![Mientras la reversión de Ganancias traba las negociaciones con las provincias, Lousteau lidera el grupo de los díscolos](./uploads/noticias/425x240/2024/05/564c8dfc98a29cf3f9dbeb4aff572beeb7cc73c5.jpg)
A raíz del llamado de CTERA a problematizar la desaparición forzada de Santiago Maldonado en las aulas, se inició una campaña en las redes sociales a través del hashtag #ConMiHijoNo, en la cual los padres mandan comunicados a la escuela de sus hijos para pedir que no se les hable del tema por considerarlo “político”.
Sin embargo, esta tendencia no tiene asidero legal de acuerdo a las políticas educativas impulsadas desde el mismo ministerio. Hay dos errores de concepto al proponer una educación “laica y apolítica”. El primer argumento es recurrir a Sarmiento y a la Ley 1420, que dio origen al sistema educativo argentino. Ahí, el ex Presidente propuso que las escuelas nacionales sean “laicas, públicas y gratuitas”: nunca dijo apolíticas.
Y aun tomando al mismo Sarmiento, tampoco podría hablarse de apoliticidad. Él propuso el acceso masivo a la educación con fines claramente políticos. Por un lado, laica, ganándole terreno a la Iglesia Católica, que a principios del Siglo XX tenía el monopolio educativo en América Latina. Por otro, pública y gratuita, ambos con una misma intención: lograr un alcance masivo en pos de legitimar desde el estado la lucha contra la “barbarie” gaucha.
Los estados nación marcaron el sentido de la educación buscando formar ciudadanos que respondan al modelo de país que, políticamente, se estaba proponiendo. De allí que con el desarrollismo fue el auge de las escuelas técnicas, por ejemplo, porque se necesitaba mano de obra capacitada para trabajar en las fábricas que el estado estaba proponiendo crear desde su macroeconomía al impulsar la industria nacional.
En la década del ‘90, tras una breve ilusión en la primavera alfonsinista, se produjo el mayor desguace del sistema educativo en nuestro país. Primero, la descentralización de las escuelas a las provincias (y en algunos casos, hasta municipios), el desfinanciamiento y el recorte de las currículas frenó de golpe el desarrollo progresivo que tuvo la educación desde la 1420 para acá, en consonancia con el vaciamiento del estado y la desindustralización que se vivía. ¿Estudiar? ¿Para qué? El Ministerio de Educación de la Nación sólo "supervisaría" que las provincias cumplan con los Nucleos de Aprendizaje Prioritario (NAP).
Recién el 2006 se propuso una reforma superadora, a través de la Ley Nacional de Educación. Continuando con un sistema federal, se creó el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), que junto con la Universidad Pedagógica fueron la herramienta de capacitación permanente del cuerpo docente a través de instancias presenciales y virtuales. A la vez, vino de la mano de la Ley de Educación Sexual Integral, pese a que provincias como Salta, quien defiende la intromisión de la Iglesia Católica en las aulas, rechacen su completa implementación.
La Ley Nacional de Educación sancionada en 2006 es muy importante porque declara por primera vez la obligatoriedad de la educación secundaria, es decir, que no sólo las familias de los y las estudiantes tienen un compromiso ineludible con su educación, sino que el estado tiene que brindar las garantías para su acceso. Esto significa la construcción de más escuelas, de ampliar el plantel docente, y garantizar la inclusión y la llegada masiva a las aulas.
Además, cada reforma educativa trae modificaciones en los currículums, es decir, qué contenidos se priorizan y cómo se propone la implementación en las aulas. La desaparición forzada de Santiago Maldonado atraviesa varios puntos de los que proponen los programas escolares: pueblos originarios, derechos humanos, desaparición forzada de personas y acceso a la comunicación, por ejemplo.
No es casual que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comience a pensar una reforma que incluya la tercerización a través de clubes y empresas, que, con la excusa de la inserción en el mercado laboral, promueva la precarización en el trabajo y deslegitime el rol docente, ya no pensándolo como un intelectual al servicio del saber, sino como un mero técnico aplicador de políticas públicas.
La política es transversal a la educación. Cada contenido elegido para compartir con los estudiantes a través de las propuestas curriculares de los Ministerios de Educación provinciales son una visión estratégica del modelo de ciudadano al que aspiran. Por eso, es necesario pensar qué adultos estamos formando desde la escuela.
La visita del ex Ministro de Educación de la Nación y actual candidato a Senador Nacional por la provincia de Buenos Aires Esteban Bullrich a la escuela N° 14 de La Franja de Berisso junto al Intendente Jorge Nedela en plena campaña, bien puede pensarse como una acción de tipo político partidaria, no así hablar de Santiago Maldonado.
La desaparición forzada del joven veinticinqueño por parte de la G endarmería Nacional puede ser problematizado en las aulas cuando se trabajen contenidos ligados a los pueblos originarios, derechos civiles y hasta consecuencias de la última dictadura cívico militar en Argentina. La contextualización de esos temas ineludiblemente tiene un correlato con la coyuntura, por lo que su tratamiento se vuelve necesario.
Los padres que reclaman la a-politización de las aulas por la reflexión con los estudiantes sobre un nuevo desaparecido en democracia, tendrán que organizarse colectivamente entonces para modificar los diseños curriculares que propone el Ministerio, ya que sus hijos tampoco deberían tener entonces clases sobre el origen de la Unión Cívica Radical tras la Revolución del Parque ni sobre la Guerra de Malvinas, por ejemplo, porque también son contenidos políticos.
Los sistemas educativos son propuestas políticas acerca de los ciudadanos del futuro: a quiénes educamos y para qué, por lo que pensar la política por fuera de las aulas no sólo es contradictorio, sino que se vuelve imposible.