La Cámara Federal de Capital Federal confirmó el procesamiento de once intendentes y ex intendentes del PJ bonaerense en el marco de la causa GIRSU, que investiga el uso de fondos públicos para obras medio ambientales y que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadío.

Vale recordar que el juez de Comodoro Py procesó a 92 intendentes de todo el país en febrero de 2019, entre los cuales había 47 de distritos bonaerenses, en su mayoría pertenecientes al Partido Justicialista.

Los once jefes comunales de la provincia que continúan procesados son Jorge Eijo (General Belgrano); Gustavo Walker (Pila); Francisco Iribarren (Florentino Ameghino) Ricardo Casi (Colón); Héctor Olivera (Tordillo); Diana Arguello (Lobería);; Marta Médici (Alberti); Ricardo Curetti (Carmen de Patagones); Carlos Racciatti (Lezama); Francisco Gutiérrez (Quilmes); y Francisco Durañona (San Antonio de Areco).

En cambio, la Cámara integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi dictó la falta de mérito para 15 intendentes y el sobreseimiento para uno de ellos.

Los que celebraron su falta de mérito en pleno proceso electoral fueron José Inza (Azul); Pablo Zurro (Pehuajó); Alberto Connochiari (Leandro N. Alem); María Giannini de Lafleur (Carlos Tejedor); Walter Torchio (Carlos Casares); Gastón Arias (Brandsen); Néstor Álvarez (Guaminí); Martín Caso (Rojas); Gustavo Trankels (Tornquist); Marcos Fernández (Monte Hermoso); Enrique Tracik (Hipólito Yrigoyen); José Medina (General Arenales); Juan Carlos Bartoletti (General Viamonte); Gustavo Cocconi (Tapalqué) y Francisco Echarren (Castelli).

Por otra parte, intendente de Carmen de Areco, Marcelo Skanski, fue sobreseído por la Cámara de Apelaciones.

Vale recordar que la causa que lleva adelante el juez que tiene a su cargo la mayoría de las causas que pesan sobre Cristina Fernández de Kirchner, investiga, en este caso, una presunta malversación de fondos de una suma aproximada de 600 millones de pesos que debería haber sido destinada al tratamiento de residuos entre 2013 y 2015.

Sin embargo, el juez considera que dicha malversación estuvo en realidad ligada a un “reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo de las políticas ambientales estatales”.