Lunes 20 de agosto de 2018
Facebook Twitter Instagram RSS
PROVINCIALES | 2.18.2018

Un guiño para el negocio de las low cost: La justicia habilitó la base de El Palomar como aeropuerto comercial para Flybondi

La jueza federal de San Martín, Martina Forns, autorizó el pedido del Ministerio de Transporte de la Nación y la base de El Palomar estará habilitada para realizar vuelos aerocomerciales. Reclamo de vecinos por el impacto ambiental.

El gobierno nacional recibió una buena noticia del juzgado federal de San Martín, a cargo de Martina Forns, al obtener el permiso para utilizar la base militar de El Palomar como aeropuerto de operaciones comerciales para los vuelos low cost. La habilitación estaba pendiente por un amparo que vecinos de Hurlingham habían presentado debido al impacto ambiental que ocasionaría el servicio explotado por la empresa Flybondi.

Según la jueza, el informe ambiental fue presentado por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y por ello dispuso "el urgente levantamiento de la resolución cautelar, autorizando el comienzo de las actividades de aeronavegación en el aeropuerto de El Palomar".

Organizaciones de vecinos y de derechos humanos presentarán una apelación para que se suspenda el levantamiento de la cautelar aprobada el 26 de enero que ponía un freno a la realización de obras en la base. Sin embargo, el gobierno ya prevé realizar el vuelo inaugural que conectará Buenos Aires con Córdoba el 9 de enero.

El fallo sostiene que se podrán realizar hasta tres vuelos comerciales diarios (3 despegues y 3 aterrizajes) y que para superar esa cantidad de operaciones se deberá presentar un nuevo estudio de impacto ambiental. De esa forma, la jueza encomienda al Ministerio encabezado por Guillermo Dietrich a que realice un nuevo informe en el plazo de los próximos seis meses "sobre las consecuencias ambientales de la actividad aerocomercial que se desarrollará en el Aeropuerto de El Palomar".

Los vecinos apuntan contra la actuación de Martina Forns porque nos les permitió acceder al estudio de impacto ambiental y por no respetar el derecho de defensa en juicio.