La avanzada del gobierno de María Eugenia Vidal para desfinanciar el Astillero Río Santiago (ARS) llegó a la Justicia. Su presidente, Daniel Capdevila, presentó una denuncia penal contra ex gerentes y miembros de ATE por la posible comisión del delito de administración fraudulenta. En la denuncia, Capdevila detalla supuestas maniobras de desvío de “ingentes sumas de dinero en favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) –Seccional Ensenada- y de contrataciones injustificadamente onerosas y gravosas en perjuicio del ARS”.

Para respaldar lo denunciado, Capdevila cita un fallo de los años 2014 y 2015 en el que el Tribunal de Cuentes bonaerense, hoy sin quorum para sesionar, “informa respecto de la detección de graves anomalías detectadas en relación con pagos efectuados a ATE, Seccional Ensenada”. Según el planteo del demandante, “el Honorable Tribunal de Cuentas dio por acreditado el incumplimiento de la Ley de Administración Financiera de la Provincia de Buenos Aires”.

También presume “la presencia de anomalías en diversas contrataciones del ARS que tienen la misma impronta de las demás, es decir, generar gravosos desembolsos del patrimonio del Astillero para favorecer a empresas contratistas, sospechosamente vinculadas con ATE o con algunos de sus principales directivos o referentes”.

Siempre según la denuncia del actual presidente del ARS, ATE “ejercía el control del Astillero de la siguiente manera: control administrativo a través de los ex gerentes; y la intervención en todos los temas del Astillero a través de los cuadros medios, utilizando la intimidación y coacción a todo aquel que no siguiera sus lineamientos”. Aquí vinculó al cuñado de un dirigente cercano al secretario general de ATE Ensenada, Francisco Banegas.

Esta denuncia forma parte de un plan de desfinanciamiento del ARS. Para ello, desde la Gobernación pusieron en marcha una campaña de desprestigio que comenzó el 7 de mayo con el nombramiento de Daniel Capdevila al frente del directorio. La primera determinación que tomó el actual presidente fue el despido de siete gerentes de carrera, a quienes hoy apunta en la denuncia.

Otro paso fue lo que la Gobernadora hizo decir ayer en el programa de televisión Periodismo Para Todos, conducido por Jorge Lanata. En el informe presentado el domingo por la noche aparecen declaraciones del diputado provincial de Cambiemos Guillermo Castello y el ministro de Desempleo bonaerense, Marcelo Villegas.

Este último justificó las drásticas determinaciones que Provincia pretende tomar sobre el Astillero en los costos que le genera al Estado el mantenimiento del histórico Astillero que emplea a unas tres mil personas. Villegas admitió, en el informe, que desde Gobernación no tienen ningún plan para poner en funcionamiento el ARS porque su prioridad está en “sanearlo”.

La denuncia y el informe televisivo salió tras el “ensenadazo” que realizaron los trabajadores del ARS el viernes 27, primero con una marcha del antorchas y, por último, con un acto frente el Polideportivo Municipal. “Las denuncias del gobierno contra el Astillero tienen como nefasto objetivo desfinanciarlo, perjudicarlo y seguir comprando buques en el exterior. Decidimos continuar luchando unidos, dispuestos a defender al ARS contra quien sea”, manifestaron los trabajadores.