Este fin de semana, La Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de la Perla Amazónica (ADISPA), denunció el asesinato de uno de sus dirigentes, Otto Valenzuela, quien fue hallado con un disparo en la espalda. Valenzuela se suma a una larga lista de líderes asesinados.

Según denunciaron diversos movimientos sociales durante el mes de octubre de este año cayeron bajo las balas de los sicarios y paramilitares al menos 4 dirigentes sociales, en lo que va de 2018 la cifra llega a 170, y si se toma como punto de partida los Acuerdos de Paz, firmados en 2016, el número se eleva a 475.

Organismo de derechos humanos y organizaciones sociales aseguraron que se trata de una masacre silenciosa, sistemática y organizada y denunciaron la falta de respuestas del anterior gobierno de Juan Manuel Santos y del actual de Iván Duque.

En julio de este año, el representante en Colombia del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alberto Brunori, señaló su preocupación por los graves hechos.

En aquel momento el representante de la ONU, en declaraciones al diario colombiano El Tiempo, aseguró que “las víctimas son defensores y defensoras cuya muerte genera en las comunidades, sobre todo en áreas rurales en las que vivieron más de cerca el conflicto, una preocupación enorme. Es decir, pasaron del miedo al conflicto al miedo a que pueda haber asesinatos selectivos de líderes”.

“Vemos muchos casos de defensores o líderes que tienen que ver con la defensa de la tierra, con la oposición a megaproyectos o con denuncias sobre cultivos ilícitos. Hemos recibido cinco casos de líderes de una campaña de un excandidato a la presidencia y también sabemos de asesinatos de excombatientes de las FARC”, sostuvo.

Brunori afirmó que “hay que superar la investigación de casos con autores materiales e ir a las estructuras criminales detrás de estos asesinatos. Creo que ese es el salto que se necesita hacer para asegurar una efectiva lucha contra la impunidad. El sicario no se mueve solo, alguien lo paga, alguien le da una instrucción y ejerce una actividad, por supuesto ilícita, criminal”.

Las organizaciones sociales denuncian que, desde aquellas declaraciones del representante de la ONU hasta la actualidad han pasado tres meses y ha cambiado el gobierno, sin embargo, los crímenes no se han detenido y la inacción del Estado permanece.