La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a dos funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia acusados de formar parte de una organización delictiva que desviaba fondos destinados a la carga de combustibles para autos oficiales. Las detenciones se produjeron tras allanamientos realizados ayer en City Bell, Punta Lara, Berisso y La Plata.
Durante los procedimientos realizados ayer por efectivos de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado fueron detenidas dos personas de 47 y 57 años, ambos con cargos de jefes de departamento dentro de la cartera educativa provincial, quienes quedaron a disposición de la justicia acusados de “asociación ilícita, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito”.
La causa comenzó a comienzos de 2018 cuando detuvieron a un hombre con varias tarjetas de débito pertenecientes a la Dirección General de Cultura y Educación, que dirige Gabriel Sánchez Zinny. De ahí que desde el gobierno provincial le haya puesto el rimbombante nombre de "mafia a de las tarjetas de débito" a un grupo de personas que estafaban al Estado provincial.
Desde Provincia, con Cristian Ritondo como vocero, valoraron la colaboración de la Dirección a cargo de Sánchez Zinny en la investigación. Sin embargo, no es la primera vez que bajo su conducción se producen hechos graves de corrupción política.
En junio de 2018 se filtró un audio en el que el ex director de Infraestructura de la Dirección General de Escuelas, Mateo Nicholson, le pedía a una colaboradora suya "inventar" e inflar presupuestos de la construcción de cocinas escolares.
“Pasame las 79 cocinas con los montos, que dé alrededor de 80 millones, que fue lo que yo pasé, porque vos me habías dado que las primeras diecisiete el promedio daba 700.000 pesos y yo lo tiré para arriba y dije que nos iban a costar en promedio un millón, con lo cual 79 cocinas son 79 millones”, decía el funcionario en el audio.
Nicholson renunció y la justicia bonaerense archivó la causa penal en la que se lo investigaba por "fraude en perjuicio de la administración pública", cuya denuncia había presentado la senadora bonaerense María Teresa García.
En la causa por desvío de fondos interviene en la UFI N° 16, a cargo del Doctor Juan Cruz Condomí Alcorta; y el Juzgador de Garantías N° 5, de la Doctora. Marcela Garmendia; perteneciente al Departamento Judicial La Plata.
