Los dos gremios docentes más importantes de la provincia de Buenos Aires, Suteba y FEB, presentaron una demanda cautelar para "dejar sin efecto la Resolución 2397/17" en la que el gobierno de María Eugenia Vidal dispuso "el cese jubilatorio del personal docente que al 31 de diciembre de 2017, hubiera alcanzado los sesenta años y treinta años de servicio".

La Resolución fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 22 de marzo y llevó las firmas del Director General de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, y el Subsecretario Administrativo de la misma cartera, Ignacio Manuel Sanguinetti. En aquella ocasión, un dirigente de Suteba dijo a este medio que "esta es una política más de ajuste del gobierno".

Según los gremios demandantes, la medida "plantea el cese de oficio de un gran número de docentes de la provincia de Buenos Aires, afectando de este modo su derecho a trabajar y a jubilarse con los máximos beneficios, como establece el artículo 18 de nuestro Estatuto".

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), manifestó en un comunicado de prensa que el objetivo de la cautelar es impedir "el avance en acciones que perjudican a los docentes involucrados, en cuanto no les aseguran un proceso inmediato de jubilación, condenándolos a la percepción de la mitad de sus haberes y la pérdida de la Obra Social IOMA".

Es que desde el Frente de Unidad Docente aseguran que la Resolución "implica despido sin indemnización y jubilación sin haber máximo; cercenando los derechos con un anticipo jubilatorio, cuyo monto se determinará en un 60% del último sueldo, antigüedad y cifras remunerativas del último cargo desempeñado, sin aumentos, incentivo docente, ni aguinaldo".

Un dirigente de Suteba La Plata explicó a Política & Medios que estos ceses de oficio alcanzarían a tres mil docentes de la Provincia. Sin embargo, un asesor de la cartera dirigida por Sánchez Zinny desmintió a los gremios y dijo que "la resolución alcanza sólo a 1200 docentes, de los cuales 700 ya habían iniciado su jubilación".

La semana pasada se hizo eco de esta medida la Defensoría del Pueblo bonaerense y le solicitó a la Provincia que detalle "la cantidad de docentes cesanteados durante 2018 y si fueron debidamente notificados", ya que muchos docentes denunciaron no saber cuál es su situación actual.