Martes 13 de noviembre de 2018
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PROVINCIALES | 9.18.2018

Cómo y quiénes elegirán a los reemplazantes de los jueces que jubiló Vidal

La conformación del Consejo de la Magistratura no tiene una "mayoría automática" pero le permitiría al gobierno imponer acuerdos. Fortalezas y debilidades del oficialismo para nombras jueces. ¿Se decidirá la Gobernadora a mover el tablero judicial en 2018?

Ayer se dio a conocer en el boletín oficial de la Provincia la decisión de la gobernadora, María Eugenia Vidal, de aceptar la renuncia de nueve jueces con “fines jubilatorios”. Esto abre vacantes en puestos claves de la Justicia que deberán ser reemplazados, mientras se da una fuerte discusión judicial en territorio bonaerense.

El artículo 175 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires establece que los jueces “serán designados por el Poder Ejecutivo, de una terna vinculante propuesta por el Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado otorgado en sesión pública”. En el Senado, la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la senadora de CAMBIEMOS, Nidia Moirano, es la encargada de evaluar tales designaciones.

Vidal ha logrado imponerse en el Consejo durante los dos años de gestión, a pesar de algunas resistencias. La preminencia de miembros oficialistas le otorgará la posibilidad de ocupar puestos claves que dejaron vacíos los jueces jubilados en los últimos días.

El Consejo de la Magistratura está compuesto por representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y del Colegio de Abogados de la Provincia. Entre los miembros que representan al ejecutivo está Marcelo Julio Dileo. La particularidad de éste, es que también es senador -de CAMBIEMOS- y, por lo tanto, representa al ejecutivo en el Consejo al mismo tiempo que es parte del Poder Legislativo. Su designación en febrero de 2017 causó revuelo en los pasillos judiciales platenses por lo inédito de la decisión. Además de él, Adrián Patricio Grassi y Fernando Raúl López Villa llenan el cupo del ejecutivo en el Consejo.

En representación del Poder Legislativo, Walter Héctor Carusso (diputado) y Roberto Raúl Costa, senador y presidente del bloque oficialista, son los dos radicales oficialistas en el Consejo. Mientras que por la minoría están, Carlos Ramiro Gutíerrez (Frente Renovador) y Lucía Portos (FPV). El FR se ausentó de algunas discusiones dentro del organismo y, de esta forma, facilitó la mayoría del gobierno.

Los demás consejeros son miembros del Poder Judicial: el ministro de la Corte, Eduardo Néstor de Lazzari, ejerce la presidencia del Consejo; el juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías Departamental de Campana, Humberto Bottini; y el vicepresidente de la Cámara de Apelaciones del fuero penal de Mercedes, Humberto Valle. Mientras que por el Ministerio Público, el consejero es Marcelo Jorge García.

Por otra parte, la facción más permeable a los acuerdos con el oficialismo provincial dentro del Consejo es el Colegio de Abogados de la Provincia. Sus miembros son María Victoria Lorences, Marcos Darío Vilaplana, Sergio Gustavo Volante y José Luis Lassalle.

Después de numerosas renuncias, más vacantes que ya existían, han quedado agujeros muy grandes en la Justicia bonaerense. Fuentes judiciales señalaron a Política & Medios que Casación es lo que más desea controlar el gobierno de María Eugenia Vidal.

Sin embargo, la traba más grande para las nuevas designaciones está en que, desde Provincia, quieren mermar la actividad parlamentaria. Enviar pliegos de jueces al Senado implicaría que entren otros temas para discutir y el oficialismo pretende que “sea un año legislativo más tranquilo”, como les habría manifestado esta semana Vidal a sus senadores. Las últimas sesiones del 2017 fueron caóticas.

Otro factor que, hasta ahora, ha frenado la intención de Vidal de patear el tablero en la Justicia es que no deposita plena confianza en los operadores radicales del Consejo. Desde que Julio Marcelo Conte Grand pasó a la Procuración, se quedó sin su hombre de confianza en el organismo.

De todas formas, la discusión está abierta y si en Gobernación toman la decisión será un año importante en lo judicial. Los jueces estarían interesados en tapar los agujeros para que no se les acumule más trabajo. Resta saber que tan dispuesto está el gobierno a abrir el debate parlamentario.