Martes 26 de mayo de 2020
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DD.HH. | 21.15.2015

Bahía Blanca: Piden recursos a Lorenzetti para el juzgado federal que lleva adelante las causas por delitos de lesa humanidad

Organismos de Derechos Humanos enviaron una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, en la que le solicitaron “mayor cantidad de personal y medios adecuados” para el juzgado federal de Bahía Blanca, que tiene a su cargo múltiples causas por delitos cometidos en la última dictadura.

Fuentes judiciales indicaron esta mañana que los organismos afirmaron que "no solemos reclamar sin sentido como metodología, pero en este caso esperamos se tenga en cuenta nuestro pedido y así acompañar la gran labor actual del juzgado y nuestra búsqueda histórica de Justicia, desde la Memoria y la Verdad”.
En el texto, que suscriben Eduardo Hidalgo, por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y Alejandra Santucho, por la regional bahiense de H.I.J.O.S., denunciaron “la escandalosa gestión del secretario Ulpiano Martínez como juez subrogante y del secretario Mario Fernández Moreno en Derechos Humanos del juzgado”, quienes precedieron en el cargo al actual juez subrogante, Alejo Ramos Padilla.
Este último magistrado –cuya tarea destacan los firmantes- llamó a indagatoria al presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, a quien se declaró rebelde, fue suspendido y enviado a juicio político por el Consejo de la Magistratura por su presunta pertenencia a la Triple A y luego, como agente civil de inteligencia durante dictadura cívico militar.
La misiva hace referencia a “atraso, faltas de justicia, falta de cumplimiento con la tarea, manipulación de las causas, negación o desaparición de la información sobre causas e imputados, indagatorias sin realizar, retrasos generalizados de todo sentido, escritos por agregar, borrado de archivos y registros", entre otras anomalías.
También dan cuenta de "más de 60 imputados con indagatoria pendiente desde hace casi dos años, expedientes donde se investiga robo de niños, actuación de organismos para estatales con carácter previo al golpe de 1976, responsabilidad de funcionarios públicos, magistrados, empresarios y miembros de la Iglesia, muchos de ellos conocidos y de gran repercusión pública”.
Fuente: Télam