La semana pasada, el bloque oficialista de concejales de San Isidro, que responde al intendente Gustavo Posse, no permitió el tratamiento de un proyecto de adhesión de la Ley de Extinción de Dominio en su distrito. Desde la oposición apuntaron contra el jefe comunal por no querer que "se devuelva lo robado" y que está "muy acostumbrado a actuar sin control" y que "la transparencia lo descoloca".

El argumento del oficialismo fue que "los municipios no adhieren a este tipo de normas ya que son de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional", como indicó el concejal Pablo Fontanet en los comentarios realizados debajo de una nota publicada por este portal. Es cierto. Pero también es cierto que esas declaraciones de adhesión se realizan a menudo en los concejos deliberantes y, muchas veces, contienen un alto valor simbólico.

Tanto es así que Gustavo Posse realizó una publicación el lunes 27 de agosto en sus redes sociales en la que afirmó que "estoy a favor de la ley de extinción de dominio" y agregó que "los legisladores del bloque Cambiemos San Isidro apoyarán la incorporación al sistema jurídico argentino de esta norma en la próxima sesión", contradiciendo a algunos de sus concejales.

El proyecto presentado por la agrupación vecinal ConVocación por San Isidro establece la creación de un Instituto distrital de la Extinción de Dominio. En una entrevista con el portal SM Noticias, el concejal Manuel Abella sostuvo que el cambio de posición de Posse responde "al oportunismo político, porque lo sale a decir después de la masiva marcha del 21 de agosto". Además, concluyó que "no descartamos que Posse rechace la extinción de dominio por la investigación judicial".