Desde la Casa Rosada salieron a filtrar apresuradamente un supuesto informe pericial de Gendarmería Nacional que cuestiona la autenticidad de los audios atribuidos al exdirector Diego Spagnuolo para exigir la nulidad del expediente. Sin embargo, en los tribunales de Comodoro Py salieron al cruce de la jugada mediática aclarando que el estudio técnico todavía no concluyó y que su resultado no alterará la marcha de la causa.

El peritaje a cargo de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses intenta determinar la integridad de los registros sonoros filtrados, en los que se mencionaba el cobro de retornos ilegales en la contratación de droguerías. Pese a que el informe preliminar difundido por operadores oficiales señala la presencia de cortes e inconsistencias acústicas, desde la fiscalía federal a cargo de Franco Picardi advirtieron que la imposibilidad de validar técnicamente las voces no equivale a declarar la falsedad de los hechos. Los investigadores sostienen que el intento gubernamental por clausurar la vía penal carece de sustento jurídico objetivo.

Fuentes judiciales del fuero federal confirmaron que los audios no constituyen el elemento de prueba central ni la columna vertebral sobre la que se construyó el procesamiento de los imputados. El expediente cuenta con un voluminoso compendio de prueba documental, entre la que se destacan registros de ingresos, cruzamiento de llamados, órdenes de pago exprés y testimonios directos que ratifican el entramado de negociaciones incompatibles en la agencia estatal. Por ese motivo, en los despachos del juzgado consideran que el peritaje resulta irrelevante para modificar la situación procesal de los involucrados.

La urgencia del Poder Ejecutivo por desacreditar el material sonoro responde al alto impacto político de las grabaciones, donde se aludía directamente a salpicaduras hacia la cúpula de la administración libertaria. La defensa técnica de Spagnuolo busca apoyarse en la ruptura de la cadena de custodia de las grabaciones para solicitar el cierre definitivo del caso por inexistencia de delito. Esta maniobra de presión pública busca restarle volumen a una investigación que ya cuenta con diecinueve procesados y la citación a indagatoria de importantes empresarios farmacéuticos.

El cortocircuito entre el discurso oficial y la realidad de Comodoro Py deja en evidencia la desesperación de Balcarce 50 por sofocar un frente penal que amenaza con escalar a niveles superiores. Los operadores del oficialismo intentan instalar la idea de una causa armada con audios editados mediante inteligencia artificial para limpiar la imagen de los exfuncionarios eyectados del Gabinete. Sin embargo, la estrategia de instalación mediática chocó contra la firmeza de la fiscalía, que ratificó que las diligencias probatorias sobre los patrimonios y contratos continuarán su curso normal.

El avance impertérrito de la causa ANDIS promete mantener bajo constante observación el vínculo entre el Gobierno y los magistrados del fuero federal durante los próximos meses. A medida que se completen las medidas de prueba pendientes sobre los circuitos financieros de las droguerías, la pretensión oficial de archivar la causa por un vicio de origen quedará sepultada. La Justicia federal se prepara para ratificar que la investigación continuará hasta las últimas consecuencias, independientemente de los peritajes de voz.