Por Héctor Bernardo

La Cámara de Diputados de Brasil votó a favor del impeachment (juicio político) contra la presidenta, Dilma Rousseff. La votación terminó, 367 votos a favor, 137 en contra, 7 abstenciones y 2 ausencias.

La acusación carece de fundamentos legales, pero la combinación de varios factores han puesto en jaque al gobierno del Partido de los Trabajadores (PT). El poder económico concentrado movió sus piezas: los medios hegemónicos, sectores del poder Judicial, miembros del Parlamento y, por supuesto, la infaltable participación de la Embajada de Estados Unidos. Dos de los principales artifices del golpes son los líderes del partido que hasta hace poco era aliado al PT.

El Partido de los trabajadores (PT) llegó al gobierno en una alianza con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB); sin embargo, uno de los principales impulsores del impeachment contra mandataria, es el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, miembro del PMDB. Si Cunha logra concretar la destitución de Rousseff quien asumiría en lugar de la mandataria es el vicepresidente, Michel Temer, también del PMDB.

Otro de los aspectos clave de este golpe es que la acusación contra la actual presidenta brasileña no tiene sustento legal ni se trata de una denuncia de corrupción, sino una crítica a decisiones políticas.

Rosseff está acusada de ocultar el déficit fiscal. El jurista Miguel Reale Júnior, uno de los denunciantes, dijo que la presidenta de Brasil realizó maniobras fiscales que “destruyeron la economía del país” y que tomó medidas para ocultarlas. Ese tipo de cuestionamientos son valoraciones políticas, pero no representan un proceder ilegal por parte de la presidenta. Según señala el portal Acento.com, al ser criticado por su actitud golpista, Reale Junior aseguró: “El golpe fue enmascarar la situación fiscal del país hasta llegar al punto de quiebra en que se encuentra hoy”.

Por ese motivo, es que el secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), Ernesto Samper, difundió un comunicado, en el que se señaló: “En relación con la decisión de la Comisión de la Cámara de Diputados de Brasil, adoptada en el día de ayer, de avanzar en el proceso de destitución de la Presidenta Dilma Rousseff, (la UNASUR) considera que, sin existir hasta el momento una prueba que la incrimine de manera personal y directamente en la comisión de un delito, esta decisión, se convierte en un motivo que sería preocupación para la seguridad jurídica de Brasil y de la región”.

“La presidenta solo puede ser procesada y destituida – revocando el mandato popular que la eligió – por faltas criminales en las cuales se compruebe su participación dolosa y activa. Aceptar que un mandatario puede ser separado de su cargo por supuestas fallas en actos de carácter administrativo llevaría a la peligrosa criminalización del ejercicio del gobierno por razones de índole simplemente políticas”, concluye el comunicado.

En la misma línea, el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró: “No existe una acusación de carácter penal contra la Presidente, sino que se la acusa de mala gestión de las cuentas públicas en 2014. Esta es en todo caso una acusación de carácter político, que no amerita un proceso de destitución”.

En ese contexto, la ansiedad del actual vicepresidente por quedarse con el control total del Ejecutivo, quedó de manifiesto al revelarse una escucha en la que Temer practicaba el discurso que dará en su asunción, si consigue la destitución de Rosseff.