Tras la presentación del ex presidente Eduardo Duhalde como co-defensor del juez apartado Luis Carzoglio, sectores de la política y la justicia reforzaron la presión sobre el magistrado que rechazó en octubre de 2018 el pedido de detención que el fiscal Sebastián Scalera realizó sobre el gremialista Pablo Moyano.
Días atrás se conoció, a través de un diario de tirada nacional, que el Presidente de la Suprema Corte de la Provincia, Eduardo Pettigiani, prorrogó el apartamiento preventivo por noventa días más -había sido apartado por el mismo plazo el 4 de diciembre- en el marco del jury que el procurador bonaerense Julio Conte Grand impulsó sobre Carzoglio cuando este rechazó el pedido de detención sobre Moyano y denunció a la Procuración y a la AFI por aprietes durante el trámite de la causa.
Ayer, el periodista Luis Majul, a quien le llega la información antes que a la Justicia y a los abogados defensores, adelantó, en su programa del canal A24, que el fiscal Scalera habría descubierto que los celulares de Carzoglio y Moyano se encendieron en la misma zona, unos veinte días después del rechazo al pedido de detención. Además, reveló que podrían realizarle una denuncia a Carzoglio por prevaricato ante la justicia federal.
Una denuncia ante la justicia federal carecería de sustento jurídico, ya que Carzoglio es un juez provincial y los tribunales federales no tienen jurisdicción en dicha causa. Consultada por este medio, la defensa del juez de Avellaneda informó que no fue notificada de ninguna nueva investigación y que "el Código Procesal Penal de la Provincia dispone en su artìculo 60 que debería haber sido notificado".
Como esto último no sucedió, los abogados defensores adelantaron a este medio que "mañana presentaremos un Hábeas Corpus Preventivo en el Juzgado de Garantías 10 de Avellaneda a los efectos que nos digan quién lo investiga".