“AUMENTOS ABUSIVOS” Y “CARTELIZACIÓN”
El país vive en un estado de emergencia permanente, producto del continuo avance del coronavirus -que apunta desde su inicio a socavar las bases del sistema sanitario-, pero que además arrastra una situación económica en caída libre y que no logra despegarse del estancamiento en el sistema productivo nacional generado por la implementación de las políticas neoliberales aplicadas durante el Gobierno de Juntos por el Cambio.
La única certeza que expone la pandemia en el contexto mundial demuestra que, sin una vacuna al alcance de la mano, no hay otra forma de controlar la expansión del COVID-19 que no sea a través del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Ahora bien: es evidente que este caos global trae aparejado consecuencias sanitarias, económicas y sociales sin precedentes que ponen de manifiesto un impacto mucho más cruel sobre los sectores de la sociedad más marginados.
El reciente informe realizado por las Naciones Unidas en Argentina busca medir las modificaciones en el contexto socioeconómico que está produciendo la pandemia en el país. Allí puede observarse que la necesidad por parte del Gobierno nacional de adoptar medidas restrictivas para la circulación habitual de las personas fue claramente una decisión acertada desde una perspectiva sanitaria, pues logró limitar la expansión del virus sobre un sistema de salud que tenía todos los boletos para colapsar si no se hubiera actuado a tiempo.
Pero, por otro lado, encontramos que este escenario de emergencia puso de manifiesto rigurosas problemáticas sociales contempladas, por ejemplo, en un porcentaje de las familias que generan sus ingresos con un empleo informal o independiente. En este sentido, dicho trabajo de investigación señala que el 55% de las viviendas tiene como jefe/a de hogar a un empleado/a en relación de dependencia y de los cuales el 16% es pobre. En tanto que el 22% de los hogares tiene como jefe/a a un asalariado/a no registrado/a y donde además el 43% de ellos es pobre. Por último, el 23% de los hogares presenta como jefa/e a un trabajador cuentapropista y entre éstos, el 35% se encuentra dentro de las fronteras de la pobreza.
¿Qué relación podemos establecer entre estos datos y la limitación en la actividad laboral producto de la pandemia del coronavirus?
En principio, es evidente que, para aquellas familias que cuentan con una jefatura de hogar con trabajo en relación de dependencia registrado, adoptar la decisión gubernamental de “quedarse en casa” es posible en su funcionamiento sólo si su salario se mantiene estable, pero además esta situación da lugar al interrogante sobre cuán sostenible es para las empresas (que ya se encontraban en alerta por su realidad crítica previa a la explosión de la pandemia y con un mercado interno en agonía) abordar este momento de reducción en la actividad pero con el mantenimiento en sus obligaciones. Por otro lado, el informe expone que, poco menos de la mitad de los hogares, es liderado por un trabajador independiente e informal, a quienes el aislamiento condena a dejar de percibir sus ingresos y, en consecuencia, ver sus efectos colaterales en la insatisfacción de sus necesidades básicas. Si buscamos poner en números lo expresado desde la teoría, encontramos que al menos el 60% del total de hogares ha visto disminuir su capacidad adquisitiva desde el inicio de la pandemia, pero destacando que esta pérdida se incrementa al 63% si nos enfocamos en los barrios marginados o asentamientos; al 70% en los destinatarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y al 75% entre los hogares con más de cinco miembros.
Cuando realizamos una comparación entre los bienes y servicios que las familias tuvieron que dejar de consumir como producto de una baja en su poder de adquisitivo, encontramos una diferencia considerable entre aquellos hogares que previamente al coronavirus ya presentaban realidades sociales diferentes. Así vemos, que poco más del 39% de las viviendas ha tenido que dejar de pagar algún servicio como luz, gas o teléfono y el 28% se encontró con la situación de dejar de consumir algún alimento que conforma la canasta básica como los lácteos, carne o verduras. Estos valores ascienden al 45% y al 46% respectivamente, si observamos el impacto sobre los hogares ubicados en los barrios marginados y asentamientos.
Según los datos que se desprenden del último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en el segundo semestre de 2019 la pobreza afectaba al 53% de los niños/as y podría escalar al 58,6% hacia fines de 2020. En términos de volúmenes de población implicaría que casi 8 millones de niños, niñas y adolescentes vieran afectada su situación socioeconómica producto de una carencia evidente en las posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas.
El análisis realizado muestra fuertes desigualdades que se relacionan con la crisis económica, el estancamiento en la actividad laboral y las condiciones culturales y habitacionales; pues la incidencia de la pobreza aumenta significativamente (94%) cuando este segmento social reside en hogares donde la persona adulta de referencia se encuentra desocupada; varía al 84% cuando el jefe/a de hogar mantiene un trabajo informal o se incrementa al 93% cuando la situación de convivencia familiar se da en un contexto de bajo nivel de educación. Por último, es importante señalar que la ubicación de la vivienda es una de las características que más incide en la desigualdad ya que se piensa que 9 de cada 10 niños/as que viven en barrios populares o asentamientos se encontrarán dentro de los límites de la pobreza para finales de 2020.
Hemos observado con algunos datos relevantes en términos socioeconómicos que los efectos del coronavirus no se muestran homogéneos sobre la población a la que apunta, pues es evidente que hay una gran influencia enmarcada sobre las condiciones básicas preexistentes de los involucrados, su capacidad de respuesta; como así también del apoyo que se les brinde desde el Estado, las políticas públicas a implementarse y el compromiso solidario de los que ocupan la mejor posición en la pirámide de la distribución de la riqueza.
Pues, si en la trinchera sanitaria los trabajadores de la salud son la primera línea frente al avance del coronavirus; contemplamos también que los sectores marginados de la sociedad funcionan como la barricada más frágil y sin herramientas necesarias para afrontar las consecuencias negativas que expone la pandemia, ni mucho menos con las posibilidades reales de sortear los efectos que el COVID-19 viene generando en la economía argentina. El punto a destacar es que, frente al clima de incertidumbre que muestra la realidad actual, se abren interrogantes sobre la dimensión temporal de esta crisis, enmarcados en el temor a que lo que se entiende como coyuntural y propio de una situación extraordinaria se convierta en una problemática estructural que implique el incremento de nuevos sectores sociales al ámbito de las actividades laborales informales o al condicionamiento de una situación de pobreza más duradera que lo esperado.
En este sentido, la realidad socioeconómica que se expande a nivel mundial y que también se edifica en nuestro país, es la expresión de la cara más visible del COVID-19 que, simultáneamente, pone de manifiesto las desigualdades sociales preexistentes y da lugar a la búsqueda de respuestas más certeras y prioritarias dentro de este escenario de plena incertidumbre.
Por: Esteban Pastoriza (Técnico Universitario en Comunicación Social -Licenciado en Ciencia Política)
