La gobernadora María Eugenia Vidal y el Procurador bonaerense Julio Conte Grand obtuvieron un nuevo avance en su intención de destituir al juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, La Comisión Bicameral de Enjuiciamiento a Magistrados ratificó la acusación que el jefe de los fiscales bonaerenses realizó luego de que el juez rechazara el pedido de detención de Pablo Moyano.

La votación fue de nueve votos a favor y tres en contra realizados por legisladores de la oposición. Días atrás, el presidente de la Suprema Corte de la Provincia, Eduardo Pettigiani, prorrogó por noventa días más el apartamiento preventivo que la Comisión había iniciado el pasado 4 de diciembre.

Ahora tocará a la defensa del juez apartado, encabezada por el abogado Diego Raidán, realizar su descargo para luego iniciar la etapa del juicio político. Sin embargo, Pettigiani deberá resolver antes el pedido de nulidad de la prórroga del apartamiento que presentó la defensa del juez. Es que según sostuvieron, la decisión de la prórroga debía tomarse el 6 de marzo pero Pettigiani lo resolvió el 25 de febrero.

Además, según indicaron desde el entorno de Carzoglio, se habría visto afectada "la defensa en juicio ya que nunca leyeron los argumentos vertidos por nosotros en un escrito presentado el 27 de febrero", en referencia a un documento con 2.300 firmas a favor de la restitución del juez que los abogados entregaron.

El caso volvió a tomar relevancia mediática el 25 de febrero, cuando el ex presidente Eduardo Duhalde se presentó ante el polo judicial de Avellaneda como co defensor de Luis Carzoglio. "Vengo a ejercer mi profesión de abogado de un amigo de hace treinta años", declaró luego de la presentación.

Tras ello, Conte Grand retomó la ofensiva a través de una operación mediática encabezada por el periodista Luis Majul, quien afirmó en el canal A24 que el fiscal Scalera habría descubierto, mediante escuchas telefónicas, una reunión entre Carzoglio y Moyano para celebrar la libertad del líder camionero.

Sin embargo, para esto hubiera sido condición necesaria que el teléfono del juez apartado esté intervenido orden judicial mediante. Pero esto lo negó el titular del juzgado correccional Nº 5 de Lomas de Zamora luego de la presentación de un hábeas corpus por parte de la defensa de Carzoglio. No sólo esto, sino que el juzgado remitió a la fiscalía general para que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública durante la obtención de la información vertida por el periodista.