La semana pasada, la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación aprobó el pliego para nombrar a Santiago Ulpiano Martínez como Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Bahía Blanca. Esto provocó la reacción de organismos de derechos humanos que ya habían presentado sus impugnaciones al nombramiento por considerarlo "un claro retroceso en el proceso de memoria, verdad y justicia contra los crímenes del terrorismo de Estado".

El planteo se funda en la actuación de Ulpiano Martínez como juez subrogante del Juzgado Federal N° 1 entre 2012 y 2015. Durante ese tiempo se encargó de entorpecer causas y proteger a quienes cometieron delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca durante la dictadura cívico-militar.

Desde ahí "rechazó constantemente pedidos de indagatoria a genocidas realizados por el Ministerio Público Fiscal" y "debió inhibirse de continuar investigando por su conocida relación de cercanía con los imputados", expresaron los organismos de derechos humanos.

Un caso es el del ex Capellán del Comando del V Cuerpo del Ejército, Aldo Omar Vara, quien en un juicio admitió haber tenido contacto con los detenidos del centro clandestino "La Escuelita", de Bahía Blanca. En abril de 2013, los fiscales del Ministerio Público exigieron la detención de Vara y fue rechazada por Martínez. Luego de que esa decisión fuera revocada por la Cámara de Apelaciones se apartó inmediatamente de la causa.

El otro caso resonante de quien está a un paso de ser fiscal es la protección a Vicente Massot, ex director del diario La Nueva Provincia, acusado por el secuestro y asesinato de dos obreros de los talleres gráficos de su diario durante 1976, Miguel Ángel Loyola y Enrique Heinrich, quienes también se desempeñaban como dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas de la ciudad. Martínez se negó a llamar a indagatoria a Massot, medida que había sido dispuesta por un Tribunal Oral Federal bahiense.

La red nacional H.I.J.O.S rechazó el pliego aprobado por la Comisión de Acuerdos del Senado el jueves 4 de octubre con la firma de senadores oficialistas y del bloque Justicialista. “Ulpiano Martínez es parte de la estrategia del Gobierno de Mauricio Macri para garantizar la impunidad para los culpables de crímenes de lesa humanidad”, sostuvieron.