Martes 12 de noviembre de 2019
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POLITICA | 21.17.2017

El gobierno declaró la guerra contra los bancarios

Desde el Ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca, pidieron el juicio político a los camaristas Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, quienes ordenaron cumplir el acuerdo paritario de los bancarios. Los magistrados dictaron una medida cautelar para que los bancos paguen el aumento del 24,3% pese a que desde la cartera laboral no habían homologado el convenio.

El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, impulsó mediante los expedientes 14 y 15/17 un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura para los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino. Ellos estaban a cargo durante la feria judicial de la Cámara Laboral de turno, y dieron curso a una medida cautelar pedida por La Bancaria que reclamaba el cumplimiento del acuerdo paritario celebrado entre el sindicato y las entidades Adeba (bancos privados de capital nacional) y Abappra (públicos y cooperativos), que agrupan la mayor parte del personal y de la actividad financiera.

Desde la cartera conducida por Jorge Triaca no habían homologado el acuerdo por superar ampliamente el techo de paritarias del 18% que habían propuesto para todo el año, ya que desde el gremio que conduce Sergio Palazzo acordaron un 24,3% por tres meses, con reapertura de negociaciones. Tras el rechazo del Ministerio, La Bancaria había programado un paro de 72 horas los días 17, 20 y 21 de febrero, que fue levantado por la medida cautelar que decretaron los camaristas Marino y Arias Gibert.

En el reclamo que le realizan a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, las acusaciones que se destacan son "mal desempeño", "falta de idoneidad", "negligencia grave", "incumplimiento de la Constitución nacional" y "arbitrariedad y falta de imparcialidad". El argumento de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la cartera laboral, es que los funcionarios “se excedieron en sus atribuciones al involucrarse en un acto administrativo como es la homologación de los convenios colectivos de trabajo firmados entre un sindicato y la representación patronal”.

En declaraciones a Radio 10, Enrique Arias Gibert, uno de los acusados, esgrime que “No es republicano que un ministro me enjuicie porque no le gusta lo que opino”, y agregó que está obligado a "decir la Ley le guste a quien le guste" ya que de lo contrario, "desaparecería la división de poderes". Remarcó además que "los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias" y que sus fallos “están a favor del derecho”, defendiéndose de las acusaciones del gobierno.

Por su parte, también por Radio 10, Sergio Palazzo, titular de La Bancaria, manifestó su repudio a la decisión del Ministerio de Trabajo y su apoyo a los magistrados. Admitió no estar sorprendido por la determinación, pero manifestó que “estamos ante un hecho de suma gravedad, porque los jueces no firmaron un fallo, si no que sólo firmaron una cautelar para que nos paguen".

Palazzo afirmó que "El Gobierno está buscando autodestruirse, es un hecho de autoflagelación. Lo único que logran es ganarse el rechazo de la ciudadanía, que ya no come vidrio. La anulación de las paritarias no tiene otro motivo más que el de amedrentar la justicia". A través de un comunicado, agregó que estos hechos atentan a “la propia investidura de quien intentara tal represalia y denotaría disturbios de conducta incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

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