Tras la detención del Secretario General de la UOCRA seccional La Plata, quien estaba en la mira del macrismo tras su apoyo explícito a Unidad Ciudadana y el ‘boicot’ a varios actos oficiales, el titular de la cartera laboral sostuvo que “La Argentina que queremos construir debe erradicar, sacarse de encima esas conductas extorsivas, mafiosas, que muchas veces limitan la posibilidad de crecimiento. Buscar la forma de resolver conflictos a través de la extorsión o la violencia no es la conducta que deben tener los dirigentes sindicales”.

El funcionario agregó que el gobierno realizó “a principios de año una serie de recomendaciones a los dirigentes gremiales para asegurar procesos de transparencia, que todas las elecciones internas cumplan con eso”. Lo que no dijo el Ministro fue que el objeto de extorsión para los sindicatos fue la caja de las obras sociales, que tras la marcha de agosto de la CGT el macrismo se la quitó, y con ella, el control autónomo de los aportes a la cobertura de salud.

Algunos sindicatos, tras esta jugada, comenzaron a mostrarse más dóciles y “dialoguistas”, con temor a que se profundicen medidas de este tipo. Sin embargo, otros optaron por el camino contrario, y fueron fuertemente castigados.

El caballito de batalla que utilizan, como si fueran tiempos dictatoriales, es la intervención de los sindicatos. Con eso amenazaron a los docentes en el inicio del ciclo lectivo tras la negociación paritaria y las huelgas. Lo concretaron con los canillitas (SIVENDIA) y la intervención por un mes de la secretaría general, con el argumento que Omar Plaini habría falsificado documentación en una elección del 2013.

Lo de los canillitas marcó un hito en la extorsión sindical, ya que operó el poder judicial en sintonía con el gobierno. La intervención la dispuso el Juez en lo Correccional y Criminal Martínez de Giorgi, cuando debería haber tomado competencia un Juzgado laboral. Finalmente, la cámara de apelaciones le devolvió la conducción del sindicato a Plaini tras un mes de intervención.

A esto se le suma la intervención del SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos), tras la detención del cuestionado “Caballo” Suárez, y quien ocupó su lugar fue la actual candidata de CAMBIEMOS a segunda senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Gladys Gonzalez. Lejos de mejorar la transparencia del gremio marítimo, la actual candidata está siendo investigada por administración fraudulenta de los fondos de los afiliados.

Con este panorama, lo del “Pata” Medina estaba casi anunciado. La fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, lo denunció por extorsión tras una disputa en un obrador de Pereyra por un problema de jurisdicción entre La Plata y Florencio Varela. El pasado martes, el Juez Federal Luis Antonio Armella, tras un gran operativo entre Gendarmería y la Policía Bonaerense, ordenó su detención, y fue capturado en su casa de la localidad de Punta Lara.

El viernes, la conducción nacional de los obreros de la construcción ordenó la intervención del UOCRA La Plata, y quien está ocupando el cargo de “Delegado Normalizador” es Carlos Vergara, férreo opositor a Medina y responsable de la UOCRA Rosario. El macrismo ve con buenos ojos la nueva administración, aunque aún resta esperar cómo lo recibirán los afiliados al sindicato de la construcción.