El jueves sesionará la Legislatura bonaerense y se prevé que el oficialismo imponga sobre tablas el tratamiento de la reforma judicial que Vidal hizo llegar a ambas Cámaras la semana pasada.

El proyecto, que es sólo una parte de la reforma que se discutirá durante el año, consta de dos puntos: en primer lugar, la creación de una Comisión Permanente del Mapa Judicial; y, por otro lado, la modificación de la ley N°13.661, que determina el proceso de enjuiciamientos para magistrados y funcionarios. Este último punto es el más polémico.

La institucionalización de la comisión que trabaja sobre un Mapa Judicial está en consonancia con el trabajo que realizaron desde el Ministerio de Justicia provincial, con la asunción de Gustavo Ferrari al frente de la cartera. El 23 de febrero, el vice ministro, Adrían Grassi, contó en una entrevista a Política & Medios que, a partir de la conformación de esa Mesa, "relevamos departamento judicial por departamento judicial y los distintos fueros y logramos tener una base de datos muy precisa sobre el estado de la justicia en la provincia de Buenos Aires".

En este sentido, el fundamento del proyecto es que "la sociedad actual exige un alto grado de eficiencia y agilidad en el sistema judicial" y que "las estructuras judiciales requieren de una adaptación a la realidad económica, social y jurídica actual". Es así que pretenden que el Mapa Judicial sirva de insumo para un "sistema más eficiente".

Sin embargo, el aspecto que traerá las discusiones más encendidas durante el debate de la reforma es el que pretende modificar la normativa que rige para realizar procesos de enjuiciamiento a jueces y funcionarios provinciales. "La reforma tiene por finalidad redefinir ciertos artículos, en consonancia con las demandas sociales y con el debido respeto por las normas y postulados constitucionales" sostiene el proyecto.

En síntesis, lo que propone el texto enviado por Vidal a la Legislatura es que quien presida el proceso contra un magistrado (presidente de la Corte Suprema) deberá mantenerse al frente de la instrucción aunque deje de ser la máxima autoridad de la Corte, ya que es un cargo rotativo. Asimismo, los legisladores que formaron parte del jurado desde el inicio del proceso, y estén en cumplimiento de su mandato, también deberán seguir en la causa.

La polémica en torno a este punto gira en la especulación de que la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, Hilda Kogan, seguiría al frente de los procesos judiciales iniciados durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Kogan deberá rotar en el cargo el 15 de abril, por lo que la aprobación inmediata del proyecto beneficiaría a quien, desde la oposición, apuntan como una aliada de la Gobernación.

Esta tarde, legisladores de diferentes fuerzas se reunirán con funcionarios de la cartera de Justicia para escuchar los argumentos del gobierno, para luego sentar posición frente al proyecto.