Por Héctor Bernardo

La arremetida del Poder Judicial y los grupos monopólicos de comunicación contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el líder del Partido de los Trabajadores (PT), el ex presidente Luis Inacio “Lula” Da Silva, necesita poner en juego a un tercer actor: El Congreso Nacional.

Para concretar el golpe institucional contra Dilma Rousseff, los sectores de poder necesitan que se concrete el impeachment (juicio político). En las últimas semanas hubo apuro en el Congreso brasileño para avanzar con el proceso contra la mandataria. Como muchos han señalado, este proceso puede ser legal pero no legítimo y lo que esconde es un intento de golpe contra una de la presidenta de una del país más poderoso de la región. Una jugada clave dentro de la estrategia regional del poder económico concentrado.

“No hay ningún crimen de responsabilidad que lo justifique y, por lo tanto, es un intento de golpe”, afirmó contundente el jefe del Gabinete de Dilma, Jaques Wagner.

Por su parte, la presidenta de Brasil aseguró: “Se puede describir a un golpe de Estado con muchos nombres, pero éste siempre será lo que es: la encarnación de la cultura de la ilegalidad, un atentado a la democracia, no importa si el arma del golpe es un fusil, la venganza o la voluntad de algunos de llegar rápido al poder”.

Todo lo actuado en Brasil en los últimos días tiene dos antecedentes cercanos que vale la pena traer a la memoria: los golpes de Estado contra el presidente de Honduras, Manuel Zelaya (en 2009), y contra el presidente de Paraguay, Fernando Lugo (en 2012). Parafraseando un filósofo español se puede asegurar que “los pueblos que no recuerden su pasado, están condenados a repetirlo”, y América Latina no puede repetir la peor parte de su historia.

Poco tiempo antes que se concrete el golpe de Estado en Honduras, el presidente, Manuel Zelaya afirmó: “Hoy en la mañana, la Corte de Justicia, interfiriendo en otro Poder del Estado, asociado con esos otros bárbaros que no representan a nadie en ese Congreso Nacional, declaran que los militares se pueden gobernar solos, que ya no dependen del presidente de la República. Están violando el Estado de derecho, están haciendo retroceder a Honduras en las conquistas de 30 años. La están haciendo retroceder a la época de las dictaduras, de los desaparecidos; a la época en que sacrificaban a los pobres simplemente porque tenían ideas socialistas; a la época de los que vendieron este país y lo alquilaron para que potencias extranjeras establecieran violaciones a nuestra soberanía”, y luego agregó: “Hago una llamado a las Fuerzas Armadas, no se presten a la ese juego de la oligarquía mediática y económica de Honduras”.

El 28 de junio de 2009, el presidente Zelaya fue sacado por la fuerza de su residencia por un grupo de militares que lo llevaron a la base norteamericana de Palmerola (en territorio hondureño). El presidente permaneció secuestrado durante varias horas y luego fue trasladado fuera del país. El Congreso hondureño destituyó formalmente a Zelaya y la Corte Suprema avaló la destitución. El golpe tuvo su marco legal.

En una entrevista que le realizaron un año después del golpe, en el programa Visión7 Internacional, Zelaya afirmó: “En Honduras está consolidada una oligarquía que es dueña de todos los medios de comunicación, de los medios de producción, de la banca, de todas las principales industrias del país, que está apoyada por las trasnacionales norteamericanas y por el gobierno de Estados Unidos”.

En otra parte de la entrevista, el ex presidente hondureño señaló: “Todas las decisiones que ha tomado el gobierno de facto y su sucedáneo actual, son a favor de las compañías trasnacionales. Le devolvieron los privilegios a las petroleras, los privilegios a los bancos, los privilegios que tenía el Comando Sur (norteamericano) en la base de Plamerola, que nosotros estábamos convirtiendo en un aeropuerto civil. El rompimiento con Chávez y con el socialismo y con el ALBA nos da a nosotros la conclusión que atrás del golpe estaban los intereses norteamericanos”.

El 22 de junio de 2012, luego de un juicio político que duró menos de 36 horas (record de tiempo en este tipo de procesos que suelen durar meses), el Congreso de Paraguay destituyó al presidente Fernando Lugo. El golpista Federico Franco (amigo personal del actual presidente argentino, Mauricio Macri), se apresuró por declarar su intención de establecer un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y manifestar la necesidad de que Washington reactive la base militar de Mariscal Estigarribia. Franco fue la punta de lanza con la que se comenzó a atacar la Unasur y al Mercosur.

El principal diario de Paraguay, el ABC, no dejó de atacar a Lugo ni por un instante. Durante el juicio político, varios legisladores de la oposición utilizaron como argumento para atacar al presidente los artículos publicados por el matutino paraguayo. Luego de la destitución el diario siguió con su ataque y criticó la actitud de los países que condenaron el golpe. La Corte Suprema de Paraguay reconoció rápidamente al nuevo gobierno.

Pocos días después del golpe, en un artículo publicado en la revista América XXI, titulado “Golpe yanqui en Paraguay”, el ex parlamentario y dirigente del Partido Liberal Radical, Domingo Laíno aseguró: “Pareciera que tanto Argentina como Brasil no se dieron cuenta de que la estrategia del imperio es tener como enclave a Paraguay, que le permite tirotear todo el proceso de integración regional y debilitar las dos economías más fuertes de América Latina. Lo que Washington no ha logrado con la medialuna boliviana, ni con Honduras, ni con la militarización de las bases en Colombia, ni con la desestabilización en Ecuador, ni con el golpe y sabotaje en Venezuela, lo está logrando a través de Paraguay. Porque Paraguay es un país pequeño, con ubicación estratégica, inmejorable en el Cono Sur, con una histórica debilidad del Estado y una oligarquía absolutamente medieval que en su afán de dominio sobre este territorio, incluso por encima de su codicia, le hacen el juego a las pretensiones del Norte”.

Al consultarle sobre el rol que el Poder Judicial tuvo en los golpes de Estado en Honduras y Paraguay, el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni, señaló: “Hubo una mayoría legitimante dentro de los Poderes Judiciales, sin duda. Aún peor había sido en Chile con la caída de Allende, recibieron a Pinochet con los brazos abiertos. Por cierto que el caso de Honduras fue diferente al de Paraguay, el primero fue más cercano a un golpe tradicional, el segundo un ‘golpe blando’ propio de esta época. En ninguno de estos casos el Poder Judicial se jugó por la opción popular y ni siquiera por la legalidad constitucional, siguiendo la vieja tradición regional”.

En referencia al rol que los medios han cumplido en estos golpes, en una entrevista publicada en Diario Contexto, titulada “En America Latina hay bases militares y bases mediáticas”, el filósofo de origen mexicano Fernando Buen Abad afirmó: “En lo que va del siglo XXI, tenemos ya cinco golpes de Estado en América Latina donde el ariete han sido las estructuras monopólicas mediáticas. Eso es una alerta a la que estamos llegando tarde”.

Los golpes de Estado en Honduras y Paraguay, como así también el actual intento de golpe contra Dilma, recibieron todo el apoyo explicito –y velado- de las Embajadas de Estados Unidos en esos países y el gobierno norteamericano se apresuró por reconocer como los nuevos representantes de esos países a quienes tomaron el poder ilegítimamente (como también lo hizo Washington en 2002 con Pedro Carmona Estanga, quien tomó el poder por 48 horas tras el golpe contra el presidente Hugo Chávez). Cabe recordar que durante los golpes contra Zelaya y Lugo, quien ocupaba el sillón de la Casa Blanca era el actual presidente Barack Obama.