La Libertad Avanza (LLA) debió postergar su objetivo de emitir dictamen este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y pasó la definición a un cuarto intermedio hasta este miércoles al mediodía. Al abrir el debate en el salón Arturo Illia, el presidente de la comisión, el libertario Agustín Coto, reconoció que el oficialismo aún trabajaba sobre modificaciones en el borrador y anticipó que no se buscarían firmas durante esa jornada para continuar puliendo consensos con los bloques dialoguistas.
La decisión respondió a una asimetría clara en el poroteo que maneja la Casa Rosada. Mientras el oficialismo da por descontado que cuenta con los respaldos necesarios para aprobar la suspensión transitoria de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2027 —tras haber resignado la eliminación definitiva e incorporado un capítulo ampliado de Ficha Limpia—, la incorporación a último momento de un sistema excepcional de listas colectoras dentro de la Boleta Única de Papel generó resistencia tanto en sectores aliados como dentro del propio espacio gobernante.
El escenario de negociación hacia la reunión de este miércoles se define en tres puntos críticos:
El tablero de las firmas en duda: La Comisión de Asuntos Constitucionales tiene 19 miembros y requiere diez firmas para emitir despacho. LLA dispone de seis integrantes propios y necesita sumar al menos cuatro rúbricas entre los bloques dialoguistas y provinciales. Las miradas del equipo negociador encabezado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, apuntan a los radicales Eduardo Vischi, Flavio Fama y Rodolfo Suárez, junto a los representantes de Provincias Unidas Alejandra Vigo y Carlos Espínola, quienes mantienen reparos técnicos y políticos sobre el funcionamiento de las listas de adhesión.
El escollo de las colectoras y el ruido interno: El esquema diseñado para seducir a gobernadores aliados permite que dos listas legislativas distintas adhieran a una misma candidatura presidencial con autorización expresa. Sin embargo, además de dividir a los dialoguistas, la cláusula despertó cuestionamientos constitucionales sobre su aplicación en la categoría de senadores nacionales —incluso desde dirigentes cercanos a la jefa de bloque oficialista, Patricia Bullrich—, lo que obliga al Ejecutivo a evaluar una nueva redacción para no empantanar el trámite.
La ofensiva crítica del peronismo: Desde el bloque Justicialista, el senador Jorge Capitanich encabezó los cuestionamientos contra el proyecto reformulado. El peronismo denunció que el oficialismo intenta modificar las reglas de juego de manera unilateral y abrupta a pocos meses del año electoral, advirtiendo que la combinación de suspensión de primarias, listas colectoras y cambios en los requisitos de reconocimiento partidario altera la equidad de la competencia y perjudica la representación de las minorías.
En Balcarce 50 consideran indispensable cerrar el dictamen este miércoles para sostener el cronograma parlamentario: el Gobierno pretende llevar la reforma electoral al recinto del Senado el próximo jueves 26 de noviembre —un día después del informe de gestión de Santilli en la Cámara Alta— y asegurar su sanción definitiva antes del vencimiento del plazo legal del 31 de diciembre.