Como a los docentes bonaerenses la semana pasada, el gobierno de María Eugenia Vidal emitió un decreto en el que ratificó un incremento salarial para los trabajadores judiciales de la Provincia del 19% hasta septiembre, sin que existiera acuerdo paritario. La medida tomada de forma unilateral por Provincia fue denunciada por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

El decreto es justificado con el argumento de que "las partes involucradas no han logrado consensuar un acuerdo respecto de las pautas salariales". El escrito aclara que la medida es "sin perjuicio de la continuidad de las mesas de diálogo" por lo que no es considerada por el gremio como el cierre de las negociaciones.

De todas formas, el gobierno bonaerense consideró, como con los docentes, "determinar el pago de anticipos a cuenta de la política salarial que finalmente se acuerde con los agentes del Poder Judicial".

El secretario general de la AJB, Pablo Abramovich, declaró a la agencia DIB que "el gobierno insiste en su política de consolidar decisiones unilaterales como lo viene haciendo este principio de año". Además, consideró que, a pesar de que no se cierre el diálogo, el decreto adelantó que el gobierno no tiene intenciones de contemplar los pedidos de incrementos salariales que demandan los sindicatos.

Las reuniones paritarias entre funcionarios de Gobernación y el gremio judicial no resultaron para alcanzar un acuerdo salarial. El gobierno de Vidal nunca se asomó a la escalada inflacionaria con sus propuestas. Como mediante las negociaciones no pudieron imponer salarios a la baja, la Gobernadora los impone por decreto. Un incremento por decreto del 19% cuando con los próximos datos del INDEC la inflación superará el 30% confirma que Vidal, si los gremios no ceden, impondrá el deterioro de la calidad de vida de los trabajadores.