Cuando la calma parecía adueñarse luego de la llegada de insumos y la vuelta al trabajo en el Astillero Río Santiago (ARS), una denuncia penal presentada por el ministro de Economía, Hernán Lacunza, contra los secretarios generales de ATE Provincia y ATE Ensenada encendió nuevamente el conflicto que inició en mayo, cuando la gobernadora María Eugenia Vidal nombró a Daniel Capdevila al frente del ARS y comenzó un periodo de vaciamiento en la fábrica ensenadense.

Es que el fiscal platense Marcelo Romero tomó la denuncia e imputó a Francisco Banegas y Oscar de Isasi por la manifestación que los trabajadores del ARS realizaron dentro del Ministerio de Economía bonaerense el pasado 18 de septiembre. Se los acusó de “coaccionar” a Hernán Lacunza al “abusar de los atributos que la representación conferida por las bases le otorgaron”. Además, los culpan por incitar a sus representados para que “ocupen violentamente las instalaciones”.

Esto fue desmentido categóricamente por el secretario general de ATE Ensenada, Francisco Banegas, al asegurar que “faltan a la verdad porque no hubo violencia ni al ingreso ni durante la presencia pacifica dentro del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires”. Además, apuntó contra Lacunza por violar “´la tregua´ a la que su gobierno se comprometió”.

La movilización e ingreso al Ministerio se efectuó por la suspensión de una reunión entre funcionarios y trabajadores, a la que se había comprometido a concretar el gobierno provincial en un acta firmada por Capdevila el 14 de septiembre. A través de su firma, el gobierno se comprometió a realizar un encuentro del que participarían el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y Hernán Lacunza. Ante la suspensión, los trabajadores ocuparon pacíficamente la sede de Hacienda.

Luego de la protesta, obtuvieron un nuevo compromiso, esta vez firmado por el ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre, para realizar finalmente la reunión. Esta se efectivizó el 27 de septiembre y tuvo un acuerdo en torno a la compra de insumos para reactivar el trabajo en la fábrica y la suspensión de los descuentos salariales que venía realizando el gobierno.

Ayer, con la imputación del fiscal, la Comisión Administrativa de ATE Ensenada denunció que los trabajadores del ARS “hemos sido víctimas una vez más del incumplimiento del ´acta acuerdo´ por parte del gobierno de María Eugenia Vidal”. Acusaron al ministro Lacunza de violar “el pacto al que se comprometió ante la mediación de la Pastoral Social de la Iglesia”.

En declaraciones a la prensa, Banegas avisó que “podrán desconocer una y muchas actas” pero “consideren que somos trabajadores con conciencia de clase”. Y concluyó que “nosotros no evaluamos déficit, pensamos en Soberanía y estamos convencidos que nuestra lucha es la de una mayoría que silenciosamente adhiere, porque al igual que a nosotros les han mentido sistemáticamente”.