Luego que el Gobierno Nacional caracterizó como ñoquis a los trabajadores y trabajadoras del Estado, y de usar esa excusa para despedir en 4 meses, a más de 140.000 en todo el país, se filtró un documento dirigido a la Canciller argentina, Susana Malcorra, firmado por la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN), en el que le transmiten su preocupación sobre traslados diplomáticos que no cumplen con el recorrido legal.

A través de un comunicado interno redactado el pasado 5 de abril desde la Comisión Directiva de la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN), su presidente Eduardo Mallea y el secretario, Máximo Gowland, transmitieron a la canciller “una profunda preocupación por las resoluciones de traslado durante el mes de marzo que se han dispuesto exceptuando la aplicación de los mecanismos institucionales y habituales previstos a este fin”.

El comunicado continúa alegando que “el procedimiento de traslados se encuentra normado tanto por la ley 20957 del Servicio Exterior cuanto por su decreto reglamentario 1973/86. Esta última norma dispone con precisión (art. 54) el procedimiento que debe seguir la Cancillería, así como también la intervención que les compete a los distintos organismos del Ministerio. Asimismo, se encuentra vigente normativa específica en materia de rotación de destinos, la que no ha sido aplicada en la mayoría de los traslados dispuestos recientemente, bajo la vía de la suspensión puntual de su aplicación en cada resolución”.

Además, el APSEN cita que “en ciertos casos se argumenta que todo nuevo Embajador en una determinada sede puede configurar su equipo con funcionarios de su confianza. El APSEN considera que dicho argumento no se sostiene, en tanto la existencia misma de un Cuerpo Profesional Permanente, que ha acreditado condiciones de idoneidad tanto al egresar del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) cuanto en el cumplimiento de los requisitos marcados por la ley para los sucesivos ascensos, implica que en igualdad de condiciones cualquier funcionario diplomático puede integrarse exitosamente a un equipo de trabajo. No obstante, con el pretexto de la búsqueda de la eficiencia, a veces se ocultan inaceptables situaciones de favoritismo y/o ‘amiguismo’ ”.

A mismo tiempo dice que “en varios traslados ‘la rotación’, aunque se hable de ‘reasignar’ o ‘reforzar’ sedes, ocurre entre dos destinos categorizados como ‘A’, lo cual contradice lo dispuesto en la normativa vigente y genera situaciones marcadamente inequitativas. Por ejemplo, un funcionario que de un destino ‘A’ es enviado a otro de igual categoría, impide al colega que se encuentra esperando un traslado, ya sea desde otro puesto más desfavorable o desde el Ministerio, la oportunidad de servir en dicho destino ‘A’. Por otro lado, una rotación en plazos inferiores a los dispuestos por el marco legal produce disfunciones innecesarias en el Ministerio, entre otras las de tipo presupuestarias (…)”.

Finalmente expresa que “esta situación causa desaliento entre los funcionarios diplomáticos, cuando observan que, bajo la genérica alusión a consideraciones de oportunidad, mérito o conveniencia, se dejan de lado los procedimientos reglamentarios vigentes. Una primera sucesión dispuestos por una nueva administración debería esforzarse en respetar la institucionalidad y la transparencia. No resulta apropiado apartarse de la normativa en esta instancia aun cuando se lo justifique bajo excepciones formales basadas en ‘razones de servicio, necesidad o urgencia’. El recurso sistemático a esa figura legal termina desvirtuando su objeto y dando una importuna señal (…)”.

Para darle sustento al comunicado del APSEN, tres documentos de circulación pública (véase en Boletín Oficial), reflejan con total impunidad estos traslados avalados por la canciller Malcorra y el Presidente Mauricio Macri, en los que aparecen detallados los nombres de diplomáticos, el decreto, área de origen, título, palabras claves y documentos relacionados.

Cabe recordar que desde el 10 de diciembre a la fecha, son más de 100 los despedidos en la cartera de Susana Malcorra, quien es investigada por tapar casos de pederastia cometidos por cascos azules de la ONU, cuando era mano derecha del secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon.