciudad de Centenario, por primos lejanos de algunos miembros de Mapuches. El tema central, es que parece un modus operandi de aquellas organizaciones que ven en la tierra la posibilidad de una construcción social y económica para sí mismos. El reclamo de tierra es ancestral, y hasta parece oportunista, como es el caso del Campo Maripe en Añelo, capital de Vaca Muerta.
En varias partes de nuestra Argentina se han producido asentamientos ilegales de familias vulneradas sin posibilidad de acceder a las tierras. Por supuesto, en medio de toda esa necesidad, aparecen profesionales de tomas que luego lucran con la necesidad.
Lo que es claro es que hace varios años el Estado no es un oferente claro de tierras fiscales para desarrollar loteos sociales. Deja que el mercado planifique por sí solo lo que, en teoría, debería hacer la política pública. Es muy importante que el desarrollo urbano sea planificado, con presencia del Estado para favorecer a aquellas personas que el mercado excluye. También es necesario que actué como órgano disciplinador de aquellos que quieren lucrar con la toma de tierras, para luego desarrollar negocios inmobiliarios que tienen como único objetivo ensanchar sus bolsillos, lejos de dar soluciones a los más vulnerados.
Pero también, las tomas ilegales de tierras no discriminan las clases sociales. En la ciudad de Neuquén, recientemente el intendente actual promulgo una ordenanza que el macrismo de la ciudad había archivado y, por ese efecto administrativo, no se podía cobrar la multa a uno de los Barrios VIP más destacado de la ciudad por tomar hectáreas a orillas del Rio Neuquén sin autorización municipal. En este barrio vive mucha gente de clase alta, donde esas tierras fueron utilizadas para el desarrollo de su campo de golf.
Y en este escenario lo legítimo y lo legal entran en juego. Por un lado, las leyes aseguran para cada individuo el derecho a la vivienda, pero, por el otro, aseguran el derecho a la propiedad privada. El Estado es propietario de miles de tierras y, el ciudadano, en su ejercicio legítimo, quiere poseer de alguna manera ese derecho divino. Pongámoslo de otro modo: si el Estado no ha cumplido con sus obligaciones fundamentales expulsando a aquellos individuos del sistema de Derecho para obligarlos entonces prácticamente al instinto de supervivencia, ¿por qué tales individuos deberían “respetar” los términos y condiciones que la ley estatal establece en torno a las tierras fiscales? Podría pensarse, entonces, que cuando el “contrato social” entre partes se quebranta por una de ellas, lo legítimo pasa a relacionarse con la supervivencia y con las medidas que ésta última implique. El bien equivaldría a sobrevivir. Naturalismo puro. Y, acaso, ¿podría haber alguien que observando cómo una persona abandonada por su Estado padece el frío, el hambre y el abandono, no deseara que esa misma persona simplemente se asegure lo que necesite en pos de subsistir, por ejemplo, una mínima porción de tierra? En este sentido, la solidaridad y la empatía colectivas también juegan un rol importante cuando se reflexiona sobre la legitimidad de los acontecimientos.
La temática es sumamente compleja: se debe tener sentido social y el Estado debe ofertar tierras fiscales para evitar las desigualdades y las especulaciones inmobiliarias. También considerar que los años de descuido en el contrato social, provocaron hartazgo y acciones de supervivencia que van más allá de las leyes. Como sociedad no podemos mirar para otro lado; la tierra es un bien colectivo, con concesiones privadas y desigualdades enormes. Necesitamos generar equidad para tener una sociedad que piense en el desarrollo y no en la supervivencia.
